Un grupo de gobernadores regionales, entre ellos Rodrigo Mundaca, se reunió con el Presidente Gabriel Boric y algunos ministros para pedir que el Gobierno acelere el proceso de regionalización en aquellos ámbitos comprometidos por el Mandatario cuando era candidato y estipulados en el programa que presentó a la ciudadanía en ese ya lejano segundo semestre de 2021. A los jefes regionales les importa, sobre todo, que Boric cumpla con la eliminación de los delegados presidenciales, el principal obstáculo, creen ellos, a una relación más fluida y directa con el gobierno central. Esta falta de reconocimiento y vinculación, advierten los gobernadores, queda patente en el simple hecho de que muchos de ellos no conocen a los mismos ministros que mediante oficio piden recursos a los gobiernos regionales para materializar proyectos contenidos en sus carteras.

Esto ocurrió ad portas del ingreso ayer de la ley de rentas regionales, el anhelado mecanismo de financiamiento que permite a las regiones cortar el cordón umbilical que mantienen con Santiago y sustentar sus finanzas en recursos propios, creados a partir de impuestos territoriales, traspasos del Tesoro Público y un mecanismo de endeudamiento que genera resquemor en algunos analistas, porque la historia económica de otros países ha demostrado los riesgos de permitir el crecimiento de pasivos regionales sin control central.

Si todo esto se cumple antes de octubre del próximo año, la elección de gobernadores de 2024 tendrá un atractivo inédito y los candidatos elegidos, un capital político capaz de rivalizar con cualquier liderazgo nacional. ¿Cómo ha sido la gestión de los gobernadores hasta ahora? Esa es la pregunta que deberá reflexionar la ciudadanía en los próximos 17 meses, antes de ungir con el voto a la próxima autoridad regional.

El proceso constituyente sigue su curso y las elecciones de los miembros que conformarán el Consejo Constitucional, llevadas a cabo el domingo 7 de mayo, marcaron un hito importante en este camino. Resultado algo predecible para algunos, algo sorpresivo para otros, el hecho es que la contundente victoria obtenida por el Partido Republicano, logrando una mayoría que no se veía en muchas décadas en nuestro país, los pone en el timón para guiar y liderar este proceso hasta el final.

Esto, sumado a los escaños obtenidos por Chile Seguro (compuesto por la UDI, RN y Evópoli), deja a la derecha con 34 asientos en el Consejo, lo que le otorga el control completamente absoluto del proceso, pudiendo aprobar y rechazar normas y, finalmente, el texto completo de la futura propuesta de Constitución, con total independencia del resto de los integrantes del Consejo y de la Comisión Experta.

A varios ha asaltado la duda de cómo esto es posible, pero lo cierto es que los 34 consejeros electos alcanzan los quorums de tres quintos y dos tercios, necesarios para aprobar y rechazar todas las normas al interior del organismo.

En tanto, la comisión mixta se conformará con seis integrantes de la Comisión Experta y seis del Consejo Constitucional, propuestos por cada mesa y ratificados por el pleno. En la eventualidad que la comisión mixta no llegara a un acuerdo, los expertos podrán plantear una nueva solución, la cual también deberá ser aprobada por el Consejo por tres quintos. Finalmente, luego de la votación de cada norma, se debe aprobar la totalidad del texto por el mismo quorum.

Como vemos, la hegemonía es total y los resultados obtenidos en la pasada elección sí entregan el control completo al sector que obtuvo la victoria en las urnas y elegido por mayoría.

Ahora bien, recordemos que a fin de salvaguardar vicios y aberraciones cometidas en el fracasado proceso constituyente anterior, esta vez el acuerdo alcanzado dispuso que la propuesta de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá contener, a lo menos, ciertas bases institucionales y fundamentales. Esto será supervigilado por el Comité Técnico de Admisibilidad, ante el cual podrán formular requerimientos los miembros de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional por dos quintos y un quinto de sus integrantes respectivamente, ante la contravención u omisión de estas bases.

Será muy interesante ahora, ver cómo este nuevo escenario afecta el devenir de la propuesta que realizarán los expertos, que se encuentran en plena discusión y votación de las enmiendas hechas en las distintas comisiones. En educación, es de suponer al menos, que las proposiciones presentadas por un ala del oficialismo, con olor y sabor al proyecto anterior ya rechazado, se vayan moderando para alcanzar un buen texto de unidad.

Las volteretas del Gobierno terminaron por generar un vuelco electoral a dos años de la anterior elección de convencionales constituyentes. Ahora que están al otro lado de la tortilla, esperan que las minorías sean debidamente escuchadas. Esperemos que esta vez se dé una lección de buena política, y que, por el bien de Chile, así sea.