Nada de desapercibida pasó la entrevista publicada ayer al Inefable Boris Kúleba, suerte de Bonvallet porteño que ha realizado una tremenda labor fiscalizadora auscultando las sesiones del Concejo Municipal de Valparaíso.

Al respecto, el mismo Kúleba deslizó un dato que a muchos se nos había pasado: dijo el diseñador que la municipalidad le mantenía al exfuncionario municipal y exfutbolista Joel "Huevo" Soto el comodato por las canchas de futsal ubicadas en Libertad con Guillermo Plumer en Miramar, Playa Ancha, pese a que fue condenado hace dos semanas a 12 años de cárcel como líder y financista de un clan familiar dedicado al narcotráfico, con kilos de pasta base, marihuana, ketamina, dinero, armas y municiones en su poder.

"Cerrái el club o lo abrís vos cuando venís, pero el club no lo quiero más abierto de día porque todos los hueones trafican ahí, ya no puedo soltar ni los perros" (sic), decía el exfutbolista de Wanderers en una de las escuchas de la PDI dadas a conocer en exclusiva en un reportaje de Jordan Jopia y Juan Pablo Barahona en TVN, y en supuesta -pero casi lógica- referencia a las canchas aludidas.

En rigor, Soto fue invitado a participar del Departamento de Deportes de la Municipalidad por el propio alcalde Jorge Sharp, registrando ingresos brutos mensuales por más de 1,3 millones de pesos entre julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, según el portal municipal. En el primer semestre de este último año, cuando aún era funcionario, comenzó a ser investigado por la PDI tras una balacera en el cerro Toro.

"Todo el mundo y todos los vecinos sabían que él traficaba drogas", relató en el citado reportaje de TVN la subprefecta Alejandra Cuevas Brigada de Antinarcóticos.

En junio de ese año comenzó el seguimiento de la policía civil a "Huevo" Soto, agregaba el fiscal adjunto, José Miguel Subiabre, hallando una asociación familiar para delinquir, integrada por su hermana Elizabeth Soto Torres, la "tía Lila", que las hacía de administradora; su hijo, Lafken Soto Pizarro; su sobrino, Nazareno Reyes; y la pareja de este último, Javiera Espejo.

El modus operandi era básico, pero efectivo.

"Javi, ayúdame a hacer unos pollitos. Me quedan dos tutitos", le decía la "tía Lila" a la polola de su sobrino y allí partía la segunda a repartir la droga en clave avícola.

"Huevo" Soto, en tanto, también salía del cascarón y, según las pericias de la PDI a su WhatsApp, subía videos de la droga que traía de Santiago para ofrecerla y luego venderla en el sector La Campana, del propio cerro Toro.

En los allanamientos de comienzos de este mes, se encontraron en su domicilio y en el de sus hijos una escopeta con encargo por robo, dos revólveres, dos pistolas, otra escopeta y mucha munición, aparte de más de 4 kilos de cocaína, pasta base, tusi y marihuana. La PDI consiguió dar con el registro de la llegada de la droga y los comprobantes de ingreso de dinero.

Cuento corto, "Huevo" Soto fue condenado a 7 años de presidio mayor en grado mínimo por tráfico ilícito de drogas y a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones.

Su sobrino, en tanto, recibió 10 años y un día; la pareja de éste y la hermana de Joel, 5 años y un día. Los hijos del excrack caturro están prófugos.

Con todo, la única referencia que ha existido en relación al "Huevo" Soto por parte del Honorable Concejo Municipal fue la peregrina solicitud de información por parte del edil Dante Iturrieta en la primera sesión ordinaria del año 2022, para obtener antecedentes de "este tan bullado caso sobre el personal municipal o que fue personal municipal, Joel Soto, que tuvo un tema de droga, y hay ahí un tema dando vueltas y que deberíamos tratarlo con más transparencia".

Es decir, "Huevo" Soto estuvo cargo del deporte comunal, interactuó con familias y niños sin supervisión alguna durante más de cuatro años, en parte de los cuales superponía sus funciones municipales con su rol de narcotraficante y matón. Según las fechas, Soto vendía drogas y amenazaba gente mientras era funcionario pagado por la Casa Consistorial.

Ahora, el municipio avisa que revisará el comodato de las canchas del "Huevo" Soto, más porque El Mercurio les preguntó ayer que por una sagaz fiscalización de, como los llama Kúleba, sus inexistentes concejales, incluido el que vive en Alemania.

Pregunta ingenua: ¿no es investigable saber si el narco penetró más allá del "Huevo" en la Municipalidad? ¿Acaso el alcalde o los honorables ediles porteños no tienen nada que decir al respecto? ¿Ah?

El Concejo Municipal

y "el empleado del mes"

Hace pocos días el gobierno boliviano planteó que no tiene obligación alguna con Chile de aceptar de vuelta en su territorio a los extranjeros no bolivianos que ingresan de manera ilegal a nuestro país por pasos no habilitados, por cuanto la reconducción no sería una institución propia del derecho internacional, sino una medida legislativa interna de Chile. Además, el Presidente de Bolivia aprovechó la coyuntura para "invitar" a nuestras autoridades a discutir una agenda de siete puntos, entre los cuales está -era que no- la negociación de una salida soberana al mar para los altiplánicos.

Lo anterior significa que, pese al despliegue de las Fuerzas Armadas en la extensa frontera norte con Bolivia para controlar la migración irregular y defender nuestra soberanía, el envío de las tropas en la práctica tiene un mínimo efecto disuasivo, pues los migrantes siguen ingresando de manera ilegal a Chile. Lo único que ha cambiado es que ahora están empadronados, suponiendo que la documentación es fidedigna.

En la Unión Europea, tratándose de países que no colaboran con las políticas comunitarias de inmigración, suelen adoptarse dos tipos de medidas diplomáticas: a) la negociación con el país extracomunitario para alcanzar acuerdos; y b) la aplicación de sanciones, en orden progresivo, desde la más simple hasta la más gravosa. A vía ejemplar, el 2020 la UE acordó restringir el otorgamiento de visas respecto de los nacionales de países no colaboradores.

Es probable que la negociación con Bolivia (y con Venezuela) no llegue a buen puerto, por lo que el gobierno chileno debiera pensar no sólo en sanciones contra países no colaboradores, sino también en negociar con países amigos el envío de migrantes reconducidos y/o expulsados de Chile; así como incentivar el retorno voluntario de migrantes irregulares a sus países de origen como lo hace Panamá con los cubanos, ofreciéndoles $1.600 dólares para iniciar un negocio privado y una visa de entrada múltiple a tramitarse en el Consulado de ese país en La Habana.

Además, Chile debiera llevar la crisis migratoria a sedes internacionales, por ejemplo, al "Proceso de Quito" creado el 2018 a instancias de Ecuador, a fin de diseñar una estrategia regional para atender la diáspora venezolana.

También deben avanzar los proyectos de ley que tipifican la migración irregular como delito y que hacen más expeditos los procesos de expulsión administrativa, además de una reforma a la Ley de Refugiados que respete el principio de no devolución establecido en la Convención de Ginebra de 1951.

Por último, es imperativo que el Estado amplíe la extensión de la zanja construida en el segundo gobierno de Bachelet en Colchane, incluyendo a la Región de Antofagasta, y que se incorporen nuevas tecnologías de vigilancia y control de nuestras fronteras, a fin de prevenir, erradicar y sancionar el crimen organizado fronterizo.