Cristián Rojas Molina

Manifestaciones a favor y en contra hubo ayer en el frontis del Congreso, ante la discusión del proyecto de ley Nain-Retamal en la Sala del Senado, que hasta el cierre de esta edición seguía en votación.

Primero llegaron simpatizantes de Carabineros, entre ellos Evelyn Decurgez, la viuda del sargento Carlos Retamal, quien recalcó que "como sociedad hay que ser empáticos en ponerse en el lugar de la familia, de la esposa, de los hijos de Carabineros asesinados, sobre todo este último tiempo que ha sido tan cruel".

Consultada sobre su visión frente a los reparos que plantean los opositores a la ley, dado el comportamiento de muchos carabineros durante el estallido social, planteó que "si nos colocamos a volver al pasado, creo que como sociedad nunca vamos a avanzar, hoy el contexto es distinto. Entonces, si vamos a juntar siempre las peras con las manzanas, creo que como ciudadanos nunca vamos a poder llegar a un acuerdo de una convivencia".

Junto a ellos estuvo el diputado republicano Luis Sánchez, quien comentó que "lo importante es hacer un diagnóstico respecto de todas esas herramientas y esa protección que hoy día le falta a Carabineros, que están en la calle haciendo la pega, no estoy hablando de los generales ni de los altos mandos, estoy hablando del cabo que está en la calle, estoy hablando del sargento que está en la calle, así como la sargento Rita Olivares que fue asesinada, es a ellos a quienes tenemos que proteger, garantizarle que van a poder desempeñar su misión de buena forma, con el respaldo de todo el Estado detrás de ellos, y también con normas claras para el uso de la fuerza".

Universitarios se oponen

En la vereda contraria, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCV, Giulia Barattini, vocera de la Confech, sostuvo que "si bien comprendemos la necesidad de regular el problema de seguridad, de tomar medidas concretas, creemos que este proyecto en particular no resuelve el problema de fondo, creemos que es una medida muy populista, por lo cual estamos en contra. La legítima defensa privilegiada es uno de los aspectos que consideramos más graves".

Recordó que "las fuerzas policiales han actuado con fuerza desmedida, por lo tanto, creemos que darles más atribuciones es darles más impunidad a las policías, no es una medida que vaya en la línea de otorgar mayor seguridad a la ciudadanía".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Estudiantes de la UV, Lucas Ortega, planteó que el proyecto de ley "responde en parte a algunas de las problemáticas de seguridad, pero con estas atribuciones extras de legítima defensa e impunidad, realmente no nos queda ninguna garantía de que el día de mañana nosotros podamos manifestarnos con total tranquilidad, porque el proyecto es muy ambiguo y eso es sumamente peligroso".

Junto a ellos estuvo el diputado comunista Luis Cuello, quien recordó que "la legítima defensa respecto de los policías ya está regulada en el Código Justicia Militar, pero la verdad es que esta norma establece unas presunciones que abren una puerta de riesgo y ha sido advertido por numerosos abogados penalistas, por la academia, y lamentablemente ha sido debatida sin ninguna reflexión y con muy poco tiempo, de forma muy exprés".

El legislador advirtió que como bancada, "en el caso que esto siga su curso, estamos evaluando ir al Tribunal Constitucional y, eventualmente, también recurrir algún organismo internacional".

"Como sociedad hay que ser empáticos en ponerse en el lugar de la familia, de la esposa, de los hijos de carabineros asesinados".

Evelyn Decurgez, Viuda del sargento Carlos Retamal

"Han actuado con fuerza desmedida, por lo tanto, creemos que darles más atribuciones es darles más impunidad".

Giulia Barattini, Pdta. FEPUCV y vocera Confech

El 31 de marzo pasado, la Corte Suprema, en última instancia, acogió un recurso de amparo interpuesto por el abogado de John Macarewich Cobin y con ello dejó sin efecto la sanción del alcaide del centro penitenciario de Casablanca, con fecha de 24 de enero de 2023, quien habría determinado el castigo de "privación total de visitas por diez días" por ofender a una funcionaria.

Esto no fue considerado por el abogado defensor de Macarewich Cobin, quien cuestionó la resolución y presentó un recurso de amparo por estimar que la sanción "excedía de los márgenes de la acción cautelar" dispuestos en la Constitución Política de Chile, lo que fue considerado por el máximo tribunal.

En el fallo se establece que el ciudadano estadounidense, que primero fue sentenciado a 12 años de prisión por disparar a manifestantes en el marco del estallido social, en Reñaca, y luego fue modificada su condena a seis años y un día por la Corte Suprema, habría ofendido a una funcionaria diciendo que solicitaba el reemplazo de la misma, a quien cuestionó profesionalmente.

Sin embargo, para el máximo tribunal el testimonio de la funcionaria se estimó que "carecen de la entidad necesaria para ser considerados como una agresión, amenaza o coacción en su contra, toda vez que los mismos se corresponden más bien con críticas al desempeño profesional que con expresiones proferidas con el objeto de causarle temor de la ocurrencia de un afectación a su integridad física y psicológica".

Por esto, principalmente se resolvió que la sanción carcelaria "sin contar con los antecedentes de hecho que configuren la infracción que se le atribuye, se torna en ilegal al carecer de la debida fundamentación, lo que constituye motivo suficiente para dejarla sin efecto".

Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegó un grupo de vecinos del cerro Yungay para interponer un recurso de proyección en contra de diversas autoridades, entre ellas, los ministerios de Salud y Justicia, además de Gendarmería de Chile, por recurrentes vertimientos de aguas servidas que han afectado a residentes hace más de un mes, generando diversos problemas.

La presidenta del Comité de Adelanto Miguel Ángel Alto, Evelyn Silva, aseveró estar colapsada porque "se ha reventado otra cámara y no han dado solución. No han limpiado la calle, no hay sanitizado, hay gente postrada y no puede subir nada de locomoción. Entonces, qué están esperando. He pedido a gritos porque ya no sé qué hacer y a quién recurrir".

Dijo que de esto se deben hacer cargo las autoridades competentes y buscar una solución para el sector, para no vivir más un vertimiento de aguas servidas desde la cárcel de Valparaíso, que atenta contra la salud de las personas. Precisó que "queremos que saquen las cámaras de la calle".

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), apoyó a los vecinos y también ofició a autoridades. Recalcó que las familias se han visto afectadas "producto de que la locomoción no está subiendo al cerro, estas aguas servidas han atraído plagas, mosquitos, han provocado diarreas, vómitos, cuadros gastrointestinales en los habitantes del cerro", por lo que se hace el llamado a para una rápida intervención.

Recalcó que "esperamos que las autoridades, a través del recurso de protección con el que hemos asesorado a las dirigentes, puedan tomar las medidas pertinentes para que esto se detenga".