El Parlamento cubano tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y ONG temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los digitales no oficialistas que quedan dentro del país.

Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley sólo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista (PCC, único legal). Así lo establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que éstos no pueden "desestabilizar el Estado socialista". Y que el sistema de comunicación "actúa conforme al Estado socialista" siguiendo el "ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de (...) Marx, Engels y Lenin".

El periódico Juventud Rebelde -que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas- afirmó esta semana que el proyecto "se inspira en el legado" de "Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución".

Cuestiones como esas han encendido las alarmas en distintas organizaciones internacionales, quienes afirman que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.

Desde el Gobierno se defiende la importancia de la ley, la primera en su tipo, y se subraya que esta versión, que será votada el próximo jueves, es la número 34 -la anterior iba a ser aprobada a finales de 2022 y se aplazó por la "complejidad" del tema- y eso deja ver, insisten, que surge de un intenso debate interno. También destacan novedades con respecto a versiones previas, como que se permitirá por primera vez la financiación por publicidad.

Independientes

En ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de ellos surgidos durante el llamado "deshielo" (el acercamiento entre EE. UU. y Cuba de 2014 a 2017) y que, en su mayoría, han dejado el país en los últimos años tras presiones de la Seguridad del Estado.

"Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado", censura en entrevista con EFE Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.

Esta crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba: "No les reconoce su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado".

Tanto Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde el extranjero. No obstante, Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas, y quien formó parte de las discusiones internas que dieron pie al texto final, discrepa de las críticas y argumenta que los medios independientes sólo son "antigobierno", según explicó a EFE. En su opinión, en el texto se establece la posibilidad de que crear medios de comunicación fuera de la órbita estatal.

La emblemática Fontana di Trevi de Roma no ha sufrido daños después de que un grupo de activistas contra el cambio climático arrojara un tinte negro a sus aguas, según explicó ayer el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, al visitar el monumento.

El líquido negro vertido en el agua, a base de carbón, acabó depositado en la base impermeable de la fuente, lo que impidió que manchara el mármol.

"Según una primera verificación no hay daños permanentes porque la pintura negra acabó en el material impermeabilizado y no en el mármol por lo que debería ser posible limpiarla. El problema es cuando llega al mármol, que es poroso", ilustró el regidor a los medios.

Gualtieri celebró que gracias a la "rápida" acción de la policía los activistas solo pudieron verter dos de los "numerosos" botes de tinte que llevaban consigo.

La acción tuvo lugar ayer cuando nueve activistas del colectivo "Ultima Generazione" contra el cambio climático tiñeron de negro las aguas de la monumental Fontana, obra maestra del Barroco romano y uno de los símbolos de la ciudad en todo el mundo.

Acto seguido entraron en su vaso y desplegaron una pancarta en la que exigían dejar de invertir en combustibles fósiles, mientras los turistas que visitaban el monumento reaccionaban con abucheos.

No es la primera vez que estos activistas arremeten contra el patrimonio con acciones como estas.

El pasado 1 de abril, vertieron tinte negro en la histórica fuente de la Barcaccia de la Plaza España de Roma, construida entre 1626 y 1629. Antes, el 17 de marzo, otros dos jóvenes mancharon con pintura naranja el Palacio Vecchio de Florencia, sede del ayuntamiento, y fueron detenidos por el propio alcalde, Dario Nardella. El pasado noviembre arrojaron sopa a un cuadro de Van Gogh de una exposición temporal de Roma y mancharon con pintura "El Dedo" de Maurizio Cattelan.

El Ejército y los paramilitares de Sudán acordaron en la ciudad saudí de Yeda un alto el fuego de siete días para asegurar el flujo de ayuda humanitaria, que será supervisado por los mediadores, Arabia Saudí y Estados Unidos, por primera vez desde el inicio del conflicto, el 15 de abril.

La tregua, alcanzada por el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras semanas de diálogo indirecto en Yeda, entraría en vigor a las 21.45 hora local saudí de hoy lunes (18.45 GMT), "cubrirá todo Sudán" y "puede ser prorrogada tras acuerdo de las dos partes" en conflicto.

En virtud del acuerdo, las partes "facilitarán la llegada y la distribución de la ayuda humanitaria" y actuarán para "restaurar los servicios básicos y retirar a las fuerzas de los hospitales y las viviendas" de los civiles, según un comunicado conjunto saudí-estadounidense, difundido ayer por el Ministerio de Exteriores saudí.

Subrayó que ambos bandos "acordaron facilitar el acceso y el paso seguro de la ayuda y del personal humanitario (...) desde los puertos a los necesitados" para afrontar las consecuencias de los combates que han causado la muerte de más de 700 civiles y heridas a otros más de 5.000, además del desplazamiento interno y externo de más de 1,1 millones de personas, en su gran mayoría mujeres y niños, según la ONU.

Esa será la primera tregua de siete días en Sudán después de la que finalizó el 11 de mayo, mediada por Sudán del Sur, y que -como las numerosas anteriores- no fue respetada por las partes, entre acusaciones mutuas de ocupar y utilizar viviendas e instalaciones civiles para fines militares. El nuevo acuerdo destaca la creación, por primera vez, de una "Comisión de Supervisión y Coordinación" para monitorear el cumplimiento del Ejército y las FAR del cese de hostilidades.