La Moneda informó el jueves que el "Presidente Gabriel Boric ha aceptado la renuncia de Christian Larraín Pizarro en el cargo de subsecretario de Previsión Social", lo cual llamó la atención porque el ingeniero comercial era considerado un negociador clave en la propuesta de reforma de pensiones, que se presentará en los próximos días. Ayer trascendió que su salida se debería a una denuncia de acoso sexual interpuesta por una funcionaria. Larraín descartó el hecho y "va a depender como se den las circunstancias" para presentar una acción legal contra el Ejecutivo.

"Sumario no se hizo, me pidieron la renuncia así no más", dijo la exautoridad a Radio Bío-Bío en las últimas horas de ayer, una vez conocido el hecho. Además, lamentó una eventual "cultura de la cancelación donde se echa a las autoridades sin investigación previa".

Al ser pedida su renuncia, indicó Larraín, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, le explicó que "es una denuncia por uso de lenguaje de connotación sexual en público", sin dar a conocer la situación en particular ni quien interponía queja. El ingeniero comercial se manifestó sorprendido, porque "el ambiente de trabajo de la Subsecretaría es horizontal, participativo, un muy buen ambiente", y "cuando me fui el equipo se despidió con agradecimientos".

"Yo trabajo con la puerta abierta, eso lo sabe toda la Subsecretaría, así de transparente es la relación que tengo con los funcionarios", sostuvo Larraín, cuya renuncia fue informada en un comunicado que sólo agregó que en su reemplazo asumió como subrogante la abogada Consuelo Maldonado, quien "se desempeña actualmente como jefa de gabinete de la Subsecretaría". Ayer, La Tercera PM publicó que la "renuncia" se debería a una denuncia de acoso sexual, que Boric y el gabinete conocieron el jueves, ya que la funcionaria interpuso el recurso en el Ministerio del Trabajo. El Presidente habría solicitado su salida.

Ministras responden

Poco antes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo en ADN Radio que "el trabajo de la reforma de pensiones constituye un trabajo en equipo, donde distintas personas han contribuido, y en esa calidad lo hizo el subsecretario". Sobre el liderazgo de Larraín en la materia, la secretaria de Estado agregó que "hay un tema que es importante despejar: los trabajos no se llevan adelante por una persona particular", mientras que "estaríamos en condiciones de hacer durante los próximos días la presentación de esta propuesta (de reforma) a la oposición".

Investigación

El diputado Cristián Labbé (UDI) señaló que "hay que ser responsables y el llamado es a que el Gobierno tome las instancias que correspondan para una investigación y aclarar los hechos, siempre tiene que estar la inocencia de base, lo que tiene que hacer el Gobierno es investigar".

Su par Frank Saurbaum (RN) coincidió en que "habrá que pedir una investigación interna, y exigirla para resguardar los derechos de las víctimas. Lo mejor es darle claridad al asunto", esto "no sólo por el bien del (ex) subsecretario, sino que también del Gobierno".

El ex fiscal nacional económico Ricardo Riesco afirmó ayer en La Segunda que "si se hubiera implementado el informe, este invierno tendríamos ya un gas más barato", en referencia al proyecto ingresado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Esta iniciativa legal fue presentada por la antigua Administración en enero de 2021, y retirada el año pasado por el equipo del Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de introducir mejoras. El documento no volvió al proceso, mientras que el Ejecutivo lanzó el plan piloto "Gas para Chile" o "Gas a precio justo".

Riesco explicó que "para solucionar los problemas de competencia del gas licuado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) propuso eliminar la integración vertical en la industria. Nosotros nunca propusimos la creación de una empresa estatal o que una empresa estatal ingresara a la distribución minorista de gas", como ocurrió con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

"Fijar precios o crear empresas estatales es una discusión de los gobiernos radicales de los años 40", agregó el académico.

"sobreideologización"

La ministra vocera, Camila Vallejo, horas antes dijo que el rechazo al programa donde cada balón de gas costó $117 mil "no puede ser utilizado para echar abajo otras políticas públicas", como ya han surgido críticas por la Estrategia Nacional del Litio.

"Aquí se está llevando este debate a una sobreideologización brutal, se está queriendo ocupar este caso específico, cuyo único objetivo ha sido hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado y, por lo tanto, lograr los precios del mercado, (…) con desacreditar la importancia de un pacto fiscal, con desacreditar el rol de cualquier empresa del Estado".

Como Gobierno, "no podríamos subsidiar al mundo privado cuando la FNE advertía graves problemas en los mecanismos de competencia en el mercado, y se habían elevado precios por falta de competitividad", agregó la autoridad.