El cuádruple homicidio de Quilpué advierte que el país navega en medio de una tormenta delictual que no cede. La tarea es saber navegar hasta llegar a puerto seguro, lo que exige, más que nada, voluntad y una carta de navegación clara, sin rumbos erráticos. Se anuncia una inversión de US$ 1.500 millones en seguridad, recursos que son necesarios, pero que resultan inútiles cuando no se invierten de forma focalizada y con objetivos claros. Alguien dice por ahí que sin justicia social no hay seguridad. La verdad es que sin seguridad es imposible una efectiva justicia social. En estos momentos críticos vemos cómo el delito frena la educación -comprobación reciente en Valparaíso-, también que se atacan los centros asistenciales de urgencia y la gran mayoría de la población sabe, directamente, que el transporte público es inseguro.

Todas estas son expresiones concretas de injusticia social que afectan a los más pobres por falta de seguridad en las calles, en el entorno de servicios básicos de salud o de educación.

Y la droga, sabemos, es un factor determinante en la crisis de seguridad. Una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo establece que el 77% de la población estima la sociedad está perdiendo la batalla contra los narcos. Es la sociedad la que está perdiendo, no las policías o el Ministerio Público, que son las herramientas que tiene la comunidad para defenderse. Pero esas herramientas, esas organizaciones deben contar con el apoyo sin reservas de toda la sociedad y de sus organizaciones.

Y el espectro social es amplio, pues va desde las organizaciones políticas hasta las agrupaciones vecinales y municipales, pasando por el importante ámbito de la educación en todos sus niveles. La batalla por la seguridad, en sus múltiples frentes, es tarea colectiva que exige metas y procedimientos claros hasta lograr la victoria de beneficio general, de justicia social que se traduce en salud, educación, trabajo y tranquilidad.

Actualmente, la mayor parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país, principales causantes del cambio climático, provienen de la generación y consumo de energía, y en específico del sector transporte, el que es responsable del 25% total.

Chile ha buscado revertir esta situación y se ha posicionado en la región como líder en la puesta en marcha y escalamiento de la electromovilidad, para lo cual que se han implementado iniciativas como la Política Energética Nacional, la que tiene como objetivo sentar las bases para alcanzar la carbono-neutralidad al año 2050. Junto con ella, ha destacado la incorporación de buses eléctricos a la flota de transporte público nacional desde 2017, hasta los más de 800 que operan actualmente en el país.

Se proyecta que para el 2035, el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos sea de móviles eléctricos. No obstante, hoy sólo el 1% del total del parque automotriz está compuesto por vehículos con esta tecnología. ¿Cuáles son los desafíos que hay que superar para implementar exitosamente la electromovilidad en nuestro país y obtener los beneficios medioambientales que se esperan?

En primer lugar, está la normativa y la regulación, las que están asociadas a hacer más eficientes y seguros los procesos de apertura e implementación de puntos de carga para flotas eléctricas, así como para vehículos eléctricos particulares. De igual forma, se hace necesaria la toma de decisiones respecto de la incorporación de nuevos actores al mercado de "comercialización energética"

Por otra parte, está la infraestructura de carga, ámbito prioritario para dar abasto con los requerimientos de la electromovilidad a nivel nacional. Esto significa asegurar la disponibilidad y continuidad operativa de puntos de carga a lo largo del país, posibilitando incrementar el alcance y soporte de estos en términos de carga, para potenciar su adquisición y uso en regiones.

En tercer lugar, tenemos al mercado, que, alineado a los puntos anteriores, debe sentar las bases normativas y de regulación para la generación y desarrollo de nuevos actores asociados a la electromovilidad, un soporte necesario para posibilitar su escalamiento en el país.

Y, finalmente, el capital humano, el que es capaz de dotar al país con las capacidades para el desarrollo, implementación, operación y mantención de dispositivos de electromovilidad. En este punto las universidades y los centros de investigación cumplen un rol clave, pues poseen las capacidades técnicas y de formación de profesionales que impulsan este tipo de cambios. El Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha participado activamente de este proceso brindando asesoría como una entidad técnica validada a nivel nacional e internacional.