Según las intervenciones previas, el Senado tenía anoche los votos para aprobar en general, tras más de siete horas, el proyecto de ley Nain-Retamal que busca aumentar las penas para quienes cometan crímenes contra personal de las policías y, además, instaurar la legítima defensa privilegiada para carabineros y detectives. Al cierre de esta edición aún estaba suspendida la sesión previo a la votación y luego se iniciaría la discusión del articulado en particular, que generaba más diferencias entre los legisladores.

En un debate que demoró su inicio a causa de la búsqueda de acuerdos entre legisladores y en el que no hubo ministros presentes en la Sala, pues negociaban en los pasillos del Congreso, la mayoría anunció su respaldo al texto visado por la Cámara de Diputados, al que la Comisión de Seguridad del Senado añadió indicaciones cuestionadas por el oficialismo -en total fueron 120-.

Con Chile Vamos y el Partido Republicano alineados por completo en favor de la iniciativa, sólo bastaba sumar algunos votos para que se aprobara, como los de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Pedro Araya (Ind.-PPD).

Durante la discusión, el senador Francisco Chahuán (RN) afirmó que "nadie está pidiendo impunidad, sino que la policía tenga tranquilidad para cumplir con su labor", mientras que la senadora Fabiola Campillai (Ind.) dijo que "esta ley 'gatillo fácil' dice que puede haber impunidad" y pidió al Gobierno vetarla si se aprobaba.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) anunció que haría reserva de constitucionalidad respecto de algunos artículos.

¿Veto o TC?

En medio de la discusión, el Presidente Boric hizo "un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad", y en la tarde compartió una carta firmada por 17 abogados penalistas que expresaban su "profunda preocupación" por el rumbo de este debate en el Congreso.

Mientras, importantes interlocutores del Gobierno con el Congreso se referían a la posibilidad de que se vetara la ley en caso de ser aprobada tal como llegó al Senado o incluso que se recurriera al Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó en radio Cooperativa que "la Comisión de Seguridad incorporó dos normas que son una verdadera regresión en la legislación chilena. La primera que exime de responsabilidad penal al mando, que además contraviene abiertamente las normas de la Corte Penal Internacional que forman parte del derecho interno, y lo segundo que hizo la Comisión es que acotó el delito de apremios ilegítimos".

"El Gobierno no tiene como primera estrategia ir al Tribunal Constitucional, no tiene como estrategia el veto; el Gobierno tiene como estrategia sostener la racionalidad de las reglas presentadas y, en segundo lugar, si no es así, presentar su proyecto de reglas del uso de la fuerza, que además estaba comprometido con el Congreso", afirmó el secretario de Estado.

Suele oírse de parte de las autoridades, cada vez que hay delitos de alta connotación, el anuncio de que se interpondrán querellas contra todos quienes resulten responsables. Pero luego de eso nada ocurre, nada pronto al menos, hasta el siguiente delito y la reiteración de la frase.

Hoy esa conducta ha retornado, pero en una versión más elaborada. Ya no se trata de interponer querellas, sino de presentar proyectos de ley como si ellos, de ser aprobados, incrementaran la seguridad.

Se le podría llamar el fetichismo de la ley.

Por supuesto, es necesario dictar leyes y está muy bien que se proceda a ello, pero está el peligro de que el anuncio de proyectos de ley adquiera una función sustitutiva de otras responsabilidades, distintas a la de los legisladores, o encubra factores de más largo plazo, cuestiones subyacentes al debate legal, que si no se atienden seguirán alimentando lo que hoy ocurre.

¿Cuáles serían esos factores? ¿Cuáles esas otras responsabilidades?

Ante todo, hay una cuestión de anomia. Es cosa de mirar lo que ocurre en las calles, en los liceos, en las escuelas. En el Chile de hoy día hay un fuerte desprestigio de las normas. Las sociedades no se sostienen en la fuerza, sino en un entramado invisible de costumbres y de reglas de conducta. Ese entramado es una especie de consenso mudo, silencioso. Y lo que ha ocurrido en Chile es que ese consenso se rompió o se debilitó. Fue sustituido por una moralización de la vida social. De pronto el anhelo de justicia comenzó a justificar el abandono de las reglas. El ejemplo más obvio de eso fue el salto de los torniquetes: si el precio se considera injusto, ¿por qué entonces pagarlo? El delito se potencia, se fortalece con el desprestigio de las reglas. Hay que repetirlo una y mil veces: las virtudes grandes se aprenden y sostienen en el ejercicio de las pequeñas.

Hay también, y esto es otra dimensión de lo anterior, un deterioro de la autoridad, cualquiera ella sea, profesor, policía, ministro, presidente. Hay autoridad allí donde existe obediencia sin coacción ni persuasión. Esto ha desaparecido en amplios espacios de la sociedad chilena. Hoy o se coacciona o se convence, pero nadie o casi nadie obedece espontáneamente. Y aunque suene extraño, sin obediencia espontánea no hay autoridad. Un padre (valga el ejemplo) no es tal si para conducir a sus hijos pequeños debe siempre o castigarlos o convencerlos. Pero así ocurre hoy. La gente espera ser obligada por la fuerza a cumplir o persuadida de hacerlo, pero nadie está dispuesto a ello naturalmente.

Se suma a lo anterior una cierta desconexión entre legitimidad y eficacia en la persecución del delito. Cunde la idea que habrá más eficacia si se aflojan las reglas que hacen legítima la persecución. Se trata de un error. El rasgo básico del Estado de derecho es que para desatar la coacción estatal hay que cumplir reglas. De otra manera el Estado es victimario y el delincuente víctima. Esa desconexión que, como producto de la desesperación que se vive en muchos sectores, se está produciendo, es extremadamente peligrosa.

Y está en fin la inmigración. Los fenómenos migratorios son en el largo plazo beneficiosos, pero al regularlos hay que tener en cuenta que ellos también significan una migración de la cultura en todos los aspectos de la vida, incluida la cultura criminal o los diversos niveles de cultura cívica.

En cada uno de esos ámbitos se experimentan problemas: en lo que respecta a las reglas, hay anomia; no hay la obediencia espontánea sobre que descansa la autoridad; falta eficacia en la persecución del crimen y ello aconseja la solución fácil de disminuir los estándares; y no hay control razonable de la migración. Nada de eso se curará con proyectos de ley.

¿Significa lo anterior que hay que abstenerse de dictar nuevas reglas?

Por supuesto que no, pero lo anterior enseña que este no es un problema sólo de políticos o gobernantes. Hay otros factores que son resultado de procesos más amplios que involucran a la estructura familiar, las instituciones educativas, los medios de comunicación. Todos esos factores (todo hay que decirlo) tienen algo en común que en las últimas décadas se había olvidado: que no basta estimular la autonomía individual para que la sociedad sea mejor o haya más libertad. La sociedad funciona cuando los individuos tienen alguna razón para sublimar y contener lo que, de otra forma, es simplemente un yo soberano que se pretende la única medida de sí mismo.

Y la suma de ellos -se sabe desde siempre- no hace una sociedad.