La idea de que parte de la tributación portuaria debe quedar en las ciudades donde operan los terminales se remonta a un par de décadas y cuenta en su historial con varias mociones parlamentarias que no fructificaron, muchos seminarios donde el planteamiento fue diseccionado por expertos una y otra vez, y un sinnúmero de exigencias levantadas desde los municipios que administran ciudades puerto. La propuesta retomó fuerzas esta semana, luego que el alcalde Jorge Sharp la mencionara en su cuenta pública 2023 como una piedra angular de su plan de trabajo a futuro, una línea de recursos directa para financiar las soluciones a los problemas de la comuna. El tema también fue parte del discurso que hizo el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, en la última reunión del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto de Valparaíso, instancia esta última en la cual se conformaron varias comisiones de trabajo, una de ellas con un tinte económico que bien podría analizar el punto.

A diferencia de otros momentos en que ha surgido este planteamiento, Valparaíso enfrentará en los próximos años procesos cruciales de ampliación, algunos, como el del Espigón, postergados desde hace tiempo, con todo el daño que eso significa para el comercio exterior chileno y la creación de puestos de trabajo en distintos puntos de la cadena logística. Sería un serio error de Sharp o Mundaca condicionar estos tan necesarios proyectos a un eventual impuesto portuario. Las iniciativas de expansión son oportunidades que van más allá de una bandera tributaria específica y deben aprovecharse como impulsoras de la actividad económica de la ciudad, sin cargar sobre sus hombros todas las necesidades surgidas en Valparaíso en los últimos años. Para que la tributación de los puertos y su ampliación futura terminen en procesos exitosos se requiere un profundo diálogo entre todos los actores involucrados en el tema y una responsabilidad política acorde con lo que se juega Valparaíso.

Si hay un derecho fundamental que el Estado hace rato no es capaz de garantizar a los chilenos es la seguridad. Las cifras son elocuentes y así lo ratifican. El 2022 fue el año con las más altas cifras de homicidios, violaciones y porte de armas de la última década. Todo un récord para un país que tenía la imagen de ser la nación más segura de la región.

Es cierto que este problema se viene agudizando hace algunos años, pero no se puede pasar por alto que en el actual Gobierno, que lleva poco más de un año de gestión, la situación se ha desbordado a niveles inusitados, golpeando de forma severa la evaluación ciudadana del Ejecutivo, especialmente en esta materia. Y es que a esta administración se le devolvió como un búmeran la forma en que validó y alentó la violencia octubrista desatada desde el 2019. Hoy podemos apreciar con claridad el impacto que tuvo el haber intentado debilitar sostenidamente la labor de las policías y dañar a dos instituciones que son vitales para el control del orden público, y por lo tanto, para el resguardo del Estado de derecho y la democracia.

Que las bandas criminales estén actuando con el nivel de violencia que lo hacen, sin ningún respeto por nuestras policías, responde a esa actitud beligerante que sostuvieron muchos dirigentes del actual Gobierno cuando fueron oposición, que tuvo expresiones demoledoras tanto en la calle como en el Congreso.

¿En qué se traduce todo esto? En que ahora que el Ejecutivo debe hacer frente a esta lamentable realidad, carece de credibilidad, pero sobre todo de conocimientos para enfrentar el problema con eficacia estratégica. Y es que parte del Frente Amplio y del Partido Comunista no le asignan mayor importancia al control del orden público; por el contrario, siempre han considerado a las policías como "agentes" de un Estado represor que busca "criminalizar" las legítimas movilizaciones, incluidas aquellas que terminan en violencia y vandalismo.

El problema al que se enfrenta el Gobierno no es menor, porque tiene un inconveniente central para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, como es la falta de personal policial para destinar a las iniciativas que está impulsando. Una de ellas es el recién estrenado programa Calles sin Violencia, que para que tenga éxito depende del despliegue policial que se pueda hacer en las comunas donde está contemplada su implementación. Y eso es resultado del daño que se les provocó a las policías desde el estallido, donde no sólo renunciaron muchos policías, especialmente a Carabineros, sino que cayó abruptamente la postulación a esta última institución. A su vez, La Moneda parece no comprender que la delincuencia es un problema que está presente en todo el país y se debe abordar de forma integral y no parcelada por comunas, ya que la delincuencia es móvil; y por más que se refuerce la seguridad en algunas zonas, los criminales se irán a otras a cometer ilícitos.

Me parece que se deben buscar nuevas herramientas para apoyar a las policías en el actual contexto, donde los municipios pueden hacer un gran aporte en la medida que se les entreguen mayores herramientas en materia de seguridad ciudadana.