La Contraloría General de la República entregó un informe de investigación especial sobre la Municipalidad de Limache, el que consigna varias irregularidades en el pago de horas extraordinarias a varios de sus funcionarios de diversos departamentos, así como también efectuó observaciones sobre millonarios pagos a honorarios.

Entre sus principales resultados, el informe del ente fiscalizador expone que "los honorarios pagados a doña Blanca González Inzunza por $25.241.462, entre enero de 2019 a octubre de 2022, no cuentan con antecedentes que acrediten las labores realizadas, situación que infringe el artículo 2°, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, comprobándose, además, que dicha servidora desde el 1 de julio de 2013 hasta el 14 de octubre de 2022, estuvo contratada por la empresa Agrotumita SpA, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y hasta las 18:30 horas, en verano, por lo que existirían incompatibilidades horarias con las labores que debía cumplir en el municipio".

Lo remitirá a la fiscalía

Al respecto, "esta Sede Regional formulará el reparo pertinente en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General. Además, remitirá tales antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso del Ministerio Público", advierte la Contraloría.

El informe agrega que "respecto de los honorarios pagados por $11.062.628 a doña Guilda Casanova Ávila, sin que se hayan entregado los informes de actividades, o bien en ellos se listaban las mismas labores descritas en los acuerdos de voluntades; y que esa entidad no proporcionó los decretos de pagos detallados en la tabla N° 16 del presente informe final, por $2.151.260, esta Sede Regional adicionará tales antecedentes al reparo ya mencionado".

Blanca González cumple labores en la Dirección de Seguridad Pública, mientras que Guilda Casanova trabajó en el Departamento de Medio Ambiente

Por otro lado, indica que "no fue posible acreditar el pago de $508.475 efectuado a don Osvaldo Valencia Jorquera, por la realización de alguna actividad que requiera de una contraprestación por parte del municipio, por lo que dicha materia se adicionará al reparo indicado".

Por todo lo mencionado anteriormente, "esta Sede Regional formulará el reparo pertinente por la suma total de $38.963.825", advierte el informe en sus conclusiones.

"pagó en exceso"

Entre los resultados también expone que "la Municipalidad de Limache pagó en exceso 175 y 198 horas extraordinarias a los funcionarios Yarella Castañeda Riveros y Bryan Zúñiga Ortiz; respectivamente, debiendo adoptar las medidas para obtener, previo traslado de los interesados, el reintegro o restitución de las sumas observadas, debiendo remitir a esta Sede Regional la documentación que acredite dichas acciones en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

Respecto de esto último, la Contraloría "instruirá un procedimiento disciplinario orientado a aclarar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados", consigna el documento.

Por otro lado, "se comprobó que los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública efectúan entre 84 y 153 horas extraordinarias mensuales, hecho que no se ajusta a la definición y criterio contenido en el dictamen N° 36.121, de 1997, debiendo esa entidad edilicia adoptar las medidas orientadas a evitar su reiteración, cuyo incumplimiento podría derivar en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas por parte del personal involucrado", advierte el informe.

Municipio acatará

Consultado el municipio al respecto, enviaron una declaración del administrador municipal de Limache, César Molina, quien señaló que "hemos recibido el informe, que en este momento está siendo estudiado, revisado por nuestra unidad jurídica, y cómo ha sido nuestra característica, vamos a prestar toda la colaboración que sea necesaria para responder a la Contraloría en forma, en tiempo, de lo que hizo observa".

Agregó que "esto es una indicación general que da la Contraloría, la cual nosotros vamos a revisar y vamos a acatar lo que haya que acatar y a subsanar lo que haya que subsanar".

Lo asimila a reginato

Por su parte, el consejero regional Sebastián Balbontín (RD), quien en las últimas elecciones municipales estuvo a punto de desbancar al alcalde de Limache, Daniel Morales (RN), comentó que "el presente informe de la Contraloría que arroja la detección de irregularidades en la Municipalidad de Limache, esta vez en el pago irregular de horas extras a trabajadores y funcionarios municipales, no es una novedad para los limachinos. Ya en septiembre de 2020 la Contraloría objetó una serie de irregularidades en esta materia".

Frente a ello, agregó Balbontín, "la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué el alcalde Morales insiste en infringir la probidad municipal a pesar de los reiterados informes de la Contraloría? Y ¿por qué se sigue exponiendo a los trabajadores municipales de Limache a este tipo de irregularidades? Todo esto hace recordar el modus operandi y despilfarro económico de la administración de Virginia Reginato de Viña del Mar, que mostró a la salida de la alcaldesa un enorme vacío económico del municipio. Vamos a ver qué va a salir debajo de la alfombra de la administración de Morales cuando próximamente salga del municipio".

"Todo esto hace recordar el modus operandi y despilfarro económico de la administración de Virginia Reginato de Viña del Mar".

Sebastián Balbontín, Consejero regional

La Municipalidad de Puchuncaví acudió a la Corte Suprema en la causa que la enfrenta con la Inmobiliaria Mar de Maitencillo, presentando un recurso de casación en la forma y en el fondo respecto del fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa constructora y que fue favorable a ésta, ordenando al director de Obras Municipales (DOM) pronunciarse sobre la modificación del permiso concedido al proyecto habitacional de 28 departamentos frente al mar, el que, pese a estar listo para comercializarse, no ha podido obtener la recepción municipal de obras.

El recurso presentado por el municipio se funda, en cuanto a la forma, en que "tal como lo dispone la regulación de la integración de las Cortes de Apelaciones en el Código Orgánico de Tribunales, la sala que pronunció la sentencia que se impugna por este acto debió estar integrada por tres ministros. Sin perjuicio de lo anterior, el fallo fue pronunciado por una sala que sólo fue integrada por dos ministros, en circunstancias que a la vista de la causa concurrieron dos ministros y un abogado integrante. Así las cosas, se configura el primer vicio alegado, por no haber sido el fallo de fecha 28 de abril de 2023, pronunciado por un tribunal que haya sido integrado conforme a la ley".

Conflicto de larga data

Sobre el proyecto inmobiliario objeto del litigio, Érika Galarce, concejala de Puchuncaví, recordó que "esta situación viene hace mucho tiempo, sólo pensemos que han pasado cuatro alcaldes y profesionales, tanto DOM como abogados, donde obviamente el proyecto y la situación territorial ha tenido cambios. Lamentablemente, al actual profesional de la DOM le tocó recibir un proyecto con mucho cuestionamiento".

Frente a la posibilidad de que la inmobiliaria exija una indemnización, opción que dejó establecida el fallo de la Corte de Apelaciones, Galarce sostuvo que "acá nos corresponde defender el patrimonio municipal de igual manera a la DOM, porque actuó conforme a derecho. Esperamos que esto se resuelva pronto sin un mayor perjuicio".

Por su parte, el gerente de Operaciones de la Inmobiliaria Mar de Maitencillo, Ronald Johnson, señaló que "a lo largo de todo este proceso, Inmobiliaria Mar de Maitencillo reafirma su total respeto a las decisiones judiciales. De la misma forma, reiteramos que no existe posibilidad alguna de llegar a acuerdos con los opositores al proyecto Rocas de Maitencillo. Por último, hemos sido consistentes con una sola posición en todo este litigio, que es la de resolver diferencias únicamente con las autoridades públicas competentes y por las vías oficiales y transparentes previstas por ley".

"No existe posibilidad alguna de llegar a acuerdos con los opositores al proyecto Rocas de Maitencillo".

Ronald Johnson, Gerente de Operaciones de, Inmobiliaria Mar de Maitencillo