Muchas veces nos encontramos en una situación en la cual, al hacer un trámite en alguna repartición pública, se nos pide que aportemos alguna información que proviene de otra repartición pública y que debemos procurar y acompañar para el trámite de la gestión.

Es decir, el Estado para brindarme un servicio me obliga a hacer trámites ante el mismo para obtener algún resultado, en circunstancias que él ya posee la información actualizada. Qué ejemplo más típico que el de proveer un certificado de antecedentes para postular a algún tipo de subsidio.

Nos preguntamos, y con toda lógica, porque hoy, en medio del mundo de las comunicaciones, de los sistemas informáticos, de internet, aún no podemos tener esto de forma automatizada e instantánea. Y la respuesta es muy simple: no todos los sistemas informáticos del Estado conversan entre sí, o sea, no existe lo que se denomina interoperabilidad.

Una definición formal de interoperabilidad, y que está ya empezando a ser parte de nuestra legislación es: la capacidad de los sistemas informáticos de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos en tiempo real.

La interoperabilidad es piedra fundamental de la transformación digital del Estado, según lo indica la Ley 21.180, pero, desafortunadamente, el avance hacia ella es lenta por diversas circunstancias, entre las que se destacan la falta de decisión política de agilizar mediante la tecnología, los servicios y ponerlos al real servicio de los ciudadanos; al hecho de que al automatizar y acelerar procesos los feudos de poder dentro de la administración se ven debilitados, y quizás algo de gran relevancia es la reticencia a los cambios por parte de los funcionarios.

De tener una interoperabilidad consolidada, muchos trámites serían simplemente innecesarios, se evitarían errores en la gestión del aparato público y se ahorrarían cifras siderales equivalentes a millones de HH, que hoy se financian de nuestros impuestos.

También se contaría con información, con mejores datos para elaborar políticas públicas y dar transparencia a muchos procesos que hoy día ni siquiera pueden ser evaluados para una mejor focalización del gasto público.

Los recientes desaguisados del Servel respecto de la verificación de los antecedentes de una candidata, cuyos derechos constitucionales están suspendidos a perpetuidad, es un ejemplo claro de que la información no se comparte dentro del Estado al no haber interoperabilidad; de haberla habido ni siquiera hubiera pasado del día uno en vez de llegar a la papeleta poniendo en riesgo el proceso electoral; lo mismo ocurre con las verificaciones de dirección y la cuestionada geolocalización.

Y pasa lo mismo entre las policías, el Ministerio Público, el Registro Civil y el Poder Judicial, que no comparten en línea su información y se producen situaciones que algunas veces llegan a ser risibles por la inoportunidad o descoordinación. Y a ello podemos sumar otras informaciones a las que simplemente no se accede, como las del SII o de Salud.

Hoy nuestra interoperabilidad, porque existe, es precaria y se da apenas entre instituciones, como la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos y algunos Conservadores de Bienes Raíces. Casi incipiente para lo que debería ser en un país que quiere avanzar a pasos agigantados hacia la modernidad.

Tenemos un desafío grande como país y es deber del Estado promover en forma definitiva un esquema de interoperabilidad, y para ello existe suficiente experiencia y colaboración internacional como para no reinventar la pólvora. Tanto en Europa como en países como Colombia, Uruguay y muchas provincias argentinas se han impulsado plataformas de interoperabilidad con excelentes resultados, dando saltos importantes para la reducción del "tramitología" que agobia a los ciudadanos.

Es responsabilidad ineludible y única del Estado avanzar hacia la interoperabilidad de los servicios, que permitirán mejorar la eficiencia de este, permitiendo consolidar una verdadera República Digital al servicio de los ciudadanos.