Cristián Rojas M.

Gran incertidumbre hay entre los 142.440 cotizantes de isapres que hay en la Región de Valparaíso, luego de la advertencia que hiciera el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien aseguró en T13 que la Ley Corta propuesta por el Gobierno "como está estipulada, va a significar que el sistema va a dejar de funcionar en un tiempo relativamente corto y no se va a poder producir ninguna devolución y, lo peor, es que las coberturas de las personas no van a seguir operando".

Parte de lo que contempla esa ley corta es darle un plazo de seis meses a las isapres para que presenten un plan de pago a los usuarios que la Corte Suprema ordenó resarcir por cobros indebidos, plan que deberá ser analizado por un consejo de expertos. Se calcula que el monto es de 1.400 millones de dólares, y ayer en máximo tribunal amplió el plazo hasta noviembre para que las isapres se hagan cargo y respondan.

Casi 240 mil usuarios

Según datos de la Superintendencia de Salud, al cuarto trimestre de 2022 los 142.440 usuarios de isapres en la Región de Valparaíso sumaban 95.779 cargas familiares, por lo que son casi 240 mil personas las que en la zona están en la situación de incertidumbre frente a sus previsión de salud.

Al respecto, el diputado Andrés Celis (RN), miembro de la comisión de Salud de la Cámara Baja, planteó que "sabemos que la salud pública en la Región de Valparaíso deja mucho que desear, lo cual sin duda no mejoraría si tenemos que sumar a los usuarios de las isapres, si eventualmente éstas quiebran. Sólo en nuestra región, las isapres tienen más de 238.219 beneficiarios que se verían obligados a ingresar al sistema público de salud. Por lo mismo, no estamos pidiendo al Ministerio de Salud que se haga cargo de esta situación porque nos preocupen las isapres y sus clínicas, sino que conocemos la salud pública y sabemos que colapsaría si sumamos cerca de 240 mil personas".

"absolutamente inviable"

El parlamentario advirtió que "lo que señala al representante de las isapres en Chile es absolutamente cierto, esta ley corta de isapre, como la presenta el Ejecutivo o la ministra de Salud es absolutamente inviable, (...) el superintendente de Salud señala que son 1.400 millones de dólares. Hoy eso es inviable, hace quebrar al menos dos isapres, pero ¿quién pierde? Los usuarios, porque esto puede llevar a la quiebra al sistema de salud".

Para el diputado Tomás Lagomarsino (P. Radical), también miembro de la comisión de Salud, "que las isapres devuelvan los recursos que cobraban en exceso y que no quiebren es una cuestión que raya lo imposible, sin embargo, se tiene que hacer un esfuerzo para que eso suceda, producto de que el fallo tiene que cumplirse y los efectos que tendría el ingreso a un estado de insolvencia o eventual quiebra de una o más isapres es catastrófico no solamente para el sistema privado, sino para el sistema de salud en general".

Advirtió que "la única alternativa complementaria sería condonar la deuda, pero eso nunca ha estado sobre la mesa, por lo menos entre los parlamentarios que ellos mismos critican".

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta, recordó que "la situación actual no es responsabilidad del Gobierno ni del Congreso, sino de las propias Isapres, que siempre se han opuesto a los cambios, y que han hecho del abuso una manera habitual de actuar, sea por alzas de precios, negativa o restricciones de cobertura".

"debe implementarse"

En ese contexto, añadió, "me parece que existe clara conciencia de todos los actores políticos que el fallo de la Corte Suprema debe implementarse íntegramente y que lo adeudado a las personas debe ser restituido. Para eso el Ejecutivo ha planteado una fórmula que implica gradualidad y en que cada isapre puede proponer su plan de pago. Esta es una propuesta justa y responsable. Acá no hay perdonazo a las isapres, tampoco rescate con fondos públicos ni maximalismos. Espero que el proyecto de ley corta esté despachado antes de 6 meses para darle certeza a las personas, usuarias o clientes de este modelo de mercado que han sido abusadas".

Por su parte, el presidente regional Valparaíso del Colegio Médico, Ignacio de la Torre, planteó que "la prioridad en la Ley Corta debiera estar centrada en ayudar y beneficiar a los usuarios y proteger a los prestadores, por lo mismo, al momento de construir una propuesta de solución a este conflicto, debe existir una mesa de trabajo que convoque y reúna precisamente a los afiliados, a los prestadores individuales, a los prestadores institucionales, y por supuesto a las isapres, y el Gobierno y la Superintendencia debiera funcionar como una verdadera bisagra que permita reunir los intereses de todas estas partes para dar una respuesta que sea oportuna y que sea colaborativa".

A su juicio, "sin lugar a dudas, esta crisis invita o da la oportunidad a repensar y revaluar cómo se financia la salud pública y privada en Chile, de tal manera de generar sistemas que sean viables en el mediano y en el largo plazo, sistemas que permitan entregar una atención oportuna y de calidad a los pacientes, para no tener listas de espera que superan los dos años para una atención de especialista en el sistema público, o para una intervención quirúrgica en el mismo sistema, pero al mismo tiempo para que el sistema privado no pueda beneficiar solamente a aquellos pacientes o personas que son sanas o de bajo riesgo de enfermar".

Repensar financiamiento

Asimismo, De la Torre advirtió que se debe "repensar el financiamiento de las licencias médicas, cómo podemos conseguir que la licencia esté disponible para aquellas personas que tienen una indicación de reposo debido a su condición de salud, que el pago sea oportuno y no tener un sistema que rechaza de manera administrativa reposos que han sido debidamente fundados por los médicos que las emiten".

Por su parte, la presidenta regional Valparaíso del Colegio de Enfermeras, Cibeles González, planteó que "en esta Ley Corta el Gobierno de Chile está entregando una posibilidad de la devolución total a estos afiliados en que las isapres hicieron cobros excesivos, y en ese sentido, la visión es la correcta, o sea, la Isapre debe acatar lo que la Corte Suprema estimó, y el Estado debe ser garante de entregar una salud pública y de calidad".

No obstante, precisó que "como colegio no podemos estar a favor o no estar a favor de la ley, nosotros estamos a favor de los usuarios de la salud, y si esos usuarios tienen dificultades o tuvieron cobros injustificados, aquellas aseguradoras que incumplieron en eso tienen que devolver lo que tienen que devolver".

"Que las isapres devuelvan los recursos que cobraban en exceso y que no quiebren raya lo imposible".

Tomás Lagomarsino, Diputado (P. Radical), Comisión de Salud

"Conocemos la salud pública y sabemos que colapsaría si sumamos cerca de 240 mil personas".

Andrés Celis, Diputado (RN), Comisión de Salud

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