Sebastián Mejías O.

Un grupo de parlamentarios de RN, liderados por los diputados locales Andrés Celis y Andrés Longton, presentaron un proyecto para modificar la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y de esa forma "institucionalizar y reconocer" los operativos que inició el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, para derribar casas vinculadas a narcotraficantes y, de paso, evitar posibles sanciones por irregularidades en la entrega de información desde la Fiscalía a autoridades comunales.

Lo central que buscan los legisladores con esta iniciativa es que "los alcaldes puedan instruir la demolición de obras o edificaciones que sean un peligro para la seguridad comunal por cometerse en ellas conductas vinculadas al tráfico de drogas", las que podrán ejecutarse sobre edificaciones emplazadas en bienes inmuebles que han sido previamente incautados o decomisados y una vez que el Consejo Comunal de Seguridad Pública lo califique como un peligro para la seguridad.

Legitimando, además, la entrega de información desde la Fiscalía a los alcaldes y para evitar posibles irregularidades, la propuesta de RN establece que el "Ministerio Público deberá informar mensualmente a los ediles del territorio sobre los inmuebles afectos a tales medidas".

Marco legislativo

El proyecto se justificó con el argumento que la demolición de narcocasas "se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común y agotar todas las instancias que el Estado de derecho provee para aquello".

A juicio del diputado Andrés Celis, "es de suma urgencia sumar un marco legislativo que respalde el accionar de alcaldes en la lucha contra el narcotráfico, consagrando una atribución expresa para que, por motivos de seguridad, puedan demoler casas conocidas como 'caletas'". Hasta pidió "que los jefes comunales de la región actúen con todo el rigor que la ley les consagra y le planten cara al flagelo de las drogas y la inseguridad que afecta a sus territorios, incluso arriesgando ser acusados por notable abandono de deberes, de no cumplir con los mandatos legales".

Por su parte, el diputado Andrés Longton destacó que lo fundamental del proyecto es "que la medida para sacar a los narcotraficantes de los barrios sea más expedita, sea más fluido y que el Ministerio Público no esté en riesgo de ser sumariado si colabora con las municipalidades".

Core apoya medida

Uno que está de acuerdo con estas intervenciones de parte de los alcaldes es el core Manuel Murillo (PPD), quien advierte que los parlamentarios tienen el "deber de generar obligaciones a todas las autoridades para enfrentar la delincuencia y, de paso, obligar a las policías a que no abandonen las poblaciones de día y de noche".

Contó cómo hay poblaciones que "funcionan hasta que se va el sol y de ahí las personas se encierran en sus casas, mientras las plazas y espacios deportivos quedan abandonados por sus comunidades y entregados a los narcotraficantes".

Postura crítica

En el oficialismo local, se mostraron críticos de esta iniciativa de RN. El diputado Luis cuello (PC) cree "que la demolición de "casas vinculadas al narcotráfico es una medida efectista, sobre todo si no va acompañada de una propuesta integral para perseguir eficazmente el narcotráfico".

El camino va por otro lado, plantea, como "fortalecer las capacidades de inteligencia, identificar los patrimonios de los narcos y, además, mejorar los controles aduaneros".

Un llamado a la responsabilidad con este tema realizó la parlamentaria de Comunes por el Distrito 7, Camila Rojas, quien espera "que no nos gane el titular fácil". "El alcalde Carter la rompió esta semana en los matinales, pero no hay ningún narco más en la cárcel y esa es la realidad", recordó.

Proyecta que "los narcos, frente a esto, se moverán a otras casas y, probablemente, se preocuparán de que esas casas estén regularizadas".

"Es un chiste todo y un pésimo chiste", lamentó.

A Tomás de Rementería, diputado PS, le parece que esta propuesta "no es la solución y que es más bien un voladero de luces populista". Pidió a los diputados de RN trabajar "en una mejor legislación contra el crimen organizado y combatir el lavado de activos de narcotraficantes".

"populismo penal"

El core del partido del Presidente Boric, Convergencia Social, Sebastián Farfán, si bien se mostró de "acuerdo en que hay que combatir con todo al narco", indicó que es "importante conseguir un acuerdo más allá del tema de las narcocasas donde, más allá de la señal, no hay resultados de fondo con esta medida".

Llamó en ese sentido "a la derecha a ser responsable y no sumarse a medidas efectistas, pero no efectivas". Para este core, es más relevante que demoler casas de narcotraficantes "fortalecer el equipamiento y la tecnología de las policías. Perseguir la ruta del dinero de los narcos e investigaciones son cosas más relevantes".

En tanto, Alejandro Aguilera, concejal de Viña del Mar y también militante de CS, inscribió "la propuesta de los diputados de RN dentro del populismo penal". Anticipa "que entregarle esta medida a los alcaldes sin el acompañamiento de herramientas jurídicas ni de recursos, sólo pone en riesgo a los funcionarios municipales que deberán ejecutar esas acciones acompañados por la fuerza pública".

"Llamo a los alcaldes de la región a actuar con todo el rigor que la ley les consagra, incluso arriesgando ser acusados por notable abandono".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"El proyecto busca que la medida del alcalde Carter para sacar a los narcotraficantes de los barrios sea más expedita".

Andrés Longton, Diputado (RN)

"El alcalde Carter la rompió esta semana en los matinales, pero no hay ningún narco más en la cárcel".

Camila Rojas, Diputada (Comunes)

"Demoler casas es una medida efectista, sobre todo si no va acompañada de una propuesta integral para perseguir el narcotráfico".

Luis Cuello, Diputado (PC)

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