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"Necesitamos tener un gran acuerdo nacional transversal, porque la seguridad, si no la pensamos así, la verdad es que va a ser poco probable que le ganemos a la delincuencia".
la dirección de la respuesta. Recriminaciones mutuas, el diálogo estéril es responsabilidad en este, en el anterior y en el anterior y en el gobierno que viene. Esa dinámica no funciona y no ha funcionado nunca. Por eso la respuesta de qué vamos a hacer es tener una política de seguridad que logre estructurar un plan que logremos consolidar a nivel nacional que nos permita darle sostenibilidad en el tiempo. Debemos ser consistentes en el mundo del poder en hacer definiciones y mantenerlas vigentes, financiarlas y preparar la capacidad institucional de las policías, del Ministerio Público y de las cárceles. El acuerdo legislativo en materia de seguridad es el camino correcto para que Chile se encauce en un plan de recuperación en materia de seguridad que va a llevar varios años. Es relevante situar las expectativas: esto no pasa automáticamente. La criminalidad aumenta más rápido de lo que disminuye cuando el Estado se logra organizar. Lo que necesitamos ahora es tratar de organizar el Estado. Por eso es importante no sólo tener un plan, una estrategia, herramientas y recursos, sino que además dispositivos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno que permitan sostener esto en el tiempo.
- ¿Qué falta para que el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública se concrete?
- En eso se ha estado trabajando. Hay que recordar que el debate del Ministerio de Seguridad está asociado al del Ministerio del Interior, porque este último perderá todo lo que tiene que ver con seguridad, por tanto, también hay que repensar Interior.
- ¿Cuándo se acaba la figura de los delegados presidenciales?
- El compromiso es presentarlo en mayo. En términos de plazo, porque luego no podemos comprometer el resultado legislativo, porque tiene que ir necesariamente a tramitarse porque esta figura tiene rango constitucional, por lo tanto, requiere quorums especiales.
- El debate del royalty que está en curso, ¿tiene impacto en los fondos que van a regiones? A medida que avanza la discusión cada vez baja más el impuesto.
- Mira, eso es lo administra muy paciente y hábilmente el ministro Marcel. Lo relevante es que los 450 millones de dólares destinados a los gobiernos regionales y locales no se han puesto en duda. Siguen vigentes. Hay varias propuestas que hizo el Ministro en la última comisión de Hacienda, donde se plantea entre otras cosas reducir la tasa máxima para alinearla un poco más con las expectativas de la oposición. Esperamos que eso dé cuenta de la voluntad del Gobierno, porque al final del día la voluntad no puede ser unidireccional, y esperamos que la oposición se abra a tener un acuerdo pronto y que efectivamente podamos avanzar. Quiero decirte que en estos días la presión que hemos recibido de los municipios, a propósito de la expectativa, ha sido muy grande, y aquí estamos hablando de alcaldes de oposición y de gobierno. Entonces, este debate no tiene colores políticos.
- Sin recursos no se puede hacer nada. No hubo reforma tributaria, hay un royalty discutiéndose. ¿La gente puede tener esperanza de que se cumplan las transformaciones prometidas en el programa, pese a que los ingresos no sean los esperados?
- El Gobierno no ha dejado de trabajar en sus grandes objetivos. El Presidente no ha renunciado a las transformaciones que se han propuesto. Se ha avanzado mucho en materia de equidad salarial, en las 40 horas, en el fin del copago de Fonasa, en muchas cosas. Lo que pasa es que la agenda pública la toman otros temas como la seguridad, y obviamente temas como el royalty van a permitirnos seguir avanzando en la dirección de lo conversado, por eso es importante generar grandes acuerdos. Si el país no avanza es responsabilidad de todos, no sólo del Gobierno, también de quienes no permiten avanzar en el plano legislativo. Estamos en una democracia y un Estado de derecho donde el Ejecutivo propone, pero el Parlamento dispone. Y ahí tenemos que también tener la generosidad, esperamos, de la oposición.
- ¿Cómo evalúa la llegada de Álvaro Elizalde al gabinete?
- Es una buena noticia para reforzar nuestro equipo en términos políticos. La experiencia que tiene el ministro Elizalde después de haber sido presidente del Senado y parlamentario por mucho tiempo, es una experiencia que no podemos negar que va a contribuir a darle conducción y fortaleza al trabajo del Comité Político en su conjunto.
- ¿Pudo ser alguien de Apruebo Dignidad?
- Yo creo que ese debate es trivial. No lo fue y sin duda que habría sido extraño tener más ministros de Apruebo Dignidad en el Comité Político, considerando que ya hay tres ministras en él. Al contrario, los méritos del ministro Elizalde saltan a la luz, son propios de una persona de reconocida trayectoria y capacidad política. Tiene los méritos suficientes en sí mismo más allá de la distribución de poder que pudiera haber entre las coaliciones de Gobierno. Pero ese no es el punto, el punto es quién era la mejor persona para poder conducir el proceso. Él nos va a ayudar mucho en las tareas que tenemos por delante.
- ¿Cómo tomó el dictamen de la Contraloría General de la República objetando la compra de la clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago? La oposición había criticado que usted apareciera públicamente apoyando esa transacción.
- Te saco de un error: nunca apoyé la compra de esa clínica. Lo único que hice fue observar en un punto de prensa, después de 10 preguntas sobre lo mismo, que había una diferencia entre avalúo fiscal y valor comercial, lo que de hecho lo señala la propia Contraloría en su informe. Nunca me referí a que había un sobreprecio o si estaba justificado o no, porque no es materia de mi incumbencia como subsecretario de Gobierno. Por lo tanto, la Contraloría se pronunció, entiendo que el municipio tomó acciones a propósito de ese pronunciamiento y lo muy valorable de esto es que las instituciones funcionen, que va a haber investigaciones, acciones penales y lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, y ojalá todo se transparente en aras de la probidad del uso de los recursos públicos.
"El acuerdo legislativo en materia de seguridad es el camino correcto para que Chile se encauce en un plan de recuperación en materia de seguridad que va a llevar varios años".