Sebastián Mejías O.

Recordándole a la alcaldesa Ripamonti que la última gran paralización de la salud municipal se detuvo con el compromiso de que la operación de leaseback se resolverá antes de que termine el primer semestre de este 2023 y que los más de $17 mil millones deben ir, íntegramente, al saneamiento financiero de la Corporación, los funcionarios reaccionaron al visto bueno que dio la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a la millonaria operación crediticia iniciada por la Municipalidad de Viña del mar.

Al menos esas son las expectativas del dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Atención Primaria de la Salud de Viña del Mar (AFAP), Fernando Kursan, quien cree que "el leaseback debe resolver a plenitud el déficit de la Corporación Municipal de Viña del Mar, que haciende a los $21 mil millones, incluidas las responsabilidades previsionales impagas y las demás deudas que se tiene con los trabajadores".

Para el dirigente, "la municipalidad no puede cometer el grave error de priorizar, con los recursos obtenidos por el leaseback, otros elementos y no aquellas demandas que nos llevaron a más de 42 días de movilización". Si la última paralización se detuvo, recordó, fue porque "los trabajadores estamos muy expectantes de esta operación financiera".

Kursan anticipó que "si no se da cumplimiento a todo lo conversado, la situación se pondría aún más compleja". "No me quiero adelantar, pero podría darse una lógica de movilización, en el caso de que no se concretara la respuesta que todos estamos esperando", advirtió el dirigente.

Óscar Ortiz, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal de Viña del Mar (Confusam), también cree que este crédito de más de $17 mil millones -por el que el municipio dejará en prenda las dependencias municipales ubicadas en 5 Oriente N° 719, 736, 819 y 890, y en 11 Norte N° 899- responde "a la paralización de los trabajadores de la salud, que exigían el pago de la deuda histórica de cotizaciones".

Promesa municipal

Ortiz precisó que fue en el peak de la movilización que "el municipio nos planteó esta posibilidad de endeudamiento, en forma de leaseback, para pagar la deuda histórica de $21 mil millones de la Corporación con sus trabajadores".

Si bien reconoce que "este instrumento de salvataje no es el ideal", el dirigente sabe "que se trata de un endeudamiento sano para el municipio que, espera, se concrete este primer semestre". Confía en que "de concretarse este crédito, se nos pague íntegramente la deuda previsional y de proveedores, para garantizar el normal funcionamiento de la salud municipal".

"Ningún peso que se obtenga de este leaseback debe quedar en el municipio, todo debe ir íntegramente a la Corporación", subrayó.

No resuelve el problema

A diferencia de las altas expectativas que tienen la alcaldesa y los dirigentes, el concejal René Lues (DC) indicó que "el leaseback no resolverá de ninguna manera el problema estructural deficitario que tiene la Corporación". Al contrario, lamentó que "sólo cambiará de lado la deuda, garantizando y avalando su pago con bienes inmuebles municipales".

"Al mes siguiente del pago del leaseback", pronosticó, "la Corporación seguirá acumulando deudas y déficit, así que, claramente, es pan para hoy, hambre para mañana".

Otro miedo de Lues tiene que ver con la probabilidad de que no haya bancos interesados en esta operación financiera. "Estamos sometiendo a nuestros funcionarios y funcionarias a resolverles sus urgentes exigencias de pago de sus imposiciones y descuentos, a través de un instrumento financiero de muy incierta aprobación y sin un plan B para continuar después", sentenció.

"no es lógico"

Jorge Martínez, edil de la UDI, dijo que "cuando una entidad ya está endeudada, no es lógico asumir un crédito tan alto y con intereses que podrían llegar a los $7 mil millones". Y aunque reconoce "la necesidad de pagar todas las deudas de los trabajadores", es tajante al señalar que "la fórmula que se elija para ello debe ser responsable, como fue la que propusimos en su momento y que el municipio no quiso escuchar".

Para Martínez, "la única forma de sanear un municipio totalmente endeudado es reduciendo gastos, por ejemplo, en personal".

"La municipalidad no puede cometer el grave error de no priorizar aquellas demandas que nos llevaron a 42 días de movilización".

Fernando Kursan, Dirigente de AFAP Viña

"Ningún peso que se obtenga de este leaseback debe quedar en el municipio, todo debe ir a la Corporación".

Óscar Ortiz, Presidente Confusam Viña

"Al mes siguiente del pago del leaseback la Corporación seguirá acumulando deudas y déficit".

René Lues, Concejal (DC)

En el Juzgado de Garantía de Quilpué se efectuó ayer la audiencia de control de detención y formalización de Cristián Alejandro Rodríguez Figueroa, el séptimo y último implicado en el crimen de la carabinera Rita Olivares, quien fue detenido en Quillota este jueves. La jueza Paula Millon decidió dejarlo en prisión preventiva y, al igual que los seis formalizados previamente, el plazo de investigación lo fijó en cinco meses.

Rodríguez, apodado "Mono", tenía la función de conducir el vehículo en que se desplazaba la banda delictual que el domingo pasado efectuó un robo con violencia e intimidación en una vivienda de Quilpué, operativo al cual acudió la malograda funcionaria policial. Ayer se le formalizó como autor de los delitos consumados de asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, homicidio consumado de carabinera en el ejercicio de sus funciones, homicidio frustrado de funcionarios policiales y porte de arma de fuego.

Baleado en su pierna

En el marco del tiroteo en el que se vio envuelto con los policías ese día, recibió una bala en su pierna izquierda, siendo el único de los imputados que resultó lesionado, herida por la que no acudió a ningún recinto asistencial para evitar ser descubierto, lo cual finalmente no consiguió.

La magistrada Paula Millon Lorens ordenó el ingreso de Rodríguez Figueroa al Centro Penitenciario de Valparaíso por considerar de la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y fuga.

Según el ente persecutor, la asociación ilícita que conformarían los imputados comenzó a gestarse después del 23 julio de 2021, fecha en la cual los hermanos Fuenzalida Leiva y Matías Peralta se fugaron del Centro Penitenciario de Valparaíso. Una vez evadidos, junto a Acevedo Tauda y Martínez-Conde Riesco, se organizaron y asignaron funciones para cometer delitos en contra de la propiedad, específicamente para ingresar a domicilios para sustraer especies de valor, tales como, joyas, relojes y dinero en efectivo.

Tras la audiencia, la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, destacó sobre el imputado que "su participación es muy relevante porque como se pudo ver en el video, al momento que los demás imputados tratan de huir, él es quien tiene el manejo en el vehículo y cuando la radiopatrulla donde iba a la suboficial mayor trata de interceptarlos para que no huyan, para frustrar este robo, él avanza, luego retrocede y se ve en la imagen que desde ese vehículo, en definitiva, se comienza a disparar. Él tenía una participación vital, como el tribunal también lo advirtió, y era proporcionar esta huida".

"Él avanza, luego retrocede y se ve en la imagen que desde ese vehículo, en definitiva, se comienza a disparar".

Mónica Arancibia, Fiscal jefe de Quilpué