La seguridad que le exigimos al Estado
El crimen de la sargento segundo Rita Olivares puso al tema de la seguridad pública a un nivel inédito de priorización en la agenda pública nacional. En cada carabinero muerto o vecino afectado por el crimen queda la evidencia de un Estado que fracasa en otorgar seguridad y certeza.
Una multitudinaria despedida tuvo ayer la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, abatida la madrugada del domingo durante un procedimiento policial iniciado por una denuncia de vecinos sobre una banda armada en las inmediaciones de la calle Ramón Ángel Jara. Tres de los integrantes de dicho grupo delictual serán formalizados hoy por su participación en los disparos que hirieron y luego dieron muerte a la mártir de la institución, madre de dos hijos, querida en su barrio y conocida por su compromiso con Carabineros y la misma comunidad, que llegó hasta la Iglesia Asamblea de Dios, de Villa Alemana, para expresar su cariño y apoyo.
Como un reconocimiento a su acción heroica de vocación, compromiso y entrega, el general director Ricardo Yáñez decretó el ascenso póstumo de Rita Olivares al grado de suboficial mayor y anunció el cambio de nombre de la Tenencia El Belloto a Tenencia Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, como recuerdo y testimonio permanente de su sacrificio.
Mientras eso ocurría en Villa Alemana, en el Congreso, en Valparaíso, los diputados avanzaban en la agenda de seguridad que acordaron para dar respuesta a las peticiones de la población. El abanico alcanza 15 proyectos de ley sobre los que hay consenso para sacar adelante en su tramitación legislativa. En conjunto, todos ellos apuntan a elevar penalidades en delitos graves y en aumento, como los secuestros, o entregan más atribuciones a las policías y el Ministerio Público para indagar bandas criminales.
El apoyo masivo a Carabineros en las exequias de la sargento segundo Olivares, la prioridad legislativa de los proyectos sobre seguridad, el interés del Presidente en acompañar a los funcionarios policiales en sus operativos, el debate abierto por el diputado Lagomarsino sobre un estado de excepción en la Región, las propuestas con mirada sectorial que comienzan a surgir desde los gremios industriales para abordar los problemas con la delincuencia, incluso la participación pública en este tema de los candidatos al Consejo Constitucional, son todos sanos signos de que la población tiene baja tolerancia a la proliferación de los delitos violentos y las bandas criminales. Quizás no todas las medidas llegarán a materializarse y es probable que haya oportunismo en muchos de los personeros que participan del debate, pero es importante valorar la priorización que hacen del tema tanto el Gobierno como la oposición. Existe una preocupación genuina en la población por su seguridad. Los vecinos de esta Región y el país ven cada día cómo los dispositivos policiales se ven superados por un fenómeno delictual cada vez más extendido y violento, y en cada carabinero muerto o vecino afectado por el crimen queda la evidencia de un Estado que fracasa en otorgar seguridad y certeza, las dos consideraciones básicas sobre las que cada sociedad construye cualquier futuro posible.