Agencias

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reclamó "unidad nacional" para "dejar a un lado" el programa acordado entre el Gobierno de su país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), puesto que, en los términos actuales, "va a ser imposible pagarlo".

"Si nosotros no logramos que ese programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permitan elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan", manifestó la también exmandataria ante miles de personas congregadas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

La vicepresidenta fue la principal oradora de un acto celebrado con motivo del vigésimo aniversario de la asunción presidencial de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), al que también asistieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y los principales referentes del "núcleo duro" del kirchnerismo.

Durante su intervención, Fernández aseguró que el préstamo otorgado por el organismo multilateral al Ejecutivo del expresidente Mauricio Macri en 2018 fue "un préstamo político" y, por lo tanto, debe ser redefinido mediante la "política".

"Se creen que lo van a poder pagar únicamente con 'commodities' y no, olvídense, porque los 'commodities' los terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Es imprescindible unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política tiene que ser también la solución", subrayó.

La vicepresidenta esbozó además los ejes fundamentales del programa electoral del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales de este año, durante el acto en el que evitó señalar a un candidato en concreto.

Durante su intervención, Fernández, quien reiteró la semana pasada su negativa a postularse a los comicios del próximo octubre, resaltó la necesidad de dar un "salto cualitativo" en términos económicos, mediante la articulación de una alianza entre el sector público y el privado que permita "agregar valor e incorporar tecnología".

Pilares del programa

Cristina Fernández aprovechó el acto para sentar los pilares del programa electoral del peronismo, en base a cuatro ejes: redefinición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desarrollo de los recursos estratégicos del país, renovación del "pacto democrático" y modificación de la Corte Supremaa, a la que volvió a atacar con vehemencia.

"Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema que sea llamada como tal, sin ponerse colorado", aseveró Fernández, envuelta en una dura pugna con el Poder Judicial, agravada desde que un tribunal federal la condenara en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción.

Candidatos

Las expectativas eran máximas antes del discurso de la vicepresidenta, principal referente de un peronismo que todavía no tiene candidatos potentes a falta de menos de un mes para el cierre de las listas electorales.

De hecho, la exmandataria apareció escoltada por algunas de las figuras más "presidenciables" del oficialismo, como el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; o el propio ministro de Economía, Sergio Massa; pero concluyó la alocución sin encumbrar a ninguno de ellos.

En el discurso sí reconoció "diferencias" con el actual presidente, Alberto Fernández, una de las ausencias más sonadas del acto, dada su cercanía personal y política con Néstor Kirchner.

Alberto Fernández había intervenido más temprano en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la revolución de 1810, día de Fiestas Patrias argentinas.

"Creo que tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática que nos falta y que no hemos sabido construir en todo este tiempo", aseveró el mandatario al término del tradicional Tedeum.

En marzo de 2022, el Gobierno de Alberto Fernández firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares, mediante un programa de facilidades extendidas que incluye metas en materia de disciplina fiscal, acumulación de reservas monetarias y límites a la emisión monetaria. Hasta el momento se han realizado cuatro revisiones trimestrales del acuerdo y el país atraviesa severos desequilibrios fiscales, agudizados por una sequía que golpea a su sector agropecuario y que ha elevado las dificultades para cumplir con esas metas. De hecho, ambas partes están discutiendo actualmente los términos del acuerdo, a través de unas conversaciones que el FMI ha calificado de "constructivas".

El pleno del Congreso peruano declaró persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir a Lima la presidencia de la Alianza del Pacífico, argumentando que la mandataria Dina Boluarte es ilegítima y quien debería gobernar es el derrocado Pedro Castillo, encarcelado desde que intentara un fallido autogolpe de Estado en diciembre del año pasado.

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones.

Al sustentar la moción, la parlamentaria conservadora María del Carmen Alva, presidenta de ese grupo parlamentario, señaló que las declaraciones de López Obrador constituyen una "violación de principio de no injerencia" en los asuntos internos de otros países.

"El pueblo peruano no acepta actos de injerencia e intromisión en nuestra soberanía", remarcó Alva, quien dijo que "este es un gesto político que el Congreso puede hacer" y que "las relaciones con México no han sido afectadas".

A diferencia de López Obrador, el gobierno de Gabriel Boric respaldó que Perú asuma la presidencia del grupo.

Lilia paredes

Por otro lado, la esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, actualmente asilada en México, puede ser condenada como mínimo a ocho años de prisión si es hallada culpable en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar una organización criminal al interior del Gobierno de Perú mientras su marido era jefe de Estado, afirmó el Ministerio Público a través del fiscal José García.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador convocó oficialmente las elecciones generales extraordinarias que se celebrarán en agosto para elegir a presidente y vicepresidente y renovar la Asamblea Nacional (Parlamento).

La convocatoria se realizó en el último plazo que estipula la legislación para hacerlo, siete días después de que el presidente, Guillermo Lasso, decretara la "muerte cruzada" y disolviera la Asamblea, de mayoría opositora, antes de que votara su destitución en un juicio político abierto en su contra.

A través de un mensaje a la nación emitido por televisión, radio e internet, el CNE confirmó que la votación tendrá lugar el domingo 20 de agosto y, en caso de requerir una segunda vuelta entre los candidatos presidenciales más votados, esta se celebrará el domingo 15 de octubre.

El excandidato presidencial Yaku Pérez anunció su precandidatura para las elecciones extraordinarias, al igual que el empresario y exasambleísta Daniel Noboa, quien postulará con el movimiento ADN, su propio partido, como ya hiciera en cinco ocasiones su padre, el también empresario Álvaro Noboa.

Otros candidatos son el exlegislador Fernando Villavicencio, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el empresario Jan Topic y la excandidata a prefecta de la provincia de Pichincha Elsa Guerra.