Hoy, miércoles 17, se vivirá el primero de los tres hitos de la Corporación Regional de Turismo, ya que a eso de las 15.30 horas, en el Museo Pascual Baburizza, se desarrollará la Asamblea Anual de Socios, donde el presidente entregará un balance y se deberá aprobar la Cuenta de la gestión. Junto con ello, se procederá a la renovación parcial del directorio, en el cual los cuatro miembros del sector privado terminan su mandato, procediéndose a elegir a sus reemplazantes.

Actualmente, quienes representan al sector privado son: Pier-Paolo Zaccarelli, de la Cámara Regional de Comercio, quien además se desempeña como vicepresidente del directorio; Verónica Castillo, representante de los hoteleros de Valparaíso; María Teresa Solís, de los hoteleros de Viña del Mar; y Marco Brauchy, de la Cámara de Comercio de Valparaíso.

Ya se han inscrito varios candidatos para tales cupos, quienes en los últimos días se han dedicado a realizar campaña, pidiendo el voto para obtener uno de los cuatro asientos en liza. Quienes han manifestado su interés son: Daniela Feliú, de la asociación gremial Muelle Barón; Mirentxu Vásquez, también de la asociación gremial Avalpo; María Teresa Solís, Hovi (quien va por la reelección); Matilde Ortúzar, de la Cámara de Turismo de San Esteban; Erick Fuentes, de Playa Ancha un Destino; Pamela Lathrop, de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (quien además pretende retener el cupo de Zaccarelli); Verónica Castillo, Hoteles de Valparaíso (también va a la reelección); Drago Domancic, Corporación para el Desarrollo Estratégico de la Provincia de San Antonio; Cristián Paredes, Corporación de Desarrollo Andes; el mítico y sempiterno Mario Agliati, Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca; y Claudia Gajardo, de ProAconcagua.

Todos entienden que esta es una importante oportunidad para que el nuevo directorio se enfoque en los nuevos desafíos de la Corporación, y para ello muchos han expresado que sería importante tener nuevos rostros y especialmente que no se concentren en Valparaíso y Viña del Mar. Quien ha recibido muchas muestras de apoyo es el longevo Agliati, quien les ha dicho a sus cercanos que le interesaría poder aportar su experiencia a la CRTV. Otra que ha concitado bastante apoyo transversal es la actual directora Verónica Castillo, ya que su actitud crítica respecto de las políticas también ha conjugado con su postura activa para la promoción de su sector.

Los otros cuatro miembros en ejercicio son: la exconsejera regional Sandra Miranda (cupo PPD); el director de Santiago Wanderers, Gianni Rivera, quien representa a la bancada de la Democracia Cristiana, además oficia de segundo vicepresidente; el gestor cultural Rafael Torres, designado por la UDI; y el empresario hotelero Alejandro Bernales, propuesto por Renovación Nacional. Es precisamente en estos cuatro nombramientos donde la CRTV se juega su segundo hito, más aún después de las graves acusaciones de solicitud de incentivos que se vertieran contra el director Rivera y que a la fecha no han sido probadas. En el Consejo Regional están conscientes que deben realizar el proceso de renovación o ratificación de los integrantes y para ello se vislumbra un acuerdo a la vuelta de la esquina, lo que garantizaría la participación del principal aportante económico de la Corporación.

Pero todo finalizará con el tercer hito: éste será cuando se reúna el directorio con los ocho nuevos miembros, presididos por el gobernador Mundaca, pues será en esta instancia donde se debe conformar la nueva mesa, pero también fijar los ejes de los próximos cuatro años de la Corporación, como también así la ratificación o modificación del equipo ejecutivo de la CRTV, donde existen mucho interés desde varios partidos que han visto en esas designaciones un buen lugar de posicionamiento para sus rostros.

¿Debe existir una justicia constitucional? ¿Hasta qué punto una generación puede obligar a las generaciones futuras mediante un texto político? ¿Es razonable que los jueces impongan valores sociales fundamentales?

La fundamentación clásica de la justicia constitucional (Hamilton) descansa en la idea de Bodino de distinguir entre la soberanía y su ejercicio. Así, mientras la soberanía es ilimitada, su ejercicio no lo es. En un régimen democrático ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido, pues si así fuera, el mandatario ejercería un poder superior al del mandante (el pueblo). Y dado que el Poder Judicial es el menos peligroso de los tres poderes estatales, es razonable que exista una justicia constitucional.

Kelsen agrega que la Constitución no es sólo una regla de procedimiento, sino también de contenido. La anulación de un acto inconstitucional es la garantía principal y más eficaz de una Carta Fundamental. Esta función anulatoria no puede ser ejercida por el Parlamento, sino por un órgano independiente que falle conforme a derecho, aun cuando sus decisiones puedan tener importantes efectos políticos.

En cuanto a la rigidez de la Constitución, Ackerman distingue entre dos tipos de decisiones políticas: las tomadas por el pueblo mismo y las tomadas por el gobierno. Si la decisión política es del pueblo (en ciertos momentos constitucionales), la Constitución sólo puede ser reformada, y es deber de la justicia constitucional preservar la voluntad popular.

J. Elster y S. Holmes, por su parte, consideran que es lícito comprometer a las generaciones futuras mediante una Constitución más o menos rígida, pues el precompromiso no implica necesariamente una atadura, sino que puede ser también un acto creador. Por medio de una Constitución, la generación A puede ayudar a la generación C a protegerse de ser vendida en esclavitud por la generación B. La Constitución no es sólo una atadura: es también una oportunidad para configurar realidades sociales.

Sobre la imposición judicial de valores fundamentales, J. H. Ely la rechaza, pues los representantes elegidos expresan mejor los valores convencionales que los jueces. La justicia constitucional debe existir, pero sólo para controlar el proceso de toma de decisiones, limitándose a la vigilancia del proceso de representación; al despeje de canales para el cambio político; y a facilitar la representación de las minorías.

Owen Fiss, en cambio, defiende que la tarea del juez debe ser vista como la de conferir significado a nuestros valores públicos, y que la adjudicación debería ser concebida como el proceso mediante el cual se revela o se construye este significado. La función esencial de la judicatura es dar significado a nuestros valores constitucionales.

Si no queremos repetir la experiencia del actual Tribunal Constitucional, conviene reflexionar sobre estas preguntas y el mejor diseño para la justicia constitucional.