Mientras la clase política condenaba y anunciaba la aceleración de medidas para abordar la crisis de seguridad, cuya última expresión ha sido el asesinato de una meritoria sargento de Carabineros, la calle, la gente, también se manifestaba. Manifestaciones emotivas, velatones, justificadas recriminaciones de familiares en El Belloto, Quilpué, Santiago y Concepción, demostraban dolor por el asesinato de Rita Olivares y también exigían, de una vez por todas, poner fuerza y voluntad en la lucha por la seguridad, en este momento la madre de todas las batallas.

Junto al dolor de los manifestantes también se condenaba la sistemática campaña contra Carabineros realizada en los últimos tiempos, campaña que ha buscado desacreditar y debilitar a la institución y también ha llamado a la eliminación física de los efectivos policiales. Los resultados están a la vista: insultos, consignas, falsas imputaciones y ataques a cuarteles, vehículos y al personal.

Significativo es el Twitter, uno de tantos, del urbanista Iván Poduje, director de Atisba, quien tras el brutal crimen de El Belloto afirmó que "la sargento Rita Olivares no podrá ser velada en la Iglesia de Carabineros porque la Primera Línea la quemó. También atacaron el memorial de los Mártires de Carabineros. Lo rayaron, lo apedrearon y le tiraron bombas incendiarias. En plena Alameda". Se alude a los actos vandálico de octubre de 2019, un antecedente de la licitud que aparece en las posteriores agresiones a la policía uniformada.

Muchos de los que hoy condenan tienen alguna cuota de responsabilidad en la complacencia o en la incitación de acciones que nos llevan a la situación que afecta no sólo a Carabineros, sino que a la seguridad de la sociedad en su conjunto. Hay presiones para la acción desde de la calle, con ese cortejo emocionado que ayer recorrió distintas arterias, y desde el interior de la clase política, que no ha estado a la altura de la realidad, en particular grupos del oficialismo.

Haciéndose eco de la presión de los hechos, los senadores de la oposición, UDI, RN, Evópoli y Republicanos, enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric pidiendo urgencia para 20 proyectos sobre seguridad que esperan años, semanas y meses y no logran discusión inmediata. Uno de ellos refiere, precisamente, a atentados contra policías y otro establece protección al personal policial. Es facultad del Ejecutivo disponer esa urgencia. ¿Por qué no se ha dispuesto?

Ha llegado el momento de avanzar. Hay luces rojas de alerta por todos lados y la única consigna válida es ganar ahora la batalla por la seguridad, partiendo por dar seguridad, medios, facultades y protección a quienes están en la primera línea de combate. Los efectivos de Carabineros e Investigaciones en primera línea, y tras ellos la calle, la gente, que los apoya y demanda acciones consistentes en seguridad, bien básico en el Estado de derecho.

Que nuestro país está sumido en el caos es algo demasiado evidente como para cuestionarlo. Tiempos de desastre donde todas las contenciones han saltado -o las han hecho saltar- y la violencia campea en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, al punto de semejar algo parecido al apocalipsis. Violencia delictual que ha cobrado la vida de dos carabineros en este mes de marzo. Violencia escolar que incluye práctica de torturas entre compañeros y expresiones de violencia de los jóvenes hacia la sociedad y hacia los profesores, e incluso desde los propios padres hacia los profesores. Violencia en las calles que pone en grave riesgo bienes jurídicos como la seguridad, la integridad y la salud de las personas. Y como si esto fuera poco, un discurso de legitimación retrospectiva de la violencia que se niega a aceptar la gravedad de los hechos ocurridos durante estos últimos años.

De hecho, el propio proceso constituyente, que fue concebido como una salida institucional a una escalada de violencia, estuvo rodeado por una actitud intimidante de sectores que funaron en redes sociales a los que anunciaban su voto de rechazo en el plebiscito de salida y por descalificaciones e insultos a la inteligencia de esos mismos votantes tras el contundente triunfo del rechazo.

Por supuesto que las causas de la violencia en nuestro país son variadas y complejas. El avance de la cultura narco sumado a la crisis educativa y las altas tasas de deserción escolar son un factor relevante en ello. Asimismo, hay estudios que muestran que la brusca caída de la natalidad está provocando que la vida se despliegue ya no en una secuencia intergeneracional, sino que, al contrario, en un horizonte de tiempo intrageneracional, lo que a su vez se conecta con la producción de una sociedad cada vez más impaciente, propensa a la violencia y egocéntrica. Y no cabe duda que las redes sociales, por un lado, y la crianza paranoica de los niños que busca reducir al mínimo la ocurrencia de todo percance o accidente a los hijos, por otro, son también factores que han provocado consecuencias perniciosas, dado que la poca interacción presencial, sumada a la ausencia de libertad y riesgo en nombre de la seguridad, debilita a los niños, los vuelve dependientes e incrementa a la larga el miedo y la ira ante cualquier controversia.

Pero volviendo al plano más contingente, no cabe duda que la responsabilidad inmediata de una generación política que instaló toda una narrativa revestida de heroicidad profiriendo una serie de argumentos exculpatorios de la conducta barbárica que tuvo lugar en octubre de 2019 (cuyas consecuencias persisten hasta hoy), es insoslayable, al punto que las resistencias culturales de diversos grupos frente a los llamados al orden público que se realizan actualmente son en gran medida el resultado de aquello.

Por ahora, la lucha contra la delincuencia que anuncia el Gobierno tiene poco de creíble, pero mucho más de excusa para tratar de sostener su propio liderazgo vacilante, contradictorio e ineficiente. Habrá que esperar qué más se nos viene en un país cada vez más cerca de quedar sin patas ni cabeza.