Una confusa situación se presenta en el caso del edificio Tassara, adquirido por la Municipalidad de Valparaíso con el objeto de reciclarlo y habilitar 24 departamentos que serían entregados en arriendo en la condición de viviendas sociales.

La tradicional construcción, levantada en 1874 frente a la Plaza Echaurren, Barrio Puerto, área histórica de la ciudad, aparece en una nómina de Tesorería con 22 cuotas de contribuciones de bienes raíces impagas, adeudando al Fisco $4.891.228. Por ello, de acuerdo a las normas tributarias vigentes, el 5° Juzgado Civil de Valparaíso decretó el remate del inmueble.

Ante esta situación, concejales y parlamentarios han presentado este caso como una nueva expresión del desorden que reina, en muchas materias, en la Municipalidad de Valparaíso.

Por su parte, precisando más el problema, el consejero regional Manuel Millones señala responsabilidades tanto del Serviu como de la municipalidad y exige que se regularice la situación, ya que una eventual venta frenaría el destino de viviendas sociales, afectando con ello a familias que cifraban en esa iniciativa una solución a su problema habitacional.

Por su parte, la municipalidad afirmó que "los bienes inmuebles municipales se encuentran exentos del pago de contribuciones" y se harán las consultas del caso a la Tesorería.

El caso, denunciado por Boris Kúbela, quien se autocalifica como activista-fiscalizador del municipio, función cívica muy necesaria en Valparaíso, exige una clarificación.

En primer lugar, se debe establecer la efectividad de la exención cuando se trata de un inmueble municipal destinado a arriendo, que incluso tiene en su primer piso el conocido Bar Liberty. Ello, más allá de la finalidad social de los pisos superiores.

Además, al momento de la adquisición municipal la materia de contribuciones debe haber estado aclarada. Hoy, ante esta situación, queda en el limbo una iniciativa positiva que podría ser replicada en otros puntos de Valparaíso, donde buenas construcciones aparecen marcadas por el sello de la decadencia de la ciudad.

La situación del cobro de contribuciones a los vecinos de Laguna Verde dadas las irregularidades y falta de urbanización del sector, no sólo parece inicua, sino que linda con una suerte de enriquecimiento sin causa por parte del Estado. En efecto, conocida es la lucha de los vecinos y dirigentes de Laguna Verde, quienes hasta el día de hoy se movilizan por cosas tan esenciales como tener acceso al agua, poner término a la contaminación por efecto del relleno sanitario, terminar con las mafias de los loteos irregulares, mejorar la seguridad del sector, o generar una zona de extensión urbana para poder contar con luz y alcantarillado.

¿Cómo va a ser razonable, entonces, empezar ahora a cobrar contribuciones a quienes hasta hace poco no las pagaban, cuando dicho cobro no va a asociado a mejora alguna de las condiciones descritas? ¿O alguien puede creer que personas que forman parte de sectores vulnerables, que ni siquiera son dueños de sus propiedades, sino de derechos vendidos de manera informal (muchos de los cuales no están inscritos siquiera en el Conservador de Bienes Raíces), o que no cuentan con acceso a caminos pavimentados ni a los servicios más básicos, van a poder hacerse cargo de un cobro que en muchos casos supera los 120 mil pesos cada trimestre?

No debe olvidarse la naturaleza última de las contribuciones, cual es la de ser un aporte que realiza el propietario de un predio al Estado o al municipio -quienes se ven beneficiados con el aumento de su valor- por causa de las obras de urbanización que se realizan en el área donde el respectivo inmueble se localiza, de modo que el pago de las contribuciones es en último término una forma de "contribuir" a dicho financiamiento, lo que presupone la existencia de obras de urbanización que justifican la existencia del tributo, pues en caso contrario no tendría justificación alguna y debería ser considerado como un simple impuesto al patrimonio, cuya viabilidad constitucional quedaría en serio entredicho.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy con la decisión del Servicio de Impuestos internos de cambiar el destino de los predios del sector de Laguna Verde de agrícola a habitacional, para el solo efecto de aumentar la recaudación tributaria, pero sin tomar en cuenta la precariedad y el continuo de irregularidades de la zona, siendo necesario que se revise esta decisión claramente lesiva para una población que sólo sabe de precariedad y que amenaza con producir efectos aún peores.