Por casi dos horas, alcaldes de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar materias ligadas a la seguridad y, sobre todo, a la necesidad de los municipios de contar con mayores capacidades para hacer frente al problema de la delincuencia. Los jefes comunales pidieron una modificación al artículo N° 2 del Estatuto Administrativo para contratar más funcionarios en áreas vinculadas a la seguridad ciudadana.

En la historia del combate a los ilícitos de alta connotación pública, los municipios han sido relegados a los ámbitos preventivos: instalación de luminarias, construcción de plazas, recuperación de sitios eriazos y patrullajes de funcionarios sin muchas atribuciones en el marco de alguna dirección o departamento de seguridad. Alcaldes y concejos municipales aprueban cada día más recursos asociados a estos ítems, sin contar con facultades para una intervención mayor.

Tras el encuentro con los alcaldes de la Región, el subsecretario Monsalve calificó la idea de interesante y dijo que la iba a traspasar a la ministra, Carolina Tohá, y al equipo legislativo del Ministerio del Interior. "Nos parece que es una propuesta interesante y que se alinea con los intereses de las personas que están en cada una de las comunas del país", remató la autoridad.

La incorporación de más personal podrá permitir a los municipios abordar con mayor eficiencia algunas exigencias de la población, pero los alcaldes deben ser responsables respecto de las expectativas que crean en la ciudadanía al plantear que el reforzamiento de tal o cual departamento municipal permitirá reducir algún tipo de delito específico. Es importante separar los ámbitos de acción, porque el combate a la delincuencia requiere del uso de la fuerza y este debe permanecer habilitado sólo para aquellas instituciones formadas y preparadas para ello. De avanzar la idea planteada por los alcaldes, el trabajo municipal debe estar asociado a los grandes lineamientos en el ámbito de la seguridad que acuerden las instancias competentes y el aumento de los funcionarios debe obedecer a objetivos claros y fiscalizables, para evitar una carga al presupuesto de la ciudad que no tenga resultados claros ni sentido estratégico.

Han sido tiempos difíciles para la ciudad, especialmente para los averiados centros urbanos, siendo este nuevo Día del Patrimonio una fecha adecuada para una reflexión propositiva. En el caso de Valparaíso, con diferentes causas más y menos antiguas, que van desde el estallido social y la informalidad, pasando por un abandono progresivo del plan, hasta el desplazamiento de la centralidad metropolitana y base económica, se han ido acumulando inconveniencias originadas hace casi ya un siglo.

Salir de este ciclo de deterioro se vincula con acciones de diversa escala administrativa y territorial: el municipio, en su capacidad de regular la informalidad, reparar y hacer atractiva la inversión pública y privada; la sociedad civil organizada, que resguarda su entorno; el Gobierno Regional, coordinando a los actores del Estado con inversiones sectoriales coordinadas y pertinentes; y el Gobierno, definiendo las líneas estratégicas a nivel de región y país, donde la empresa portuaria sigue jugando un rol clave. Y es en todas esas escalas representativas donde debe darse lugar a las particularidades del territorio, reconociendo "las diversas vocaciones" que acompañan la mejora de la calidad de vida urbana, y es ahí donde el puerto eficiente y expandido hacia el sur ha de lograr una ampliación que permita recrear el frente marítimo abierto, ese que tuvo alguna vez la ciudad pujante, desde el muelle Prat hasta el Parque Barón, abriéndose la oportunidad de un plan rehabitado, con viviendas bien conectadas y equipadas, que recuperan edificaciones valiosas junto a espacios públicos resilientes, conectados y de alto valor paisajístico.

Es por esto que la nueva Ley del Patrimonio debe seguir avanzando en su perfeccionamiento y aprobación, reemplazando instrumentos obsoletos que no han logrado recuperar calles ni edificios y que en búsqueda de facilitar la interacción pública y privada, puede repotenciar que los bienes valiosos sean rescatados, incentivando el interés de inversionistas como del Estado al crear las glosas correspondientes. En ese contexto, Valparaíso puede transformarse en un plan piloto de regeneración urbana, donde una gestión local en base a las recomendaciones de la Unesco pueda dar nuevas certezas y acciones coordinadas que creen condiciones de regeneración urbana. El Parque Barón, el reciclaje de la exfábrica Costa y el archivo regional en el Palacio Subercaseaux pueden seguir la senda del Parque Cultural y del edificio Cousiño, proas de este proceso lento pero que ha zarpado.

Desde la posición académica colaborativa -aún insuficiente pero activada con universidades locales-, volver a plantear espacios de intercambio y trabajo para avanzar en la implementación de la ley, pero especialmente aportar con el plan y coordinaciones que evitan acciones aisladas, donde la necesaria evolución multidisciplinar aporte con ideas, adapte iniciativas y materialice la preocupación de los nuevos espacios, donde el turismo, las industrias creativas y la educación superior podrán recolonizar el fin del abandono.