"Los sostenedores suspendieron las clases sin consultar a la Seremi"
A fin de evitar que se repita lo que calificó como decisión apresurada por parte de los sostenedores de colegios que este martes suspendieron clases debido al funeral narco en Playa Ancha, la seremi de Educación, Romina Maragaño, se reunirá el martes con los representantes de colegios públicos, subvencionados y particulares pagados de Valparaíso, pues recordó que en otras zonas, como Quintero y Puchuncaví, esas decisiones se toman luego de llamar a las autoridades pertinentes y consultarles, lo que en este caso no ocurrió.
- ¿Qué le parecen las críticas que recibió de los diputados PS?
- Echo de menos, en la crítica que realizan los parlamentarios, el conocimiento que deben tener en torno a cómo funciona el sistema educativo y cómo es la toma de decisiones cuando se activa un protocolo de emergencia en específico. Entiendo que puede ser una crítica constructiva para mejorar, pero creo que también hace falta un fundamento para poder realizarla.
- El diputado Venegas dice que usted cometió "un error grave al suspender las clases". ¿Esa fue una medida que usted ordenó?
- No, la medida de suspensión de clases la tomaron los sostenedores de los tres establecimientos que suspendieron clases de forma total y, posteriormente, los siete que modificaron su horario de salida. Es una es una decisión que la toman a partir de activación del protocolo del Plan Integral de Seguridad Escolar, en la que la última medida debe ser la suspensión de clases. Queremos reforzar también que para tomar esa decisión, sea cual sea el caso de emergencia, se necesita información fehaciente que tiene que ser proporcionada por las autoridades pertinentes, para que se lleve a cabo la medida de suspensión, y ahí vemos que eso, particularmente la decisión que toman los sostenedores, que fue apresurada, no se llevó a cabo.
- ¿Faltó mayor coordinación entre usted y la delegada presidencial regional?
- El trabajo que tenemos con la Delegación Presidencial es un trabajo permanente, de diálogo continuo, de hecho, el mismo día martes cuando estaba desarrollándose la situación, tomamos contacto de inmediato con la Delegación Presidencial para poder levantar todos los antecedentes y que la delegada también tenga todos los datos a la vista en cuanto a cuáles eran las escuelas que efectivamente habían tenido la suspensión, cuáles eran las que habían flexibilizado jornada y ella tuviese todos los datos a la vista para poder tomar cualquier decisión. Y ese trabajo que estamos realizando con la delegada presidencial, que viene desde que asumimos nuestros cargos, es identificar ciertos contextos que pueden tener mayor grado de riesgo y, a partir de ello, articular a la distinta institucionalidad pública en torno a la seguridad para que los establecimientos educacionales también sean un foco de resguardo, por la importancia comunitaria que tienen las escuelas.
- ¿Qué lecciones sacan de lo ocurrido en este caso, en que el ministro de Educación respaldó la medida suspender clases y, después, la ministra del Interior cuestionó esa decisión?
- Lo que señala el ministro es comprender y empatizar la decisión que toman los directivos en cuanto a lo que es la suspensión, entendiendo que el foco central para tomar una decisión así es el resguardo, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto, y para eso también es que estamos hoy día trabajando el Ministerio de Educación completo, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención de Delito, el Ministerio del Interior, en diseñar una propuesta, diseñar redes y orientaciones de apoyo para los establecimientos educacionales, que pongan en el centro el trabajo y el cuidado de las comunidades educativas, entregar orientaciones claras a los establecimientos educacionales en torno a planes de acción para este tipo de hechos.
- ¿En qué consiste en esas orientaciones, esos planes de acción?
- Las orientaciones que fueron entregadas a los establecimientos educacionales tienen tres ejes centrales: el primero es la lectura del contexto que tienen que realizar los establecimientos educacionales identificando factores de riesgo, por ejemplo, en esta región tenemos distintos factores de riesgo, tenemos riesgos o emergencias medioambientales, tenemos algunos territorios que tienen riesgos más sociales. El segundo es diseñar planes también al interior de los establecimientos que den garantías a las comunidades educativas en torno a la prevención, que las escuelas se entiendan como espacios seguros de contención, de protección y de promoción de derechos. Un tercer elemento tiene que ver con el actuar en situaciones de riesgo, y ahí hay protocolos que se activan de manera rápida y que se articulan también con los distintos actores territoriales y comunitarios y la institucionalidad que es pertinente para abordar las temáticas de seguridad o las temáticas medioambientales. Y una tercera línea en torno a elementos de contención y apoyo frente a eventos críticos y de riesgo, a la comunidad educativa, y ahí también hay una red que se activa, que va por un lado con el apoyo que entregan las Direcciones Provinciales de Educación, una red que tiene que ver con la vinculación con los equipos de salud y la contención de salud mental, y también tiene que ver con el monitoreo de los resultados y la evaluación que se tiene que hacer de los mismos protocolos que se activan.
- Teniendo en cuenta que este tipo de funerales van a seguir ocurriendo, ¿se contemplan medidas específicas para estos casos, sobre todo en Paya Ancha, donde hay dos cementerios y varios colegios y universidades?
- Los protocolos están, ahora estamos trabajando en la actualización a partir de las orientaciones, esos protocolos tienen que estar vigentes al interior de los establecimientos, allí va a haber un marco de acción, que todos los establecimientos, sean de cualquier lado del territorio, lo tienen que tener claro. Y también vamos a ser mucho más claros y explícitos en torno a la articulación que hay entre los equipos directivos, los sostenedores y las autoridades pertinentes, sea Seremi de Educación, sea Delegación Presidencial, para entregar la información oportuna para el actuar en este tipo de situaciones, ya que, por ejemplo, en el caso de Playa Ancha en particular, no hubo un hecho concreto que haya puesto en riesgo la situación de las escuelas, y eso también se basa en que hubo un protocolo que se activó, más allá de que lo hayan hecho con la información pertinente y la información fehaciente, que creemos que eso fue lo que lo que faltó para la toma de decisiones de los sostenedores, pues suspendieron clases sin consultar a la Seremi de Educación o a la Delegación Presidencial en torno al despliegue de seguridad que allá existía.
"Echo de menos en la crítica que realizan los parlamentarios el conocimiento que deben tener en torno a cómo funciona el sistema educativo y cómo es la toma de decisiones cuando se activa un protocolo de emergencia en específico".
"Para tomar esa decisión, sea cual sea el caso de emergencia, se necesita información fehaciente que tiene que ser proporcionada por las autoridades pertinentes, para que se tome la medida de suspensión"