Caso Ventura y una legislación atrasada
Denuncias contra director de Obras deben establecer si el funcionario se ha saltado la ley en la aprobación de proyectos.
Es el cargo más importante de la municipalidad. El más importante y siempre más cuestionado de la ciudad. Hablamos del director de Obras Municipales, cuyas decisiones sobre permisos de construcción en último término definen la fisonomía urbana, ya que muchos de los emprendimientos que aprueba tienen impacto sobre toda la comunidad.
Directores de Obras como Camilo Moya, en Valparaíso, y Juan Manuel Herreros y Héctor Abarca, en Viña del Mar, permanentemente estuvieron sometidos al escrutinio público y sus resoluciones muchas veces no estaban en la línea de la alcaldía de turno, pues, de acuerdo a la ley, estos funcionarios tienen amplia autonomía, situación que arroja luces y sombras.
Un reportaje de televisión ha puesto en entredicho al actual director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, Julio Ventura, a raíz de tres proyectos bajo su tuición que son rechazados por residentes y organizaciones vecinales. Dos son supuestamente riesgosos, uno por su ubicación en zona sísmica y otro expuesto a incendios. Un tercero afectaría a un humedal urbano, para el que se pide protección ambiental.
Se le acusa de falta de transparencia en contactos con lobistas y de trabajar con sólo tres arquitectos revisores que han aprobado "a dedo" proyectos con irregularidades. La alcaldesa Macarena Ripamonti, por su parte, en declaración a la TV anunció denuncias al Ministerio Público, "cuestión que ya se tendrá que resolver". Los concejales Pablo González (PC) y Nancy Díaz (RD) piden la remoción del funcionario con 40 años en el cargo y 80 de edad. El DC René Lues lo defendió y afirmó que Ventura ha sido perseguido por la actual administración y que el director de Obras "no interpreta la ley, la aplica". Agrega que si no agradan sus resoluciones, "habría que cambiar la ley".
El tema es si Ventura y otros directores de Obras aplican la ley como corresponde y si su gestión y relación con titulares de proyectos son transparentes, lo que se debe investigar. La materia, por otra parte, no es exclusiva de Viña del Mar y es el reflejo de una legislación que va atrasada ante nuevas realidades e inquietudes urbanas.