"La medida es de una irracionalidad que llama la atención"
Hace seis días, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó a todos los fiscales de la Región Metropolitana solicitar en tribunales prisión preventiva para todos los detenidos de nacionalidad extranjera que no tengan documento de identidad, medida que dese este lunes hizo extensiva a todas las regiones del país y que ha generado opiniones dispares. A nivel nacional hay jueces que la han acogido y otros no, por lo que Cortes de Apelaciones han revocado algunas decisiones de primera instancia y han fijado dicha medida cautelar.
A juicio del abogado Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, "es lamentable la orden, en cuanto me parece que se pretende tapar el sol con un dedo; entiendo que el corazón del fiscal nacional pueda estar bien puesto en cuanto a contribuir a mejorar la sensación de inseguridad que gobierna a la ciudadanía. Sin embargo, debo respetuosamente disentir: desde hace 70 años que se ha venido demostrando empírica y estadísticamente que la delincuencia no se resuelve adelantando o empeorando castigos penales".
- ¿Qué alcances puede tener?
- El alcance también es particularmente simbólico o irreal. Porque una cosa es que el Ministerio Público pida la presión preventiva, y algo muy distinto es que los jueces decreten dicha medida cautelar. Es poco probable que los jueces quieran caer en este juego de irracionalidad. Aun así, de nuevo, la medida es de una irracionalidad que llama la atención porque quiere decir que un inmigrante en compañía de un chileno, ambos sindicados como autores de un hurto de uno o varios productos en un supermercado, el Ministerio Público debería, junto con iniciar la investigación para verificar si hay antecedentes que den cuenta del delito y su participación, solicitar la prisión preventiva del inmigrante y la libertad de nuestro nacional. Esto por el solo hecho de ser inmigrante y no tener documentos; siendo que el acto, si bien puede ser delito, y con ese objeto se investiga, no reviste de la gravedad suficiente para dejar, durante la investigación, a una persona privada de libertad. ¿Quién devuelve ese tiempo en prisión si la investigación posterior arroja que no tuvo responsabilidad?
- La Defensoría de Migrantes acusa xenofobia. ¿Podría vulnerar algún derecho?
- Efectivamente, es una medida xenófoba, algo populista y efectivamente podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que pisan nuestro territorio, independiente de su raza o nacionalidad, son iguales ante la ley. Fundar una prisión preventiva en el hecho de que la persona es inmigrante indocumentado y la otra es nacional; es atentatorio en contra de esa garantía fundamental mínima en cualquier país republicano.
Debe recordarse que la medida que propone el fiscal no es pedir prisión preventiva para un condenado por un delito; sino, como lo dice el nombre, pedirla para alguien que resultó ser sindicado por un delito que se encuentra en proceso de investigación a fin de determinar si tuvo o no tuvo responsabilidad. ¿Qué pasa si alguien lo acusa falsamente de un delito? ¿Debe esperar privado de libertad si es indocumentado o defenderse en libertad si es chileno?
- ¿Ve factible que los jueces accedan masivamente o cree que, dada la capacidad carcelaria, podría ocurrir que todo siga como es en la actualidad, vale decir, que accedan a otorgar prisión preventiva sólo en los delitos más graves?
- Lo veo poco factible, precisamente porque es la ley, para efectos de decretar la prisión preventiva, la que establece ciertos criterios tales como: gravedad y número de delitos (porque no es lo mismo un homicidio que un hurto de supermercado), gravedad de la pena (porque no es lo mismo que la pena asignada al delito sea de 61 días o de 5 años y un día), si la persona tiene antecedentes penales anteriores (porque no es lo mismo una persona con irreprochable conducta anterior que alguien que tiene ya un prontuario) o se encuentra cumpliendo una pena en libertad, si se actuó en grupo o pandilla, etc.
En términos generales esos son los criterios que establece la ley. El ser inmigrante indocumentado no es uno de esos criterios; los jueces, en virtud de la imparcialidad que les rige, no deberían prestarse a estas propuestas mediáticas que no tienen sustento real.