El proyecto de royalty minero -en avanzado trámite legislativo en el Congreso Nacional- significará, de convertirse en ley como se espera, un aumento importante en los recursos disponibles para las regiones, para ser asignados por ellas mismas en una lógica descentralizadora.

En la misma línea, el Gobierno ha anunciado finalmente, luego de una prolongada espera, el próximo envío al Parlamento del proyecto Regiones Más Fuertes o de Rentas Regionales, cuyo objetivo, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, es avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional.

A diferencia de otras iniciativas del Ejecutivo, este proyecto de ley parece, sin conocer sus contenidos específicos, bien orientado. Se plantea que las nuevas atribuciones de las regiones irán acompañadas de mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad fiscal, lo cual es muy positivo tanto desde una perspectiva de buen gobierno como de transparencia en el uso de los recursos públicos.

La preocupación por la buena asignación y gestión de los recursos públicos es fundamental, considerando que ellos son siempre escasos y tienen usos alternativos. Se trata de que el gasto del Estado contribuya de la mejor forma al desarrollo económico y social, en particular al bienestar de los grupos de la población con más carencias. Esto se aplica tanto para el gasto que realiza el gobierno central como al de los gobiernos regionales y locales. El proceso de descentralización es necesario por diversas razones, entre otras, porque ubica la toma de decisiones más cerca de las realidades sobre las cuales se quiere intervenir y, a cargo de quienes, se supone, cuentan con mejor información para ello, que aquellos que lo hacen desde las diez manzanas del centro de Santiago. Sin embargo, una decisión adoptada sobre asignación de recursos públicos a nivel regional o local no asegura su adecuada utilización.

Un ejemplo de lo anterior es, en mi opinión, el aporte de $ 250 millones para financiar la realización del Challenger de tenis en Viña del Mar hace pocas semanas. Cuando se aportan recursos del Estado para iniciativas privadas, debieran estar muy claramente definidos e idealmente cuantificados, cuáles son los beneficios sociales, ya sea para la comunidad o para grupos específicos, de dichos aportes. Ello, considerando que siempre, siempre, hay usos alternativos de los recursos del Estado. En este caso, a vía de ilustración, para dimensionar de qué estamos hablando, el aporte del Estado al Challenger de Viña habría permitido financiar un arriendo en una vivienda digna, durante un año, para más de 70 grupos familiares damnificados por el incendio que afectó a la comuna durante el verano. Me parece que es claro cuál de las dos alternativas habría contribuido más al bienestar social.

Un argumento esgrimido para validar el aporte al Challenger ha sido que los mismos recursos se utilizaron, en parte, para desarrollar academias de tenis en sectores vulnerables, iniciativa, obviamente, encomiable, pero que significó una parte menor de los 250 millones.

De todo lo anterior podría desprenderse que soy contrario a las alianzas público-privadas o, incluso, a la iniciativa privada. Muy por el contrario, soy un convencido defensor de la colaboración entre los sectores público y privado, cuando está clara la relación costo-beneficio para el conjunto de la sociedad. De la misma forma, me declaro un firme partidario de la iniciativa privada, que asume los respectivos costos y obtiene, en forma legítima, los beneficios asociados a su actividad empresarial.