La aprobación de un importante proyecto minero dejó a la vista nuevamente que en las decisiones de trascendencia regional las voces locales tienen poca relevancia. Esta realidad ha quedado de manifiesto ante el visto bueno que dio el Comité de Ministros al megaproyecto minero Los Bronces, de Anglo American, inversión de US$ 3.500 millones. La iniciativa se desarrolla en territorios de la Región de Valparaíso y de la Metropolitana y en mayo pasado había sido objetado por el Servicio de Evaluación Ambiental ante los impactos que generaría en la calidad del aire.

Esta aprobación se suma a la continuidad de operación de la planta de la Minera Pullalli y al desarrollo de la desaladora Aconcagua, decisiones que desataron la molestia del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, calificando las determinaciones del Gobierno central como "decepcionantes". Precisa Mundaca su decepción recordando el compromiso del actual Gobierno "con la ecología, el medioambiente, la conservación y el uso sustentable, racional y democrático de las aguas". Agrega que "las últimas decisiones tomadas van en completa contradicción con lo declarado al inicio".

La molestia del gobernador es compartida por el diputado RN Andrés Celis. Sostuvo que "es de sentido común que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental deba y tenga que ser integrado por quien dirige la región". La diputada Camila Flores, de la misma colectividad, sostiene que al menos en materia ambiental se necesita "una descentralización fuerte y profunda".

Este caso, como otros, toca nuevamente el tema de las competencias de los gobiernos regionales. Más allá de los proyectos mencionados y sus fortalezas y debilidades, no encontramos nuevamente con que la descentralización tiene muchos aspectos pendientes que deben ser abordados tanto desde el punto de vista legal como desde la disposición constitucional.

Hay temas tributarios y de ingresos regionales, entre otros, que exigen definiciones, pues la descentralización no es sólo una materia de nuevos cargos, como el de gobernador, sino que de cargos con competencias y facultades y, por cierto, con límites como en todo proceso democrático.

Hace bastante tiempo que veníamos advirtiendo de los hechos de inseguridad en la Región de Valparaíso, dijimos que esto podría detonar en una crisis sin precedentes y, lamentablemente, hoy el tiempo nos dio la razón. En tan sólo un año los delitos de gran connotación social han aumentado un 63% en la región y hubo un incremento de un 38% en los homicidios. Después de las regiones del norte, somos la zona del país con mayor tasa de delitos, donde desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que todos los días ocurran hechos de violencia.

No fue hasta que sucedió el lamentable asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, a manos de delincuentes durante un procedimiento policial, para que el Gobierno se refiriera a comunas como Quilpué, que por años ha estado en el abandono en materia de seguridad; por lo mismo, se ha convertido en un territorio donde ha ganado terreno el narcotráfico y el crimen organizado. Habíamos hecho la advertencia de que los funcionarios de Carabineros eran muy pocos para esta comuna, que no estaban dando abasto para el aumento exponencial de la población, producto también de las tomas ilegales que han proliferado en esta zona; sin embargo, no fuimos escuchados y hoy Quilpué es escenario de asaltos violentos, balaceras, homicidios, secuestros y extorsiones.

Mismo caso ocurre en la comuna de Quillota, donde la violencia también se ha tomado las calles y en las últimas semanas hemos visto que ocurren cada vez con más frecuencia robos con secuestros, un delito que hace algunos años era casi inexistente en nuestro país, hoy es una realidad a la que están expuestos a diario los ciudadanos, quienes ya no pueden estar en paz ni en sus casas. Si nos vamos más al interior de la región tenemos comunas como La Ligua o Petorca, donde narcotraficantes utilizan estos lugares de paso para trasladar droga y hacer cultivos de marihuana en los cerros. Tan sólo hace una semana se registró una balacera con homicidio en plena carretera.

La Región de Valparaíso debe tener una intervención mayor en seguridad, en conjunto con otras medidas que permitan enfrentar esto e impedir que sigan avanzando las organizaciones criminales, por ejemplo, agilizando la construcción de un nuevo cuartel de la PDI en Quilpué. El programa del Gobierno "Calles sin Violencia" es insuficiente y llega tarde, sobre todo porque se focaliza en ciertas comunas, lo que va a generar que la delincuencia se traslade o consolide en otros lugares. En concreto, es apagar el incendio en un lado mientras se comienza a incendiar otro. Lo que necesitamos en este contexto de crisis de seguridad es un Estado fuerte, un Gobierno que no le tenga temor a usar las herramientas constitucionales, que no le tiemble la mano para combatir el crimen organizado, no que espere a que ocurran hechos fatales para actuar, como ha sido la tónica hasta ahora.