La postergación de la Corte Suprema por seis meses del fallo que exige la restitución de cobros indebidos a los usuarios de isapres por 1.400 millones de dólares sólo parece haber alargado la agonía del sistema de salud privado, habida cuenta de que cualquier plan de pago que éste pueda presentar en respuesta a la Ley Corta del Gobierno ingresada esta semana al Congreso sencillamente significará la quiebra de las isapres, con el consecuente cese de operaciones de las coberturas de salud.

En la Región de Valparaíso, que cuenta con 142.440 cotizantes -quienes serían los beneficiarios de una teórica devolución de excedentes- y 95.779 cargas, serían entonces 238.219 los usuarios que entrarían de golpe al sistema público de salud con las lógicas y desastrosas consecuencias que ello implicaría.

La disyuntiva no es fácil: ¿salvar el sistema privado de salud al costo de incumplir la ley o aprobar un impresentable "perdonazo" o salvataje a la irresponsabilidad de las isapres? ¿O, sencillamente, dejarlas caer y asestar uno de los golpes más simbólicos de nuestra historia a la mercantilización de la salud, una de las banderas de lucha y de principios del actual gobierno?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó este viernes la opción del salvataje, pidió paciencia respecto del cumplimiento del fallo, en tanto La Moneda apuesta desesperadamente por el fortalecimiento y modernización de Fonasa para hacer frente al alud de pacientes que podría comenzar a recibir antes de fin de año.

Tampoco parece contribuir mucho la desafiante actitud de las isapres, las que ayer por medio del presidente de la Asociación, Gonzalo Simon, calificó el proyecto de Ley Corta como "un engaño, que sólo conducirá por la fuerza a un monopolio estatal", lo que fue respondido inmediatamente por la ministra Vallejo, quien a su vez tildó los dichos de Simon como una "desfachatez".

Finalmente, pase lo que pase, y como ha sido la tónica de los últimos años, los únicos afectados serán los usuarios, quienes serán los que cargarán con el costo de salvar la industria o de quedarse sin la previsión de salud por la cual han pagado durante toda su vida.

Hoy celebramos en Chile el "Día de las Madres", conmemoración que se remonta a la antigua Grecia y que en la actualidad nos reúne como familia para agradecerles mediante distintos gestos de amor. Las madres representan el cuidado, la protección, el apoyo incondicional, el respeto y, por cierto, el soporte para lograr la autonomía. De la misma manera, metafóricamente, la Universidad de Playa Ancha comparte estos valores y principios, reconocimiento que estudiantes y egresados expresan con orgullo a través de la locución "Alma Mater".

Es así como una de las funciones esenciales de la Universidad de Playa Ancha es colaborar en la formulación e implementación de estrategias y de políticas públicas que contribuyan en el bienestar y protección de las personas que forman parte de la sociedad, con especial compromiso con quienes habitan en esta región, tal como explícitamente lo patenta la misión institucional.

En coherencia, a partir de la comprensión compartida de las necesidades y problemáticas del territorio, como universidad estatal hemos construido colaborativamente proyectos de vinculación con el medio con agentes del entorno para aportar activamente al desarrollo de la región, involucrando las actividades académicas, el deporte, el arte, la cultura y la investigación con el territorio, para lograr una formación pertinente y conectada con la sociedad, sello distintivo de nuestra institución.

Contribuir con las comunidades escolares ha sido por décadas una de nuestras prioridades. Actualmente, el descenso de los aprendizajes esperados y el malestar emocional en la infancia y adolescencia son problemáticas relevantes que nos preocupan y ocupan. Como institución, reconocemos la importancia de la construcción colaborativa de estrategias educativas permanentes que permitan mejoras incrementales, siendo para ello fundamental abrir espacios de diálogo sistemáticos con distintos actores que conforman el ecosistema público, el sector privado y organizaciones sociales, así como el apoyo de expertos y expertas nacionales e internacionales.

Estos proyectos se suman a cuatro iniciativas institucionales vigentes, enfocadas en temáticas de liderazgo comunitario, educación socioemocional, salud comunitaria y biorremediación de suelos, las que han sido financiadas por el Ministerio de Educación.

Como universidad estatal comprometida y conectada con la región, consideramos que el vincularnos nos proporciona la oportunidad de demostrar que nuestras contribuciones tienen un impacto positivo en los aspectos sociales más apremiantes, relevando y dando sentido a las investigaciones y artículos científicos, documentos que sustentan la formulación de políticas públicas y que potencialmente podrían aportar a resolver problemas urgentes que enfrentan nuestros vecinos y vecinas.

Nuestra universidad agradece a todas las personas que han apoyado y participado en el desarrollo de los proyectos y programas de vinculación con el medio, quienes con su compromiso ayudan a construir la región que soñamos, sueño inspirado en todas las madres.

El pasado 20 de abril, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los alcances de la Estrategia Nacional del Litio, detallando que se trataría de un conjunto de medidas que buscan incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor al sector productivo en armonía con las comunidades, tendiendo dentro de sus acciones la creación de una Empresa Estatal del Litio, que involucraría la participación del sector privado en todo el proceso productivo.

En esta línea, creo que las ideas generales que propone el Presidente son correctas y apropiadas; sin embargo, denota un sesgo político, no dando lugar al libre mercado, como lo conocemos hoy, ya que dice claramente que el Estado de Chile tendrá el control sobre todas las operaciones en la cadena de valor del litio, pese a que involucra la participación privada en el proceso productivo. Creo que tanto involucramiento estatal pondrá algunas barreras para que privados internos o externos quieran invertir y entregar su conocimiento para, por ejemplo, fabricar baterías de litio en Chile.

En la década del 70 y hasta los primeros años de los 80 se producían muchas cosas en Chile: autos, radios, equipos 3 en 1, minicomponentes, televisores, teníamos textiles, etc. Pero llegó el momento en que los costos para seguir produciendo esos bienes superaron el valor de su importación desde países emergentes, tales como Taiwán, Hong Kong y Japón.

Hoy los mercados son más inalcanzables para nosotros en términos de bienes tecnológicos, como autos, radios, minicomponentes, televisores, celulares y otros equipos mayores, ya que producir en China, Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur e India, entre otros tantos países asiáticos, es muy barato respecto de intentar producir esos mismos productos en Chile, ya que nosotros tenemos leyes laborales estrictas, leyes medioambientales, sueldo mínimo, cosas que en esos países no existen o son mínimas.

En Chile tenemos el conocimiento para producir cualquier bien o servicio de los que presentan los países asiáticos, pero a un costo que no nos permitiría ingresar al mercado y ser competitivos. Y en esta lógica, me pregunto: ¿es necesario que el Estado de Chile participe de tal manera de tener el control de todas las operaciones que involucren el litio? Desde el bombeo de los salares hasta "producir baterías en Chile", ¿podemos realmente ser competitivos en la fabricación de baterías de litio? ¿Podremos competir con China, Corea del Sur e India en este mercado?