El problema con las corporaciones
El continuo interés de los municipios por crear estos organismos choca con los evidentes problemas de transparencia que tienen.
"A pesar de que las corporaciones están reguladas como de carácter privado, estas administran bienes públicos destinados a tareas específicas dadas por la ley, siendo parte del erario municipal su vía de financiamiento (…). Lo anterior ha sido descrito como un riesgo". La frase está contenida en un proyecto de ley presentado por los diputados Karol Cariola, Tomás Hirsch (A), Claudia Mix, Catalina Pérez, Alejandra Sepúlveda, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, con el objetivo de modificar "distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales". La iniciativa, que está en su primer trámite constitucional, surgió luego que varios casos de corrupción involucraran el mal uso de recursos públicos en estas organizaciones. Asociaciones de municipios y excontralores de la República también coinciden en los riesgos que implica la gestión de recursos públicos por esta estructura administrativa. Pese a todo ello, algunos municipios insisten en usarlas como fórmula jurídica. Sienten que a través de ellas pueden acceder a más recursos, actuar con mayor rapidez, flexibilidad y de forma directa, temas que están vedados a la orgánica municipal.
El debate vuelve a surgir ahora, que el municipio de Viña del Mar ha confirmado el pronto arribo de una "Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible", cuyos objetivos serían "fomentar obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social". La idea causa resistencia en la Cámara de Comercio Detallista, que mira con sospechas que el municipio viñamarino se inmiscuya en tareas propias del sector privado.
Sin embargo, el dilema que enfrentan Viña del Mar y otras comunas es más de fondo y corresponde a las evidentes deficiencias que muestra la actual orgánica municipal para dar respuesta adecuada a los objetivos planteados por administraciones comunales cada vez más ambiciosas en sus compromisos con la comunidad. Este proceso alimenta, por un lado, la necesidad de llevar al límite la institucionalidad municipal y, por otro, la urgencia de aplicar mayor control a los fondos públicos. En esta disyuntiva, la alcaldesa Macarena Ripamonti se decidió por la primera opción.