Cumpliendo con el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695 e incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley 20.742 de abril de 2014, los alcaldes del país rindieron cuentas al Concejo Municipal, los principales actores de la sociedad civil y la comunidad de su gestión durante el año 2022 y de la marcha en general del municipio.

Uno de ellos fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien reunió a un millar de personas en el Teatro Municipal -con un generoso cóctel y show del grupo Congreso incluido- para, más que mostrar sus logros, citar nuevas promesas de lo que podría llegar a hacer con potenciales aportes de la transferencia de carga portuaria en la tantas veces postergada ampliación de la infraestructura del sector, la misma a la que él se opuso por años. Lamentablemente para el alcalde, que optó por privilegiar la forma sobre el fondo, los titulares se los llevaron las críticas de diputados de todos los sectores (incluido el PS Tomás De Rementería, quien recibiría la réplica del jefe comunal en el concejo del día siguiente) por el gasto de $ 19 millones en el evento, $ 5 millones superior al fondo concursable de Cultura obtenido por el propio municipio para la restauración del mismo Teatro.

Al día siguiente fue el turno de la titular de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien tras reunir a concejales y dirigentes vecinales en el Hotel O'Higgins, sorpresivamente dio por finalizada la cuenta con la entrega de un pendrive con la información detallada solo 90 segundos después de iniciada la cita. Ello motivó duras críticas de los ediles (encabezados por el PC Pablo González) por la supuesta falta de respeto que ello involucró, junto con anunciarse otro evento para el día 12 de mayo, con coctelería y carpa, por un costo de $ 10 millones. En resumen, nadie se enteró de nada.

Finalmente, y sin mayores aspavientos ni grandilocuencia, el alcalde de Concón reunió a las principales autoridades de la Región, entre ellos el gobernador Rodrigo Mundaca, consejeros regionales, diputados de todos los sectores, el rector de la PUCV y numerosos vecinos, para mostrar humildemente la modernización del trabajo municipal, la elaboración de diversos proyectos, tales como la pavimentación de la Villa Comercio, la exitosa aplicación de bischofita en caminos de tierras, la recuperación de espacios públicos, el próximo mejoramiento del estadio de Calle 7, la recuperación del funicular de subida Los Lilenes, las obras de mitigación en la rotonda y el Parque Vista al Mar con proyectos concretos y presentados en las instancias correspondientes. No haciendo lobby ni juntando firmas. Corta.

Un concepto de moda en el último tiempo ha sido el de la participación ciudadana. Éste se ha visto en la discusión constituyente, en los cambios de planes reguladores e, incluso, cuando el exsubsecretario Ahumada quiso preguntar sobre el curso de la política exterior. Si bien esta herramienta ayuda a fortalecer la percepción de la democracia, cuando se realiza sin las debidas definiciones y bases metodológicas, también puede llevar a conclusiones erróneas y a un falso diagnóstico de la percepción local, lo que decanta en un gasto poco eficiente de recursos públicos.

En general, las consultas ciudadanas deben tener un objetivo claro; por ejemplo, conocer las percepciones de la población o involucrarla en la búsqueda de soluciones de un problema público. Sin ello, la participación corre el riesgo de que no sea efectiva, ya sea por poca rigurosidad en el diseño muestral o porque no existe un mecanismo de control. Ejemplos concretos de lo anterior son los procesos de consulta que está realizando la alcaldía viñamarina, tanto en el terminal de buses para medir percepciones de seguridad como también para recoger opiniones sobre el nuevo parque urbano en el estero Marga Marga. En ambos casos el fin de la participación no está muy claro, pues no sabemos si se trata de obtener un diagnóstico o de la búsqueda de soluciones en conjunto con sus habitantes. Por un lado, el uso de tótems o stands no permite un adecuado diseño muestral, ya que probablemente los respondientes no sean indiferentes al tema a tratar. En dicho caso, la autoselección operaría como una fuente de sesgo y discriminación relevante. En el caso viñamarino, es más probable que quienes contesten en el terminal de buses sean personas políticamente interesadas, lo que conlleva a resultados exacerbados frente al resto de la población. Por otro lado, si se buscan soluciones participativas, el mecanismo debiera contar con acciones informativas, para que las respuestas cuenten al menos con un estándar mínimo de calidad e información.

Según hemos estudiado en Fundación Piensa, los casos exitosos de participación son aquellos donde se crea un ecosistema con objetivos claros que permiten obtener una muestra representativa, con medidas de seguimiento. Para ello, algunos elementos claves son la guía de moderadores neutrales, la selección aleatoria de participantes y la entrega de información neutral previo a la deliberación. Lo anterior ayuda a generar soluciones y consensos que son más probables de ser aceptados cuando se implementan las políticas públicas. Por supuesto, esto dista de un simple tótem en un terminal de buses o de que personas respondan una encuesta en un puente o vía online, pues nada nos asegura que ese grupo sea un subconjunto efectivo de la comuna. Así como en Viña del Mar, este problema también se ve en otros procesos, incluidas las modificaciones de planes reguladores que, según la disposición de la Ley General de Urbanismo y Construcción, requieren de consultas ciudadanas. Pese a ello, la ley no establece parámetros para determinar cuándo estamos ante un buen proceso, lo que decanta en que muchas instancias estén sesgadas por las opiniones de pocas personas políticamente interesadas que no representan plenamente a la comunidad, pero que sí impactan en la imagen objetivo que regirá por décadas.

Bajo la administración del expresidente Patricio Aylwin se promulgó la Ley de Gobiernos Regionales 19.175. Desde esa fecha hasta ahora han transcurrido 30 años, tiempo suficiente para hacer una evaluación. No hay duda que ha sido un período de aprendizaje, con aciertos y errores, y donde no ha sido fácil tener regiones robustas, con mayores competencias, atribuciones, recursos y facultades, fundamentalmente por la falta de convicción de los distintos gobiernos y parlamentarios de potenciar el proceso de regionalización y descentralización del país, lo que se ha visto reflejado en las distintas reformas o proyectos de ley sobre la materia.

En el caso particular de nuestra Región de Valparaíso, desde el primer intendente, Juan Andueza, hasta el último en ese cargo, Jorge Martínez, hemos tenido distintas iniciativas de inversión y programas con financiamiento regional, direccionados a un desarrollo regional equitativo y armónico. No obstante, pese a esos esfuerzos, los bajos montos asignados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en las distintas leyes de presupuesto invisibilizan este esfuerzo por las brechas y carencias existentes en infraestructura vial, hospitalaria, de riego, conectividad, portuaria, de salud y educación, entre otros.

Ello no impide poder reconocer el trabajo de los distintos intendentes, de consejeros y consejeras regionales que han realizado en favor de los habitantes del territorio, lo que se traduce en obras concretas, como la construcción de Cesfam, estadios, campos deportivos, puentes y alcantarillados; saneamiento de campamentos, obras de regadío, microembalses, infraestructura urbana e iniciativas ligadas al transporte y la educación pública, además de programas dirigidos a la salud de la población, especialmente en lo que se refiere a la prevención y tratamiento del cáncer.

En el nuevo escenario que surge con la llegada de un gobernador electo por la ciudadanía, ciertamente hay un ambiente distinto, porque a él le corresponde asumir e implementar la transferencia de competencias; por tanto, es una oportunidad de hacerse cargo en gran parte de los problemas estructurales que tenemos. Ciertamente es necesario para esos objetivos modificar la metodología que asigna los fondos a las regiones, pues pese a ser la segunda región más importante en población, lo que demanda mayores servicios, estamos en el séptimo lugar de obtención de financiamiento de parte del Gobierno central y, por tanto, para conseguir un desarrollo armónico es necesario tener una inyección de fondos frescos para enfrentar estas necesidades.

En tal sentido, no debemos cerrarnos a discutir una reasignación de recursos, una ley de rentas regionales, incluso un royalty minero que hagan posible materializar de verdad el proceso de descentralización, con mayor autonomía del Gobierno central. Finalmente, espero que en el debate constitucional se tenga la voluntad de generar una nueva arquitectura del modelo de descentralización del país.