La oposición de un grupo de pescadores de Quintero a una planta desaladora cuyas aguas, en parte, alimentarían el trabajo de faenas mineras, y las críticas hechas al Gobierno por la aprobación del Comité de Ministros a la ampliación del proyecto Los Bronces, que la firma Anglo American lleva adelante en plena cordillera de los Andes, muestran la friccionada relación que existe entre la principal actividad industrial del país y los temores medioambientales de la ciudadanía. En ambos casos quedan al desnudo las falencias del sistema de evaluación ambiental para dar certezas y respuestas pertinentes tanto a la población como a los interesados de cada iniciativa. El proyecto de desaladora que impulsa la empresa Aguas Pacífico tiene aprobados su estudios en todas las instancias respectivas; sin embargo, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, planteó sus dudas sobre el daño que puede provocar en la bahía quinterana y pidió mayor claridad sobre el uso final de las aguas dulces que surjan de ese proceso industrial: ¿servirán para paliar la crisis hídrica o para alimentar faenas mineras?, pregunta la máxima autoridad regional.

En Los Bronces la historia es inversa. El Comité de Ministros revirtió la decisión inicial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que había rechazado la ampliación del proyecto. El Gobierno dice que la votación fue técnica y no política. ¿De qué naturaleza fue la decisión del SEA, entonces?

El mundo está en medio de una revolución tecnológica sin precedentes, con el cobre y el litio como minerales estrellas e insustituibles del proceso que cambiará la matriz petrolera que nos tiene al borde de la crisis climática. Nuestro país tiene grandes reservas de ambos productos y una oportunidad de oro para salir del subdesarrollo, pero carece de una hoja de ruta a largo plazo que le permita convertirse en un protagonista a nivel mundial de esta transformación. Mientras cada iniciativa minera se muestre como un simple proyecto individual, desarticulado de un pacto de desarrollo como país, caerá en la controversia interminable de los eslóganes contra el extractivismo y sufrirá la acción permanente de quienes ponen cualquier actividad industrial como rival del medioambiente. La realidad es mucho más compleja.

En marzo de cada año, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) tiene la obligación de publicar el estado de situación de las principales pesquerías nacionales. Este año, el informe contiene datos de 45 especies, 28 de las cuales tienen punto biológico de referencia, es decir, cuentan con parámetros científicos que ayudan a determinar el estado actual de una población de especies. De éstas, el 57% se encuentra en estado de sobreexplotación o agotamiento.

Si bien existen pesquerías donde se observa una creciente recuperación, como por ejemplo el jurel, otras llevan años de sobreexplotación y con escasos signos de recuperación que marquen una clara tendencia positiva.

¿Qué ocurre con la merluza común o pescada, recurso de importancia económica y social para la Región de Valparaíso? Las noticias no son buenas. El informe indica que esta pesquería cumplió 11 años sin salir del agotamiento y la sobreexplotación. Aunque el reporte de Subpesca señala unas pequeñas mejoras en su estatus, estas no alcanzan a marcar una tendencia hacia su recuperación.

Es urgente, entonces, que la Subsecretaría implemente los programas de recuperación que por ley deben aplicarse a las pesquerías sobreexplotadas o agotadas, de modo tal que permita tener metas claras y medibles. Pero, además, es necesario discutir sobre otros factores involucrados en la administración de esta pesquería: los efectos de la pesca de arrastre de fondo utilizada para capturar esta especie; la compra de cuotas por parte de la industria al sector artesanal; la competencia desigual que pueden tener los artesanales versus los industriales cuando comercializan a intermediarios o ferias libres, y los impactos de la ilegalidad en esta actividad económica.

Es primordial entrar al "negocio de la merluza", conocer cómo funciona la cadena de valor, la intermediación, el transporte, los precios, los mercados de destino, el consumo, entre otras materias. Sólo una mirada integral permitirá avanzar en la recuperación de la merluza común.

Desde Oceana, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, hemos elaborado distintas propuestas para mejorar la administración de la pesquería. Esperamos que las autoridades actúen con la urgencia que esta situación amerita, ya que hace más de una década que vemos el deterioro en la disponibilidad de uno de los alimentos más populares del país, sin que hasta ahora se haya visto una mejora. Es tiempo de actuar. No se puede normalizar la crisis de la merluza común.