Extraña semana, por decir lo menos, resultó la que hoy acaba para la Municipalidad de Valparaíso, solo ayer tan exultante y soberbia después de esa suerte de triunfo político que fue la desestimación por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) de los cargos y subcargos de la acusación por notable abandono de deberes en contra del alcalde Jorge Sharp interpuesta por un grupo de exconcejales, quienes este jueves llevaron su apelación al temido Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Hoy, sin embargo, y más allá de cualquier bemol judicial, es relevante entender la gravedad de hechos como el denunciado por el vecino Boris Kúleba en las páginas de este Diario sobre la mantención de un comodato de canchas de fútbol en Playa Ancha más de un año después de la detención por narcotráfico del exfutbolista y también exasesor de Deportes del municipio, Joel Soto, sin que nadie en la Casa Consistorial levantara una alerta o alguno de los diez concejales se ocupara de lo suyo, que no es otra cosa que fiscalizar los actos del alcalde Sharp y su equipo, más aún en estos tiempos en los cuales el narco ha conseguido permear no solo las poblaciones, sino también todos los estamentos de nuestra amenazada sociedad porteña.

Llama la atención el propio Kúleba que el Concejo tampoco haya sido capaz de alertar por otros hechos tan deleznables como la prisión preventiva de un segundo empleado de calle Condell, esta vez por tráfico de armas, quien en tanto funcionario municipal está acusado de vender material bélico -como explosivos C-4, detonadores y granadas, entre otros- robados por un primo desde el Batallón Miller de la Armada en el Fuerte Aguayo.

El argumento municipal es que Soto no era narco antes de la pandemia y que era imposible prever que el segundo personaje se entusiasmaría con instalar un retail de las armas. Pero ya acostumbrada a que la actual administración actúe de forma irresponsable, con Sharp convertido en paria (en La Moneda no lo pueden ver, de hecho ni siquiera estuvo en el lanzamiento de los diálogos ciudadanos por el nuevo sistema de transporte público al cual fueron todos los alcaldes de la zona) y con su eterna claque diciéndole sólo lo que le gusta y poniéndole épica barata a su gestión, a la ciudadanía solo le queda el Concejo Municipal, el que lamentablemente no ha estado a la altura al abocarse a cualquier cosa menos a la fiscalización de hechos tan graves como los referidos. Los funcionarios porteños hoy tienen miedo. Es cosa de hablar en privado con ellos. Cualquier cosa que digan y pueden perder sus trabajos.

Uno de los ediles se fue a vivir a Europa -con el beneplácito de Sharp- y los 9 restantes ni siquiera se dieron cuenta de que tuvieron a un narco y a un detenido por tráfico de armas trabajando junto a ellos. Vaya uno a saber qué más viene.

La suspensión de actividades escolares y universitarias por motivos externos relacionados con seguridad, ha sido tema de discusión en las últimas semanas. Coincidimos con quienes sostienen que situaciones ajenas a las instituciones de educación no deben afectar ni, mucho menos, tener cierto poder sobre las decisiones y el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Sin embargo, quienes estamos a la cabeza de estas instituciones, como autoridades, tenemos una responsabilidad ineludible. Son centenares las familias que depositan su confianza en las universidades a las que ingresan sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos, en busca del sueño del título profesional que les va a permitir acceder al campo laboral en la especialidad escogida y aportar a la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa, solidaria, respetuosa, lo que es una tarea diaria e incesante.

Con esas familias y con nuestros y nuestras estudiantes tenemos un compromiso.

En la Universidad de Playa Ancha vimos con emoción, este verano, cómo un padre se trasladó desde Chiloé acompañando a su hijo para matricularse en nuestra institución, porque quería hacerlo de manera presencial, aunque podía realizarlo en línea. En la ciudad donde viven no hay buena conexión de internet, explicó, pero además quería hacerlo personalmente, por la importancia que este hecho tiene para su familia. Se trasladó muchos kilómetros para confiarnos su tesoro. Como él, como ellos, son muchos y muchas quienes llegan portando una mochila cargada de sueños, expectativas, aspiraciones e ideales. A ellos y ellas nos debemos.

Determinar el cierre anticipado de las actividades universitarias en un día en que se detectan riesgos para la comunidad no es algo que nos parezca natural, pero es un deber de la autoridad, para resguardar, hasta donde sea posible, la seguridad de sus estudiantes, trabajadoras y trabajadores, y en el caso de la Universidad de Playa Ancha, de los pequeños y pequeñas que asisten al jardín infantil que funciona en la Casa Central.

En conjunto con autoridades educacionales y de instituciones a cargo de la seguridad interior, estamos haciendo esfuerzos por avanzar en medidas que nos permitan que las áreas donde se emplazan los establecimientos de educación sean espacios seguros. Mientras lo hacemos, también tomamos y tomaremos las decisiones que corresponda frente a situaciones emergentes, de manera informada y responsable, que considere la seguridad de las personas como una prioridad.

Lo hacemos por nuestra comunidad y por los territorios en que estamos insertos, ya que es con vecinos y vecinas, con organizaciones de la comunidad toda, que queremos avanzar. A esa responsabilidad no vamos a renunciar.

El año 2008, Chile ratificó ante Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya han transcurrido quince años en que los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de la ciudadanía autista han sido vulnerados de manera sistemática y con desidia, provocando profundos daños tanto a personas autistas como a sus familias y cuidadores. Más de una década en que la ratificación de tan importante Convención ha sido letra muerta. Esto, sin contar las décadas pasadas que suman a varias generaciones invisibilizadas tras innumerables barreras de exclusión.

Hace exactamente un mes se promulgó la Ley de Autismo, que expresa el resultado de un trabajo articulado desde la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), la Mesa Interregional de Autismo, MILA y tantas otras agrupaciones de diversas regiones de Chile que visibilizaron hace años a esta comunidad olvidada. Esta ley asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos autistas, eliminando cualquier forma de discriminación.

El respeto cabal de todo el catálogo de derechos es un acto civilizatorio que un Estado garante de derechos debe impulsar para fortalecer la democracia. En ese sentido, como sociedad, desde lo público y lo privado, estamos ante un inédito escenario de certeza jurídica que nos brinda una oportunidad para un nuevo pacto social, en que la empatía y el respeto de nuestras diferencias sean la base de la convivencia democrática, que nos permita entrar a una etapa de construcción de planes y programas que empiecen a irradiar positivamente en la ciudadanía autista y neurodivergente durante todo su ciclo vital.

A partir de lo que consagra la Ley de Autismo, se requiere con urgencia elaborar reglamentos y políticas públicas que permitan concretar lo estipulado en todo su articulado..

Asimismo, esperamos poder iniciar un camino de participación ciudadana, donde la voz autista tenga un espacio incidente y vinculante que permita, a su vez, avanzar en mejoras a la actual ley, para seguir construyendo una ruta de respeto y garantía de derechos que concreten lo que se necesita resolver en la vida diaria: que realmente se incorporen ajustes positivos en el sistema educacional para la integración plena; que el derecho a la salud sea garantizado con adecuadas coberturas y que su acceso no esté supeditado a la capacidad de pago; que el derecho al trabajo se cumpla, ya sea con modalidades de empleo con apoyo o con los ajustes necesarios en cada caso; que el derecho a una vejez autista digna sea una realidad y que no existan más casos de personas mayores recluidas en recintos hospitalarios; que no se discrimine a personas neurodivergentes y/o que no se les menoscabe cuando exhiban su credencial de discapacidad.