Un Jorge Sharp satisfecho y seguro celebró la resolución del Tribunal Electoral Regional (TER), que desechó todos los cargos que seis exconcejales formularon en su contra, acusándolo de abandono de deberes y faltas a la probidad. A la presentación inicial de 2020 se sumaron otros cinco concejales en 2021.

En sus declaraciones a la prensa usó repetidamente la muletilla de "los 30 años" afirmando que "este fallo es un triunfo de la gente que en Valparaíso se cansó de la corrupción, de las malas prácticas, se cansó del déficit".

La resolución es contundente, pues se desestimaron los 31 cargos, pero contiene una frase criptica al afirmar que "no procede la condena a costas, por existir motivos plausibles para litigar". Y el litigio no ha terminado, pues continuará en el Tribunal Calificador de Elecciones, instancia nacional. Llamó a insistir el diputado RN Andrés Celis, quien espera se revierta el fallo, pues "el gran perdedor es Valparaíso". En esa dirección, el exedil Iván Vuskovic afirmó que se apelará recordando el caso de Virginia Reginato, que en una segunda instancia fue sancionada por el tribunal superior.

Apuntando a los acusadores, Sharp sostuvo que "queremos decirles a ellos y ellas que no van a volver más a Valparaíso, y esperamos que no solamente a Valparaíso, sino que también no vuelvan más a todo Chile". Peligrosa seguridad y soberbia, pues la ruleta política da vueltas y vueltas y la bolita cae, caprichosa, en el número al que uno no apostó.

Antes del fallo, de cualquier modo, tajante, había nombres para reemplazar a Jorge Sharp, como las concejalas Zuliana Araya y Camila Nieto. Esta última expresó que la ciudad tiene temas que deben ser atendidos "en coordinación y diálogo con otras autoridades", aludiendo a la seguridad. Ello, dijo, "sin dejar de fiscalizar las actuaciones del alcalde". Insistiendo en ese punto de vista, agregó que "es necesario mejorar ciertos procesos de la municipalidad y la forma en que se hace política".

Desde la acera acusadora, el exconcejal Luis Soto, independiente y ex UDI, declarando su acatamiento del fallo, recordó que la ciudad "está pasando por momentos muy complejos producto de la delincuencia, incivilidades, cesantía y falta de inversión local". Realidad indiscutible y dramáticamente reafirmada con la desafiante advertencia fúnebre del martes pasado.

Fuera del ámbito jurídico, con viento favorable para Sharp, los números de la última encuesta Cadem lo condenan con un 53% de valoración negativa, contra un 32% de evaluación positiva. Estas cifras son un claro reflejo del estado de la ciudad, situación que no se refleja en un tribunal que actúa dentro de los márgenes jurídicos.

El nuevo paso de la acusación, sin embargo, debe ser, más allá de lo legal, un téngase presente para el alcalde y su equipo sobre la necesidad de mirar las urgencias de la ciudad antes que las consignas.

Incitatus, el famoso caballo de Calígula, a pesar del título conferido, nunca fue cónsul. Del mismo modo, las meras declaraciones jamás harán que un estado ilegítimo de cosas se transforme en derecho o similar. Por eso es que más allá de las palabras de distintas autoridades que hablan sobre la importancia de coordinarse y de no dejarse pautear por las bandas del crimen organizado, el Estado de derecho sigue pendiendo de un hilo en nuestro país y sobre eso no puede haber duda.

Que un narcofuneral realizado en Playa Ancha haya provocado que universidades y colegios del sector decidieran permanecer cerrados, o que se haya adelantado la salida de los estudiantes, lejos de ser una buena noticia -como afirmara el propio ministro de Educación-, significa que nos hallamos viviendo una de las peores crisis de orden público que se recuerde, con una marcada incapacidad del Estado para hacerse cargo de garantizarlo.

La imposibilidad de predecir mínimamente la conducta en nuestra ciudad, al punto de no saber si mañana será posible llevar a un hijo a la escuela o si se podrá llegar indemne al lugar de trabajo, significa que lejos de las formas de un verdadero orden institucional, hoy se está imponiendo la violencia y la arbitrariedad, sin que existan las condiciones mínimas para el ejercicio de nuestras libertades.

Y si hablamos sobre qué medidas tomar al respecto, éstas -cualquiera- no van a generar ningún cambio mientras no salgan del plano de los anuncios o de lo puramente formal. Al contrario, aseguran la subsistencia de aquellos individuos que hoy aprovechan el clima de impunidad existente, el temor de la población, la crisis en el funcionamiento de las instituciones vinculadas con el tema y el grave problema cultural de una sociedad que ha validado la violencia y la autotutela en las relaciones sociales.

En tales condiciones, cualquier reforma que se haga arriesga llegar a ser sólo demagógica si no va acompañada de acciones de nuestras autoridades y representantes en todos los niveles, que logren sacudir la conciencia de la población promoviendo coordinada y consistentemente la legitimación de las fuerzas de orden y seguridad, la proscripción de la violencia en las relaciones sociales y la disminución de las resistencias culturales de ciertos sectores a la hora de implementar sanciones con la dureza que cada conducta específica requiera.