El principal problema de la Región de Valparaíso hoy es el enorme y vergonzoso déficit habitacional que afecta a más de 70 mil familias y que involucra problemas sociales mayores, que están dañando el alma de los ciudadanos, como los campamentos, la marginalidad urbana y la proliferación de tomas.

En este escenario, debemos reconocer que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno es una de las medidas más importantes adoptadas durante los últimos años para enfrentarlo. Además, recientemente hemos tenido buenas noticias, como la reciente entrega en Viña del Mar de las primeras casas industrializadas definitivas, que se instalaron como parte del proceso de reconstrucción de la zona devastada por el incendio de Forestal Sur (dicho sea de paso, viviendas que tardaron sólo 5 semanas en estar disponibles para ser habitadas). Y la primera transferencia de recursos realizada por el Gobierno Regional al Serviu por más de $13 mil millones, para complementar el presupuesto para la ejecución de 13 proyectos habitacionales.

A ello se debe sumar la reciente aprobación de la Ley Miscelánea de Vivienda, que facilita la ejecución del PEH, y la firma de un convenio entre la CChC Valparaíso y la Seremi Minvu, para mejorar la gestión de proyectos en las direcciones de Obras Municipales de los municipios de la región. Este convenio tiene muy esperanzados, tanto a constructores como a profesionales de las DOM, así como a las autoridades sectoriales.

Y si bien todos son pasos importantes que van en la dirección correcta, aún hay muchos desafíos que enfrentar para hacer realidad el PEH. En primer lugar, es crucial contar con una planificación urbana sostenible y de largo plazo, que junto con preservar el medioambiente considere las necesidades de vivienda e infraestructura de las personas y que converse con la planificación interregional con un carácter metropolitano; y con planes reguladores comunales nuevos y propositivos, que se actualicen de manera periódica para reflejar las necesidades actuales y crecientes de la comunidad.

También hay otro desafío importante que enfrentar: el acceso al financiamiento de las empresas. Este es uno de los principales problemas que explican el actual estancamiento del sector, la caída de la actividad y el bajo número de proyectos en la región. Para que la construcción pueda reactivarse y hacer frente a las necesidades de las familias, tanto la banca como el sistema financiero en general, deben hacer una contribución mayor y decidida a las empresas, que son el motor de toda la actividad.

En este escenario, el sector público también debe hacer su parte. Es necesario desterrar la burocracia, la tramitación excesiva e innecesaria y el retraso de los estados de pago por obras contratadas por el Estado. Esto ahoga a las empresas y les impide sacar la cabeza del pozo y asumir nuevos proyectos. Y bien sabemos que la construcción es una actividad multiplicadora que genera empleo y riqueza y es fundamental para el desarrollo de la región.

En este orden de cosas, tampoco podemos permitir que las reparticiones del Estado vinculadas a la vivienda y a la infraestructura social -como el Serviu y el MOP- no ejecuten sus presupuestos, no realicen buenos proyectos o fracasen en sus licitaciones, porque esos son recursos de las familias chilenas.

Por todo esto, tanto los actores públicos como los privados, que tenemos la obligación de hacer buenos proyectos y cumplir estrictamente las normas, debemos asumir el deber ético de enfrentar el problema de la crisis de acceso a la vivienda de las familias de la región con un sentido de urgencia, buena voluntad y compromiso social genuino, y sin hacer política con sus necesidades.

Además, es fundamental que se promueva la innovación y el uso de tecnologías modernas en la construcción de viviendas, que permitan reducir costos y tiempos de ejecución, sin sacrificar la calidad y seguridad de las edificaciones.

Es por todo esto que como gremio hoy proponemos dotar a la tramitación de proyectos de vivienda en las diferentes instancias correspondientes, tanto del sector público como del privado, de un "sello social". Que este sea un sello que las distinga y asegure un tratamiento prioritario y expreso del proyecto habitacional, extendiendo la conciencia que se trata de viviendas que vienen a solucionar un drama de muchas familias.

Este "sello social" debe representar la prioridad del Estado de Chile para esos proyectos y expresar un compromiso real y decidido de todos los actores involucrados, tanto públicos como privados, y también de las organizaciones sociales, para avanzar a paso rápido y decidido para cumplir la meta presidencial de 260 mil viviendas nuevas en el país para el término de este período (31 mil para la Región de Valparaíso).

Pero más allá de eso, este "sello social" debe ser una herramienta que nos permita cumplir la obligación moral que como sociedad tenemos con estos cientos de miles de familias que en el país y en la región hoy esperan por ese techo digno que hemos prometido tantas veces y por la calidad de vida que merecen.

Por todo esto, es importante que todos los actores trabajemos juntos y unidos para hacer realidad el PEH y por lograr que las familias de la región tengan acceso a una vivienda digna y de calidad. Juntos podemos hacer la diferencia y construir un futuro mejor para los chilenos y chilenas. ¡Llegó la hora de dotar a la tramitación de proyectos de vivienda de un "sello social" que nos comprometa a todos y todas!

Un "sello social" urgente para la vivienda