Más debido a descoordinaciones internas que al asedio intenso de sus opositores, la Cuenta Pública a la Nación que dará hoy el Presidente Gabriel Boric pilla al Gobierno en un momento particularmente delicado. Algunos de sus logros legislativos -royalty minero, salario mínimo, ley de las 40 horas- han quedado eclipsados por los desaciertos evidentes de sus liderazgos políticos y muchas decisiones que suelen ser rutinarias se han transformado en desgastantes crisis políticas. Con frecuencia, estas polémicas son protagonizadas por los propios parlamentarios oficialistas, que no tienen muchos miramientos para cuestionar las acciones del Gobierno al que dicen respaldar.

La contraorden sobre la suspensión de clases en Valparaíso es un ejemplo más de esta descoordinación, con la gravedad añadida de que la controversia hace más visible la pesada carga histórica de una ciudad como Valparaíso, que es sede del Poder Legislativo, pero tiene pocos beneficios que mostrar de esa condición.

Al contrario de lo que se pregonó durante años, la instalación del edificio del Congreso en el barrio Almendral sirvió poco para la revitalización de un sector alicaído, dominado por los edificios vacíos, el comercio inestable afectado por la delincuencia y una marcada presencia de ambulantes en casi todas las esquinas -la imagen de venta de ropa en las mismas puertas del Congreso ahorra más explicaciones-, salvo cuando un esporádico operativo policial los ahuyenta de las calles por unas horas. No existe, que se sepa, un plan de vinculación entre la administración del Parlamento y la ciudad y tampoco se aprecia un efecto vivificante en el entorno urbano de donde trabajan diputados y senadores, y hasta donde llegan ministros, subsecretarios y hasta jefes de Estado para exponer sus propuestas y proyectos. Fuera de la ancha puerta que franquea el ingreso al edificio diseñado por los arquitectos chilenos Juan Cárdenas, José Covacevic y Raúl Farrú, existe una realidad a la que es ciego todo un poder del Estado. Valparaíso sufre las suspensiones de clases, los cortes de tránsito, el duro efectos de las protestas -¿habrá hoy?- que llegan al Congreso, pero ninguna ayuda real para enfrentar esos inconvenientes. Alguien debe hacerse cargo de esta antigua deuda.

Hace un año, el Presidente Boric daba su primera Cuenta Pública, donde la seguridad estaba muy lejos de ser la primera prioridad del Gobierno. Ha pasado mucho desde aquel entonces y la realidad es bastante abrumadora, con cifras récord en materia de aumentos de los delitos de mayor connotación social, como homicidios, lesiones, violaciones y robos.

La ausencia de prioridad tuvo y tiene nefastas consecuencias para el país. La percepción de inseguridad también ha llegado a sus niveles más altos desde el retorno a la democracia. La combinación de incapacidad e ideología la han sufrido las familias de nuestro país.

Y es que no se entiende, por ejemplo, que el Presidente Boric no haya priorizado en todo este tiempo el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas de Delitos. Hoy resulta incomprensible que un delincuente tenga un abogado pagado con los recursos de todos los chilenos y la víctima no tenga absolutamente nada. El proyecto que actualmente se tramita en el Congreso está durmiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara, sin urgencia alguna.

El Gobierno llegando promovió con toda su fuerza y las urgencias respectivas el proyecto que indultaba a los presos del estallido; sin embargo, esa energía y celeridad se estancó completamente para la reforma de Carabineros, compromiso que tampoco nunca priorizó el Presidente Boric.

La gran mayoría de los proyectos importantes que han sido ley durante el actual Gobierno provienen de iniciativas del expresidente Piñera o proyectos de los parlamentarios. Ni la ley contra el crimen organizado, ni la ley antinarcos, ni la ley contra el robo de madera, ni la ley Nain- Retamal o infraestructura crítica, por dar algunos ejemplos, son del actual Gobierno. Incluso, algunos han sido tramitados con su oposición.

Subsisten, además, proyectos respecto de los cuales resulta inentendible el silencio del Gobierno. Dos ejemplos concretos son la ley antiterrorista, cuya urgencia brilla por su ausencia, y la ley que regula la seguridad privada, que tampoco ha recibido prioridad del Gobierno. Qué duda cabe también que la inteligencia debe modernizarse; lamentablemente, el Presidente Boric recién le puso urgencia hace unos meses. Un año entero sin tramitación alguna resulta inverosímil para la principal carencia del Estado.

Claro es, entonces, que dada la grave crisis de seguridad que estamos enfrentando provocada por el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, la Cuenta Pública 2023 debe priorizar al más alto nivel la seguridad y dejar la ideología de lado, ese será el mayor desafío del Gobierno y esperemos que se cumpla. Los chilenos y chilenas lo necesitan.