Con frecuencia, los problemas de popularidad que viven los presidentes se reducen a un cálculo de expectativas. La construcción de un programa de gobierno exige que un grupo de dirigentes tome un puñado de ideas y las convierta en promesas electorales lo suficientemente interesantes para movilizar al electorado a su favor. Precisamente, este es el dilema al que se verá enfrentado el Presidente de la República Gabriel Boric, cuando este 1 de junio deba dirigirse al pleno del Congreso Nacional para dar su segunda Cuenta Pública de la Nación; en otras palabras, cuando desde el Salón Plenario del Parlamento en Valparaíso haga el recuento de las promesas que cumplió a cabalidad -tal como estaban previstas en su programa-, precise aquellas que debió modificar y mencione las que enterró porque no tenían recursos o apoyo parlamentario para sacarlas adelante.

Si nos remitimos a la Cuenta Pública 2022, cuando llevaba pocos meses en La Moneda, el Presidente anunció 102 medidas, entre ellas, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, un nuevo sistema de financiamiento de la Educación Superior para terminar con el CAE y un Fondo Universal de Salud. A nivel regional, su gran promesa fue el tren a Santiago, cuyos detalles entregó a inicios de este año, con la polémica correspondiente, porque el proyecto que impulsa el Gobierno no corresponde a ninguna de las iniciativas que estaban en camino: otra vez, las expectativas compitiendo con la realidad.

Este 1 de junio, la atención del país volverá a estar en Valparaíso y el Presidente tendrá una oportunidad más para enfrentar las expectativas de la ciudadanía.

Para los parlamentarios de oposición, el discurso deberá estar marcado por la agenda de seguridad y la reactivación económica. El oficialismo, en tanto, piensa que el Presidente debe usar el espacio para construir el relato de su Gobierno. Así lo planteó ayer el senador Juan Ignacio Latorre: "Tiene que ir en la línea de lo que el Gobierno ha planteado como un sello, como el legado que quiere dejar, que es construir las bases de un Estado de bienestar social". En la práctica, la cuenta presidencial se ha convertido en la rápida reconstrucción de un programa de gobierno que no termina de consolidarse. ¿Será distinto para Boric?

La semana pasada se llevó a cabo un gran operativo antidrogas contra integrantes del "Tren de Aragua", el cual culminó con la detención de 11 sujetos extranjeros: ocho venezolanos, dos colombianos y un dominicano. Tras el allanamiento de 10 domicilios, se logró la incautación de más de 150 kilos de drogas de diferentes tipos. Lo sorprendente de este caso es que también se confiscaron dos buses interprovinciales pertenecientes a la organización delictiva, los cuales se utilizaban para transportar drogas y migrantes en situación irregular. De esta manera, la organización delictiva no sólo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también había incursionado en el tráfico de migrantes utilizando los ingresos obtenidos.

Por otra parte, la semana antepasada se llevó a cabo otro operativo policial en Calama, donde se logró la detención de ocho individuos dedicados simultáneamente al tráfico de drogas y al contrabando de cigarrillos. Durante este operativo se confiscaron 51 kilos de droga y 84 mil cajetillas de cigarrillos.

Estos procedimientos demuestran el crecimiento de las organizaciones criminales en nuestro país, las cuales diversifican sus actividades delictivas. Al igual que cualquier empresa, aprovechan las economías de escala generadas por sus actividades delictivas. De esta manera, al basar su negocio en la comercialización y transporte de productos prohibidos, aprovechan esta actividad para también comerciar cigarrillos de contrabando o para llevar a cabo el tráfico de migrantes. Incluso han adquirido microbuses de alto valor económico para estos fines.

El desarrollo de las organizaciones criminales requiere que las instituciones estatales utilicen todas las herramientas disponibles para combatir esta nueva forma de criminalidad, la cual es más sofisticada y cuenta con mayores recursos y organización. Desde esta perspectiva, cabe destacar las nuevas normativas aprobadas recientemente para combatir el narcotráfico (ya convertida en ley) y el crimen organizado (actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional). La primera establece un régimen más sencillo para el decomiso de las ganancias de las organizaciones criminales, incluso sin necesidad de una condena, y obliga a diversos agentes económicos, como las automotoras, a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Por su parte, la segunda permitirá una aplicación más efectiva del delito de asociación ilícita en un mayor número de casos, además de autorizar el uso de técnicas especiales de investigación y agentes encubiertos o informantes en casos de criminalidad organizada.

Sin embargo, todas estas nuevas disposiciones requieren que el Ejecutivo promueva la capacitación de los agentes responsables de su implementación, especialmente de la policía, los fiscales y los jueces. Tras completar el proceso legislativo, este requisito fundamental asegurará que el nuevo marco normativo, creado para combatir estos delitos y asociaciones criminales, cumpla efectivamente con su objetivo propuesto. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que esta nueva estructura jurídica no quede en letra muerta. No es un desafío menor.