En medio de la lucha contra la delincuencia aparece un desafío importante, la crisis carcelaria. Los establecimientos penales actuales son insuficientes y las proyecciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, advierten que en los próximos meses la población de los penales llegará a 52 mil internos. Esto, en circunstancias que la actual capacidad es para 41 mil recluidos, pero el número ya alcanza a 49 mil.

Lo anterior implica hacinamiento, condiciones de vida indignas para los privados de libertad, recargo para Gendarmería y situaciones de tensión que muchas veces desembocan hechos de sangre con resultado de muerte.

A la vez, cada vez más, crecen grupos de poder que controlan al resto de la población al interior de los penales y hacen más complejo el clima de lugares donde idealmente debería primar el orden y la rehabilitación del delincuente.

Como factores para el aumento de los recluidos está la violencia de la delincuencia, lo que exige prisión preventiva, y la presión social para la aplicación de esa medida.

Según la Cámara de la Construcción, se requiere una inversión de US$ 1.500 millones en el sistema penitenciario ante un déficit de 5.000 plazas. Es cierto, no se trata de llegar al extremo del modelo Bukele, con megapenales, pero hay que mejorar y ampliar los actuales y construir otros. En el caso de Valparaíso, la actual cárcel, en su poco tiempo de existencia, ya está copada. Otros recintos, como el de Limache, datan de principios del siglo pasado, acusando grave congestión.

En parte, la congestión se podría abordar mediante controles efectivos de medidas cautelares como el arresto domiciliario, usando el método de tobilleras de seguimiento electrónico. Ello exige tecnología y personal especializado.

Sin embargo, es ineludible la ampliación de la infraestructura penitenciaria, considerando por un lado la dignidad de los recluidos y, por otro, la importancia del cumplimiento efectivo de las penas como un medio disuasivo para recuperar la seguridad perdida que justamente demanda la población.

Que el alcalde de Valparaíso siempre se las ingenia para dar que hablar, no hay duda alguna. Referirse al proceso del domingo como "una de las elecciones de los últimos años más intrascendentes" hace recordar la fábula de Esopo de la zorra y las uvas, en la que ésta, al no conseguir engullir un apetecible racimo, pronunció con amargura: "Ya no las quiero porque están verdes".

Pero más allá de lo literario, se percibe también una contradicción interna entre quien, por un lado, se dice demócrata, pero al mismo tiempo rebaja o minimiza el valor del voto ciudadano, incongruencia similar a la de preferir métodos autoritarios para combatir las imperfecciones de la democracia representativa (conviene recordar que el autor de la frase es parte de un movimiento que busca "reivindicar la fuerza transformadora de la revuelta", exhibiendo con ello una mayor disposición a reivindicar la movilización callejera que a resolver los conflictos sociales por la vía electoral).

La propia negatividad que hay en descalificar un acto eleccionario demuestra también que no estamos en presencia de una concepción política verdaderamente propositiva y que la misma no tiene tanto que ver con nuevas ideas, sino con alimentarse del desprestigio de las instituciones. Se trata de administrar la crisis de la democracia representativa, puesto que si nadie cree firmemente en ella, es natural que triunfe quien se despreocupa de ésta.

Lo más peligroso es, sin embargo, el tinte de ilegitimidad que hay tras la idea de condicionar el valor de las elecciones a determinados fines y no al propio valor de la democracia. "A cuatro años del estallido, no hay ninguna de las demandas que se instalaron, educación, vivienda, salud, pensiones, seguridad, que hayan sido resueltas. La gente percibe, percibimos, que el país no está mejor que hace cuatro años". Sharp dixit.

De este modo, se insinúa que apelar a estos motivos es lo único que cuenta, mientras que las elecciones vendrían a ser instrumentales, de modo que éstas sólo valen en la medida que sirvan a los fines mencionados, o de lo contrario, no pasan de ser intrascendentes. Es en el fondo la victoria del caos jurídico donde lo que cuenta no son las instituciones democráticas, sino la fuerza de los seguidores de un determinado movimiento y su fe en determinados fines.

Esta es la gran amenaza para nuestra democracia, a saber, el riesgo de irrupción de un ethos fascista en la práctica política y cultural. Y es responsabilidad de todos evitar que ello ocurra.