"A pesar de que las corporaciones están reguladas como de carácter privado, estas administran bienes públicos destinados a tareas específicas dadas por la ley, siendo parte del erario municipal su vía de financiamiento (…). Lo anterior ha sido descrito como un riesgo". La frase está contenida en un proyecto de ley presentado por los diputados Karol Cariola, Tomás Hirsch (A), Claudia Mix, Catalina Pérez, Alejandra Sepúlveda, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, con el objetivo de modificar "distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales". La iniciativa, que está en su primer trámite constitucional, surgió luego que varios casos de corrupción involucraran el mal uso de recursos públicos en estas organizaciones. Asociaciones de municipios y excontralores de la República también coinciden en los riesgos que implica la gestión de recursos públicos por esta estructura administrativa. Pese a todo ello, algunos municipios insisten en usarlas como fórmula jurídica. Sienten que a través de ellas pueden acceder a más recursos, actuar con mayor rapidez, flexibilidad y de forma directa, temas que están vedados a la orgánica municipal.

El debate vuelve a surgir ahora, que el municipio de Viña del Mar ha confirmado el pronto arribo de una "Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible", cuyos objetivos serían "fomentar obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social". La idea causa resistencia en la Cámara de Comercio Detallista, que mira con sospechas que el municipio viñamarino se inmiscuya en tareas propias del sector privado.

Sin embargo, el dilema que enfrentan Viña del Mar y otras comunas es más de fondo y corresponde a las evidentes deficiencias que muestra la actual orgánica municipal para dar respuesta adecuada a los objetivos planteados por administraciones comunales cada vez más ambiciosas en sus compromisos con la comunidad. Este proceso alimenta, por un lado, la necesidad de llevar al límite la institucionalidad municipal y, por otro, la urgencia de aplicar mayor control a los fondos públicos. En esta disyuntiva, la alcaldesa Macarena Ripamonti se decidió por la primera opción.

Vivienda y entorno, condiciones laborales, ambiente de negocios, conectividad, salud y medioambiente son algunas de las variables medidas en el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), de la Cámara Chilena de la Construcción y la PUC, presentado hace unos días. Se trata de un análisis enfocado en detectar las brechas en 99 comunas, información útil para que el sector público y privado lleven adelante acciones en beneficio de las comunidades.

La priorización de nuevas inversiones y enfrentar temas como la vulnerabilidad social y la desigualdad son el principal foco para alcanzar un bien cada vez más valorado: el bienestar territorial. Dentro de este concepto es fundamental para la comprensión de los resultados de este ICVU, empoderar a los ciudadanos para que conozcan qué significa vivir mejor y qué nos hace ser más felices en las ciudades.

La "felicidad espacial" es un concepto que implica conseguir emociones positivas en nuestros espacios construidos. Un indicador que habla de esto es el acceso a la naturaleza -áreas verdes, parques o lugares de esparcimiento-, como también una buena conectividad a través de un transporte público sustentable; una mayor seguridad en las calles y barrios integrados donde las personas habiten viviendas adecuadas, entre otros parámetros. Se trata de que existan "ciudades y comunidades sostenibles", uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU en 2015.

En lo concreto, para mejorar la calidad de vida en las comunas, instituciones como las municipalidades y los gobiernos regionales deben contar con recursos. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la descentralización para generar políticas públicas y priorizar la infraestructura requerida en las regiones, que es lo que finalmente impacta favorablemente en los resultados, especialmente considerando que cuatro de cada diez comunas posee una calidad de vida urbana "baja".

También debemos enfocarnos en no perder la batalla frente al cambio climático y la necesidad de lograr inversión en sistemas de captación de agua. En cuanto a conectividad, se requiere invertir de forma urgente en otros modos de transporte, como son el ferrocarril, el cabotaje marítimo y los puertos.

Otro punto se refiere al problema habitacional. Necesitamos transitar de una vivienda propia hacia un sistema de arriendo, para lo cual se requiere un Estado -a través de los municipios- con mayores recursos y propiciar una alianza público-privada fuerte.

Como resultado del ICVU, las ciudades que registraron una mejora en el ranking fueron Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Varas, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Rancagua y Machalí. Estas urbes tienen en común su relación con los paisajes naturales y rurales, lo que sumado a buenos indicadores en lo ambiental, educacional, salud y empleabilidad, entre otros, conforman comunas que han elevado sustantivamente la calidad de vida de sus habitantes.