Redacción

Con 69 votos en contra y 55 a favor del proyecto de acuerdo para notificar a La Moneda de una supuesta "incapacidad para llevar adelante el resguardo de la seguridad y el orden público interior", Carolina Tohá, la ministra del Interior, enfrentó con éxito la interpelación que dirigió Andrés Longton (RN) en la Cámara de Diputados.

"La seguridad no tiene color político", afirmó Tohá tras la instancia, aunque también aseguró "uno siempre queda con la sensación de que podríamos hacerlo mejor".

El diputado Longton, por su parte, destacó que la secretaria de Estado "no vino a exponer, sino que a responder. Valoro eso", aunque señaló que quedó "con un sabor amargo en algunas respuestas (...) Cuando uno escucha a la ministra y sale a la calle, la sensación es completamente distinta. Si la gente está atemorizada, y atemorizada no es sólo ser víctima de un delito, también hay temor de una agenda de seguridad que es precaria y mezquina (...) El programa de gobierno era una agenda de impunidad".la interpelación

La instancia se extendió por más de una hora y media en que la ministra fue consultada por los 12 puntos de la acción impulsada por Chile Vamos.

Tohá, que estuvo acompañada por cinco de sus pares, abordó una a una las preguntas de Longton, la mayoría asociadas a la crisis de seguridad.

Los grandes puntos estuvieron en torno a la agenda legislativa en esta materia, al plan Calles Sin Violencia, a los ataques en la macrozona sur y a la gestión de Tohá en Interior.

Uno de los primeros temas abordados fue el de la migración, donde se dio un intercambio de cifras entre Longton y Tohá, luego de que la ministra planteara que el año con mayor inmigración irregular fuera el 2021 en el Gobierno de Sebastián Piñera y que bajo el actual Gobierno "hay 56% menos personas atravesando la frontera de manera irregular".

"Es cierto que el 2021 tiene el récord de más ingresos irregulares al país. Pero usted, ministra, tiene el récord de menos expulsiones de migrantes irregulares de la historia, con 24 migrantes expulsados y solamente dos venezolanos. Ese es un triste récord", replicó el diputado, apuntando al 2022.

Tohá, si bien admitió que la normativa establecida por el Congreso ha dificultado la expulsión de migrantes irregulares, aseguró que los expulsados el año pasado fueron 31 y que en lo que va del 2023 son 143.

Respecto a los episodios de violencia en la macrozona sur, Longton exhortó a la ministra a admitir "que hay terrorismo" en La Araucanía y exigió explicaciones por la no invocación de la ley antiterrorista.

Ante esto, Tohá recordó que el propio Presidente ha admitido que hay "acciones de carácter terrorista en La Araucanía (…). Esa es la opinión oficial del gobierno del presidente Boric y su ministra del Interior".

Longton afirmó que, mientras se desarrollaba la interpelación, se daba a conocer un nuevo ataque en Quechereguas, en una muestra del recrudecimiento de la situación. Hoy, justamente, se cumple un año de aplicación del nuevo Estado de Excepción en la zona.

Sobre la ley antiterrorista, Tohá señaló que "cada vez que se invoca, impide avanzar en los procesos legislativos. Es una legislación que está mal formulada, porque obliga a demostrar el ánimo del que cometió el delito; normalmente se fracasa en eso y delitos gravísimos quedan impunes. En los últimos 15 años se han conseguido sólo tres condenas por esta ley".

En esa línea, destacó el gobierno "tiene un compromiso de modificar la legislación antiterrorista".

Sobre la agenda legislativa del Gobierno, aseguró que la mayoría de los proyectos aprobados vienen de la administración de Piñera y que en esta sólo se han aprobado cuatro leyes. Tohá se defendió señalando que, sobre todo en materia de seguridad, la acción legislativa debe tener una mirada de Estado y no de Gobierno. También llamó a "dejar de hacer uso político de las policías".

Uno de los problemas más urgentes -y relevantes- de la esfera pública chilena lo constituye hoy la situación de las isapres. El fallo de la Corte Suprema del que se sigue la obligación de devolver miles de millones de dólares a los afiliados arriesga una crisis del sistema de salud en Chile. Como el sistema es de provisión mixta, si las isapres caen en insolvencia, entonces los enfermos de menores recursos, hasta ahora afiliados a una isapre, se sumarán a las filas del sistema público.

Un ejemplo perfecto -de seguir así las cosas- del viejo adagio que recoge Cicerón: summum ius summa iniuria, la máxima justicia puede causar un máximo daño.

Y un daño no sólo a la salud de los afiliados en su conjunto, sino a la salud de las instituciones que es lo que, en lo que sigue, puede ser útil considerar.

¿Cómo pudo ocurrir esto?

Desde luego -no sería correcto pasarlo por alto- la situación es fruto de una decisión de la Corte Suprema a la que se ha conferido un alcance general que el derecho vigente no admite.

Se trata de un proceso que se inició hace tiempo y que culmina, por ahora, con esta crisis.

Hasta que este fallo se dictó ya se había configurado una situación preocupante, consistente en que los jueces a propósito de casos particulares resolvían cuestiones de política pública. Era, por ejemplo, el caso de personas gravemente enfermas que requerían fármacos muy dispendiosos que la Corte disponía los financiara el Estado. Por esa vía la Corte distribuía recursos públicos escasos atendiendo a un interés particular (dramático es cierto) pero arriesgando el interés general (cuya tutela le corresponde al gobierno y no a los jueces). Como los jueces deben fallar considerando el interés que comparece ante ellos (que es siempre particular), el foro judicial no es el adecuado para resolver cuestiones de interés de todos (cuestiones de bienestar agregado y no individualizado). Pues bien. El fallo de la Corte Suprema que ha ordenado a las isapres la devolución del dinero habido por una mala aplicación de la tabla de factores radicaliza ese fenómeno. El fallo, en efecto, puede ser justo desde el punto de vista de cada afiliado a una isapre o, si se prefiere, desde el punto de vista contractual; pero es obviamente malo desde el punto de vista institucional ¿Por qué? La razón es harto obvia y sorprende que no se haya subrayado. Una regla básica del sistema de justicia la formula el artículo 3 del Código Civil conforme al cual sólo corresponde al legislador interpretar la ley "de un modo generalmente obligatorio", las sentencias, agrega la regla, sólo resultan obligatorias para quienes comparecen al litigio al que mediante ellas se pone fin.

Las sentencias carecen, en otras palabras, de obligatoriedad general. Y los jueces de la facultad de diseñar políticas públicas.

Pero he aquí un fallo que se aparta de esa regla y al que se le atribuye obligatoriedad general, a tal extremo que incluso a una parte de la administración estatal -la Superintendencia de Salud que no participó del litigio- se la declara obligada a cumplir lo que en él se ordena. Y esta última, sometiéndose a ese fallo, solicita incluso se amplíe el plazo para resolver lo dispuesto por la Corte en una sentencia que, de acuerdo al derecho vigente en Chile, no pudo obligarla en sentido jurídico general ni a ella ni por extensión a las isapres que no participaron del litigio al que se puso término mediante la sentencia.

La forma de dirimir una disputa particular requiere un tipo de raciocinio que consiste en adjudicar algo a uno de los litigantes y negárselo a otro a la luz de la información que ambos proporcionan. La forma de decidir una política pública exige otro tipo de racionalidad, una que considere los intereses de todos y atienda a las consecuencias que podrían seguirse de una decisión que pudiendo ser correcta desde el punto de vista particular, acarrea malas consecuencias desde el punto de vista general.

Para decirlo en otras palabras, el interés general exige una perspectiva utilitarista que la consideración de casos individuales no admite. Y por eso tratar la solución de estos últimos como un sucedáneo de la ley o como un equivalente funcional del legislador -que es lo que ha ocurrido en este caso- es una muestra de mala salud institucional.