Equipo Crónica

El 12 de enero de este año, la abogada y militante del PPD Maricel Martínez Vicencio asumió como delegada presidencial provincial de San Felipe. Sin embargo el viernes, tras participar en una reunión de delegadas y delegados en Quillota para coordinar materias de seguridad, presentó su renuncia al cargo.

En un escueto comunicado enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se confirmó la salida de Martínez, y se dio a conocer de paso que la delegación será subrogada por Cristian Aravena, que ejerce el cargo en Los Andes también.

Supuesta causa

Sin embargo, la profesional oriunda del Valle del Aconcagua presentó su renuncia en medio de una polémica en que se le acusa de no pago de pensión alimenticia.

Según la radio Fuerza Informativa Aconcagua, tuvo acceso a dos causas judiciales que la involucraban. Una se trataba de un accidente de tránsito, donde pedía una indemnización tras sufrir dolores en un dedo; y la otra, una demanda interpuesta en su contra por el padre de sus dos hijas por no pago de pensión de alimentos, por un monto cercano a los 15 millones de pesos.

El citado medio indicó también que el miércoles, Martínez habría logrado un acuerdo con la contraparte y pagó, al contado, una suma cercana a los 10 millones de pesos, que quedó reflejada en la causa del Tribunal de Familia de Santiago, donde está radicada.

Al respecto, tras su salida del cargo, Maricel Martínez realizó una declaración pública en que desmiente todos los hechos. "Como mujer, madre y funcionaria pública, he sufrido el machismo, la misoginia, maltrato y la persecución de algunos medios de comunicación, quienes sin poder cuestionar mi desempeño en el cargo en estos cuatro meses, han atacado mi vida familiar", comienza.

Según dice en el texto, "no tengo causas pendientes en Tribunales de Familia vinculadas a deudas en el pago de pensión de alimentos, así como también lo ha aclarado el padre de mis hijas".

Y añade: "Mantengo una relación cercana y afectiva con mis dos hijas que son mayores de edad, como también con mi nieto. Mi hija mayor vive y trabaja en la ciudad de San Felipe, la menor estudia en una Universidad en Santiago, a quienes como madre siempre he apoyado. Soy divorciada y la relación con mis hijas y su padre ha sido de respeto, compartida y responsable".

"Por esta situación he decidido renunciar al cargo que desempeñaba, reafirmando haber trabajado con plena convicción en las tareas encomendadas y contribuido al desarrollo del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a quien agradezco su confianza por haberme nombrado Delegada Presidencial de la Provincia de San Felipe de Aconcagua", finaliza la ahora exdelegada presidencial provincial.

La llegada de Martínez al cargo había sido recibida con gran alegría en la zona, luego que el Presidente Gabriel Boric pidiera la renuncia a la abogada Scarlett Valdés Pizarro -a la que algunos personeros de la provincia consideraba "afuerina" por provenir de Quilpué-, y que salió en enero, producto de la incomodidad que produjo en La Moneda sus "lúdicas" publicaciones en su cuenta de Instagram.

"No tengo causas pendientes en Tribunales de Familia vinculadas a deudas en el pago de pensión de alimentos, así como también lo ha aclarado el padre de mis hijas".

Maricel Martínez, Exdelegada de San Felipe

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau Quintero Puchuncaví en contra de la empresa Aguas Pacífico SpA, con el que pretendían frenar la construcción de una planta desaladora a la entrada de Puchuncaví. Según especificaron, también buscaban conseguir una orden de no innovar mientras el recurso se analizaba.

Felipe Olea, abogado de la Federación, afirmó que la instalación se encuentra operando de manera ilegal, y que el recurso lo presentaron entendiendo que "la empresa se halla realizando operaciones sin todos los permisos necesarios para desarrollarlas". Por lo que el recurso buscaba, según detalló, "obtener la paralización de las obras hasta que esto no se regularice, como también solicitarle -en este caso al alto tribunal porteño- que en virtud de sus facultades exigiera que la empresa informe bajo qué autorizaciones seestán desarrollando estas tareas, para que quedara en evidencia que efectivamente existe un incumplimiento".

La Corte de Apelaciones en fallo dividido de dos contra uno dictaminó que "atendido el mérito de los antecedentes, los términos en lo que se han expuesto los hechos, en el sentido que a los recurrentes no les constaría el cumplimiento de las exigencias legales y administrativas del proyecto recurrido, estimando estos sentenciadores que en el recurso en análisis no se señalan con claridad hechos que puedan constituir vulneración a derechos que se encuentren protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional", por lo que se "declara inadmisible el recurso de protección interpuesto al inicio".

A través de un comunicado, la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau anunció su intención de apelar la decisión y llevar el caso hasta la Corte Suprema si es necesario. Los pescadores consideran incomprensible que no se reconozca el impacto negativo que las obras tendrían sobre su comunidad y el entorno natural.