-¿Qué temas piensa que ya están fuera de discusión, porque el consenso es alto?

-Hay un alto grado de consenso en régimen de gobierno, bases del sistema electoral, funcionamiento de los organismos autónomos, derechos civiles clásicos y deberes sociales en materia ambiental, vivienda, educación y cultura, entre otros.

-¿Piensa que el texto final será más corto y general que el original?

-Dudo que sea así. El texto original es un acuerdo básico, sustantivo o de "mínimos comunes". El texto final corresponderá a ese acuerdo, pero suplementado con las enmiendas posteriores aprobadas por las subcomisiones y el pleno.

-¿Cómo afectará el resultado de la elección del 7 de mayo las decisiones que sigan tomando entre expertos? Se ha comentado que hay definiciones que se están atrasando para después de estos comicios. ¿Debería estar el Comité absolutamente desconectado de la contingencia política?

-Las enmiendas serán votadas con posterioridad al 7 de mayo porque es preciso una deliberación y discusión previa sobre las mismas, esa es la razón principal. Sin perjuicio de eso, el resultado de la elección de consejeros ciertamente dará un contexto al trabajo de la Comisión. Fijará los incentivos para alcanzar mayores acuerdos o dejarlos para el trabajo del Consejo.

-¿Vio las campañas? ¿Le parece que fueron coherentes con lo que es una Constitución? Los temas eran la seguridad, por ejemplo, la iluminación de las calles, castigo para los conductores ebrios...

-Pienso que no fueron muy coherentes con la idea de Constitución, pero comprendo la dificultad de hacer algo distinto, considerando el clima político que vivimos. Las campañas parecían más bien de candidatos al Parlamento que a un órgano constitucional, porque las ofertas decían más bien con políticas públicas e identitarias. Una Constitución no puede ser un catálogo de políticas públicas o de reivindicaciones de grupo, sino uno de límites genéricos y mandatos al legislador.

-La pregunta que muchos se hacen: ¿Qué pasa si gana el rechazo en el plebiscito de salida?

-Lo primero que hay que decir es que, cualquiera sea el resultado, el principal triunfador es la democracia. Sin perjuicio de eso, si gana el rechazo -yo espero que el proceso no dé argumentos para aquello- seguramente los cambios pendientes serán introducidos por la vía de reformas constitucionales. No veo espacio ni posibilidades de éxito para un nuevo proceso constituyente en el futuro cercano. (...) Hoy están dadas todas las condiciones para alcanzar un buen acuerdo en democracia. Si no es logrado ahora, tampoco será posible mañana. Lo mismo dijo Benjamin Franklin en su discurso de cierre de la Convención que aprobó la Constitución bicentenaria de Estados Unidos.

-¿Cómo han actuado frente a los grupos de interés y lobistas?

-Los comisionados están sujetos a los deberes de la Ley de Lobby bajo la supervisión del Congreso. En lo personal, no he recibido ninguna audiencia, pues pienso que las reuniones con los grupos de interés corresponden más bien a los consejeros constitucionales elegidos popularmente. Ellos están encargados de refrendar democrática y políticamente el texto, y para eso es preciso oír a todos los actores involucrados. Lo nuestro consiste más bien en una validación técnica y jurídica.

-¿Cuál es la propuesta de sistema político de la comisión, independiente de las enmiendas presentadas?

-Existe un consenso en torno a integrar el Congreso con partidos o coaliciones políticas fuertes, que aseguren gobernabilidad del legislador en sus relaciones con el presidente de la República. Para tal efecto, se han fijado umbrales mínimos de votación de los partidos y de escaños para acceder al Parlamento. Otras innovaciones apuntan al ejercicio responsable de la acusación constitucional y de las comisiones investigadoras del Congreso, así como del poder de veto legislativo del presidente de la República.

-¿Cuáles son los criterios usados al abordar a los pueblos indígenas?

-Existe un acuerdo fundamental en torno a la necesidad de reconocer su cultura, cosmovisión, lengua y costumbres, de conformidad a la Constitución. Queda por debatir y decidir las enmiendas relativas al reconocimiento de escaños reservados en el Congreso o en otras instituciones del Estado.

-Desde el ámbito judicial algunos señalan que el sistema de Justicia propuesto provocará una atomización del Gobierno Judicial.

-Observo un consenso amplio, compartido por la judicatura, para confiar las funciones directivas, correccionales y económicas de la Corte Suprema a una instancia distinta. La discrepancia estriba en si deben estar a cargo de uno o más órganos. La experiencia de concentrar todas las funciones en un sólo organismo, usualmente denominado Consejo de la Magistratura, ha sido negativa en varios países (España, Bélgica, Argentina). Produce un grado excesivo de sesgos o cuoteo político que termina paralizando las decisiones. Por eso comparto la iniciativa de desconcentrar estas tareas en órganos que sean coordinados, pero no subordinados, por un solo poder, lo que también asegura especialización y eficacia en sus actuaciones.

-¿De qué modo el proyecto que ustedes redactan da cuenta de los derechos sociales reclamados por la ciudadanía? ¿Cómo se garantiza el acceso a estos derechos?

-La Constitución reconoce una serie de derechos sociales y establece mandatos y condiciones al legislador para implementarlos de un modo que sea armónico con otros derechos e intereses de las personas. Esto se traduce en la libertad de elección de las instituciones que desarrollan estos derechos y en la existencia de acciones judiciales que permitan exigirlos. Me refiero, por ejemplo, a los derechos de educación, salud, vivienda, previsión y al conjunto de derechos laborales.

-¿Qué va a a pasar con el capítulo de Medio Ambiente, que apenas tenía tres artículos?

-Hemos avanzado bastante en incorporar una serie de normas de protección, relativas a deberes del Estado, de la comunidad y de las personas. Destaco las funciones de prevención y reparación de daños ambientales, así como la necesidad de conciliar estos esfuerzos con la certeza jurídica, la sostenibilidad y el desarrollo económico adecuado.

-Usted es parte de un proceso más controlado, con bordes fijados, árbitros y un borrador que redacta un grupo de expertos designados. ¿Qué margen real de maniobra tiene el consejo que se elige el 7 de mayo, sobre el texto que redactan los expertos?

-No hemos sido nombrados a dedo por los partidos, sino por el Congreso, representante genuino de la ciudadanía. Nuestro rol es proponer un texto a los consejeros elegidos democráticamente. Ellos podrán aprobar, modificar o suprimir normas de nuestra propuesta con tres quintos de sus integrantes. La versión aprobada por el Consejo vuelve a la Comisión para recibir sus observaciones. Recibidas esas observaciones, el Consejo puede aprobarlas por tres quintos o rechazarlas por dos tercios de sus integrantes. Aquellas observaciones que no alcancen estos cuórums de aprobación o rechazo serán discutidas por una comisión mixta de comisionados y consejeros. Esta hará propuestas de norma al Consejo que podrán ser aprobadas por tres quintos. Aquellas que no logren ese cuórum de aprobación se entienden rechazadas definitivamente.

-Usted ha dicho que es un hombre de provincia. ¿Qué consideración han tenido las regiones en la propuesta?

-Soy ariqueño orgulloso de mi tierra "… señalada de inmortalidad", como dice su himno; una tierra lejana donde hacemos soberanía a diario. Por eso que patrociné una enmienda para que las regiones extremas tengan una "especial atención" del Estado. Comparto el anhelo de descentralización de millones de chilenos que viven fuera o lejos de la metrópolis. Hemos procurado introducir mecanismos efectivos en este sentido, teniendo presente que somos un Estado unitario y no federal. (...) Pienso que la verdadera descentralización no consiste únicamente en traspasar poderes a las regiones y comunas, sino en introducir incentivos que aseguren una distribución equilibrada de los polos de desarrollo económico, científico y cultural. Este rol debe ser cumplido por el legislador por mandato de la Constitución.

"Una Constitución no puede ser un catálogo de políticas públicas o de reivindicaciones de grupo, sino uno de límites genéricos y mandatos al legislador". "El proceso anterior no tuvo acuerdos reales porque un grupo importante de convencionales fue excluido de ellos. Ahora estamos sentados en la mesa en igualdad de condiciones". "Comparto el anhelo de descentralización de millones de chilenos que viven fuera o lejos de la metrópolis. Hemos procurado introducir mecanismos efectivos en este sentido, teniendo presente que somos un Estado unitario y no federal".