Municipio arriesga millonaria indemnización a inmobiliaria
PUCHUNCAVÍ. Corte de Apelaciones obligó al director de Obras a pronunciarse sobre un permiso y abre la puerta a resarcir. Caso se elevará a la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor de la Inmobiliaria Mar de Maitencillo en el reclamo de ilegalidad que entabló en contra del director de Obras Municipales (DOM) de Puchuncaví, quien no se pronunció en el plazo legal respecto de la modificación al permiso de obras del proyecto Rocas de Maitencillo, conjunto habitacional de 28 departamentos frente al mar, que no tiene su recepción final, por lo que no ha podido ser comercializado. El fallo, emitido el 28 de abril, obliga al funcionario a pronunciarse dentro de 15 días hábiles.
El caso se remonta a la administración anterior, encabezada por la alcaldesa Eliana Olmos. El fallo detalla que el reclamo, según lo argumentado por la inmobiliaria, también va en contra del decreto alcaldicio 1672/2020 emitido el 28 de diciembre de 2020, por medio del cual Olmos rechazó el reclamo de ilegalidad indicado en su fase administrativa.
El fundamento jurídico entregado al tribunal de alzada por el reclamante agrega que "en síntesis, la ilegalidad habría consistido, por una parte, en no haberse pronunciado el director de Obras Municipales dentro de plazo legal y, por otra, en haber rechazado el reclamo pese a la ilegalidad en que incurrió el director de Obras Municipales".
Derecho a indemnización
En su parte resolutiva, la Corte establece que "se acoge el reclamo de ilegalidad, sólo en cuanto se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio 1672/2020 y se ordena a la I. Municipalidad de Puchuncaví (...) subsanar la ilegalidad y dictar la correspondiente resolución que se pronuncie sobre la solicitud de modificación al Permiso de Edificación N° 45/2009 y la Modificación al Proyecto N° 75/2014, debidamente fundada, con expresión de sus fundamentos de hechos y de derecho".
A renglón seguido, el tribunal de alzada resuelve un punto que podría acarrear un grave perjuicio económico al municipio, pues establece que "por lo que toca a la solicitud de declarar el derecho a una indemnización por los perjuicios causados por la ilegalidad, se hace lugar a la solicitud en lo que en derecho corresponda".
Al respecto, el director jurídico de la Municipalidad de Puchuncaví, Pablo Rojas, indicó que "analizando la sentencia en su totalidad, existen algunos vicios que se han detectado en la misma, como por ejemplo, que no se hace cargo de la prueba rendida y que tampoco tiene un desarrollo respecto a uno de los puntos de prueba que había fijado la Corte, cual era saber si el permiso de obras se encontraba vigente o no. En consecuencia, en base a esa situación nosotros, como municipalidad, vamos a deducir los recursos que proceden, en este caso recurso de casación en la forma y en el fondo, entendiendo que bajo la lógica municipal existen vicios en la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones y el tema tiene que ser zanjado por la Corte Suprema".
Por su parte, el concejal Ricardo Quero detalló que el tema se trató en la sesión del Concejo Municipal de este miércoles y que el fallo "genera, claramente, una preocupación por el posible perjuicio económico para las arcas municipales".
Obligado a pronunciarse
Por su parte, la abogada Jeanette Bruna, académica de Derecho Urbanístico de la PUCV, explicó que "la sentencia condena al municipio a pagar los perjuicios provocados por un actuar municipal ilegal, por no haberse pronunciado dentro del plazo legal de la solicitud de una modificación de permiso, debido a que en materia urbanística no existe el silencio negativo para estos casos, es decir, las direcciones de Obras siempre deben emitir pronunciamiento y su falta no se entiende como un rechazo ficto, tal como lo ha señalado la Corte de Valparaíso, y en este mismo sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema".
La jurista, miembro del Consejo Académico de Derecho Urbanístico y de la Construcción de la PUCV, advirtió que "por tanto, la nueva administración municipal arriesga tener que indemnizar a cada uno de los demandantes, no sólo a la inmobiliaria, sino también los perjuicios que la ilegalidad declarada acarrea para los terceros de buena fe, como son los promitentes compradores que se hicieron parte en el juicio, es decir, el municipio arriesga un costo por sobre los mil millones de pesos".
"Ante riesgos de tal envergadura para el patrimonio municipal, la Ley 18.695 faculta expresamente a la municipalidad para realizar transacciones judiciales en que las partes realicen concesiones recíprocas, la cual podrá considerar, por ejemplo, el reconocimiento de la existencia de los actos que al no estar invalidados reconocen la vigencia de un permiso y, paralelamente, asegurar la eliminación del riesgo indemnizatorio, en base a lo cual la Dirección de Obras tendrá el respaldo judicial para proceder a realizar la revisión técnica del expediente sin más trámites", cerró Bruna.
Este Diario consultó a la inmobiliaria su versión, pero no harán declaraciones mientras el director de Obras no se pronuncie.
"Genera, claramente, una preocupación por el posible perjuicio económico para las arcas municipales".
Ricardo Quero, Concejal de Puchuncaví
"Vamos a deducir los recursos que proceden, en este caso recurso de casación en la forma y en el fondo".
Pablo Rojas, Director jurídico de la, Municipalidad de Puchuncaví
1.000 millones de pesos, en teoría, podría ser el monto a indemnizar, según la abogada urbanista Jeanette Bruna.