¿Quién manejará el transporte regional?
El diputado Cuello criticó al Gobierno por no incluir a los municipios y el Gore en la futura licitación del transporte público.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, dieron inicio hace algunos días al proceso de participación ciudadana que definirá la próxima licitación del sistema de transporte público para el Gran Valparaíso. La intención del Gobierno es cerrar la brecha abierta por los permanentes incumplimientos de las empresas de microbuses, mediante un inédito mecanismo de consulta pública que recogerá la opinión de los usuarios e integrará sus ideas a las bases de licitación.
Esto es un reconocimiento de que el sistema de transporte público vigente en el Gran Valparaíso está, irremediablemente, agotado. Sin embargo, la solución planteada por el ministro Muñoz provocó duras reacciones en una parte del oficialismo, que había visto en este proceso una oportunidad para darle un espacio en el servicio de transporte a los municipios y el Gobierno Regional. El primero en criticar a Muñoz fue el diputado Luis Cuello (PC), quien dijo estar decepcionado con la consulta ciudadana, porque plantea un "camino único" que termina en la entrega de nuevas concesiones de transporte a firmas privadas -como ocurre hoy- y no toma en cuenta su propuesta hecha en el proyecto de ley "Que pase la micro".
Es indudable que el sistema de transporte público requiere un ajuste profundo, pero no existe evidencia de que los municipios estén preparados para entregar directamente este servicio, con todas sus complejidades asociadas (inversión inicial en máquinas, contratación de conductores y convenios por seguros), o siquiera para fiscalizarlo de forma eficiente, como muestra su inoperancia sistemática en el control del comercio ambulante. En cambio, por su carácter interurbano y capacidad financiera, son los gobiernos regionales los más indicados para cumplir labores vinculadas al transporte público, no en reemplazo del servicio que entregan las empresas privadas dedicadas al rubro, sino que estableciendo mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de las nuevas reglas establecidas. Un Gore fortalecido en este ámbito podría asumir las responsabilidades que, por desidia o falta de recursos, hace años fueron abandonadas por la autoridad central en el tema.