Las últimas cifras dadas a conocer por la Fiscalía Regional sobre el preocupante aumento de delitos de alta connotación social (21,09%) al mes de marzo, que se traduce en 3.068 causas abiertas en el Ministerio Público, parecen dar cuenta de que, a más de un año de asumida la actual administración, la criminalidad y -como dice el gobernador regional Rodrigo Mundaca- el alto poder de fuego en las calles ha llegado a límites intolerables.

Tampoco es un detalle el que dos de los carabineros que perdieron la vida en los últimos seis meses en el cumplimiento de su labor sean de la zona: el sargento segundo Carlos Retamal, asesinado por medio de un fierrazo en la cabeza en San Antonio en octubre de 2022; y la sargento segundo Rita Olivares, muerta el pasado 26 de marzo de un balazo durante un operativo en Quilpué. El primero, de hecho, da su nombre a la controvertida y tardía ley Nain-Retamal en el Congreso.

De un tiempo a esta parte, tanto el Gran Valparaíso como la Provincia de San Antonio han entregado sus territorios al avance del narcotráfico y la delincuencia, pese a alertas claras y concretas como la hecha por la ONU en relación al poco control existente en el puerto del litoral sur de la región, las balaceras, mexicanas en Viña del Mar y Valparaíso y hasta la suspensión de clases en esta última ciudad para no incomodar el narcofuneral de un delincuente acribillado días antes en la puerta de un colegio.

El asesinato en Santiago de otro carabinero, el cabo primero Daniel Palma, funcionó como punto de inflexión para que la ministra del Interior, Carolina Tohá, la misma que se resistía a la ley Nain-Retamal y que la motejó de "gatillo fácil", decidiera intervenir 30 de las comunas con mayor población y criminalidad del país, entre las cuales, por lógica, están las antes mencionadas, pero que no fueron dadas a conocer por motivos de inteligencia policial y posible estigmatización de sus habitantes.

El discurso del miedo, también peligroso, parece llevarnos de cabeza hacia la más extrema de las derechas, aquellas de corte populista que tanto daño han hecho en otras latitudes. Por lo mismo, y si aún no es tarde, llegó la hora de que los jóvenes que juegan a ser alcaldes en nuestras comunas, el Gobierno y la población se unan para salvar las ciudades.

Hablar de crisis del sistema de salud no constituye novedad alguna en Chile. Cada vez son más los episodios que confirman este diagnóstico; lo único en que parecen coincidir los analistas, políticos, representantes gremiales y, por cierto, las miles de personas comunes y corrientes que a diario acuden a los centros asistenciales estatales y privados en busca de atención.

Las críticas hacia Fonasa y sobre todo contra la gestión de las isapres se siguen acumulando. Y el escenario actual podría evolucionar hacia uno mucho peor, a raíz de un reciente fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a hacer uso de la tabla de factores de riesgo elaborada en 2019 y devolver a sus afiliados unos 1.400 millones de dólares.

A lo ya descrito se suma la serie de fenómenos de alcance global, derivados de una combinación de factores demográficos, epidemiológicos, económicos y de gobernanza, que contribuye a agudizar esos y otros problemas específicos, en particular la falta de profesionales médicos y de otras disciplinas, tanto para cubrir las necesidades de atención general como de especialidades.

Así las cosas, en medio de todo esto, el lema "Salud para todos" que este año levantó la OMS para conmemorar un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud, adquiere una renovada relevancia y nos brinda otra oportunidad para echar la vista atrás y recordar los éxitos de la salud pública y cómo estos logros han contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de personas en las últimas décadas. También es una chance más para motivar la acción y hacer frente a retos sanitarios como los que ahora enfrentamos y los que han de venir.

Al respecto, quiero reflexionar sobre uno en especial. Si bien no se pueden desconocer los esfuerzos realizados por nuestras autoridades sanitarias para fortalecer el sistema mediante la construcción de nuevos hospitales y consultorios que permitan satisfacer la demanda de la población por una mejor y más oportuna atención de salud, estos servirán de poco si dichos centros carecen de los recursos humanos necesarios.

Frente a esta situación es necesario que el Estado -a través del Gobierno- llegue a un entendimiento con las instituciones que forman profesionales en esta área y que son las únicas autorizadas por ley para ese cometido. Pero esta relación tampoco está exenta de dificultades. En estas circunstancias, debemos ser claros al entender que la formación de profesionales de la salud debe ser dictada al lado del paciente, de manera tutorial -para que el alumno adquiera competencias al imitar las de su tutor- y que para que dicha formación sea la adecuada se hace imprescindible regular el uso de los campos clínicos, tarea que corresponde al Ministerio de Salud, legítimo dueño de estos.

Se han hecho varios intentos de regular esta distribución, ya sea vía licitaciones o a través de convenios, los cuales definen cuáles son las instituciones prioritarias en el uso de esos campos clínicos, pero este asunto todavía sigue abierto. Si en verdad aspiramos a que el lema "Salud para todos" sea una realidad, resolver temas como éste es también un objetivo insoslayable.