Quienes hacen oídos sordos y niegan el dolor que sienten todavía más de mil familias de detenidos desaparecidos, no se dan cuenta de que están aumentando y manteniendo más abierta aún una herida que no cierra con el paso del tiempo".

Las tres horas y media de la cuenta pública de Gabriel Boric dará probablemente para infinitos análisis. Pero por ahora, estos se han centrado mayoritariamente en los chascarros, temas económicos y factibilidad de los proyectos anunciados por el mandatario.

Quizás por la duración de sus palabras, pocos han reparado en sus últimos puntos, donde la emocionalidad que había tratado de imprimir cobró real intensidad. "Los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos", dijo, generando una ovación de pie casi unánime en los presentes.

Casi, porque los "porfiados negacionistas" -término que había acuñado anteriormente- también estuvieron ahí. Mientras todos y todas, incluyendo a los representantes de las FF.AA., se levantaron de los asientos para aplaudir enérgicamente, el Partido Republicano se mantuvo incólume en sus puestos. Porque todavía hay quienes eligen no creer.

Y esto puede entenderse en gran medida por el concepto del sesgo de confirmación, que explica cómo los humanos entendemos y buscamos la información en la medida que esta respalda nuestras creencias preexistentes. Si bien aquello permite facilitar nuestra comprensión de la realidad, también se convierte en una limitante, pues uno termina creyendo lo que quiere creer.

Esto aplica también, lamentablemente, en el plano de los derechos humanos. Chile ha intentado avanzar en la transición desde los '90, a partir de investigaciones oficiales como el informe Rettig y los textos de las comisiones Valech I y II, que intentaron dilucidar lo que había pasado con quienes fueron ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, presos y torturados.

Los tribunales también han hecho lo suyo, a partir de las investigaciones que -aunque módicas- han determinado que algunos de los gestores de este trauma nacional hayan terminado presos. Como sociedad entendemos que la justicia la administran las cortes y que aquello constituye la verdad jurídica. Y así debiera ser también en este caso.

No se entiende entonces que, 50 años después, todavía haya personas que incluso desde puestos de poder pongan en duda situaciones que no solo han sido ampliamente documentadas, juzgadas y sancionadas, sino que además provocan todavía un dolor que como país no hemos superado. Y cuando otros plantean que es hora de dar vuelta la página, no entienden que la memoria es la única arma que nos protegerá de volver a odiarnos tanto, que nos asesinemos por pensar diferente.

En ese marco, se plantea la necesidad de sancionar el negacionismo, pese a que los que no quieren asumir lo que pasó afirman que aquello va contra la libertad de expresión. Pero estos obvian que incluso aquella garantía tiene un marco de acción, definido por no pisotear otras facultades de mayor jerarquía, como la honra y la vida. Y si suelen compararse con países desarrollados, cierran los ojos cuando se habla de cómo otras naciones sancionan incluso penalmente a quienes rechazan la verdad: Alemania lo hizo respecto de la apología al nazismo, así como Francia, por nombrar algunos.

Quienes hacen oídos sordos y niegan el dolor que sienten todavía más de mil familias de detenidos desaparecidos, que no han podido ni siquiera saber dónde están los cuerpos de sus padres, madres, abuelos o hermanos, no se dan cuenta de que están aumentando y manteniendo más abierta aún una herida que no cierra con el paso del tiempo.

Cuando el consejero constitucional Luis Silva afirma que Augusto Pinochet era un "estadista" y otros excandidatos del Partido Republicano incluso se atrevían a decir públicamente que los detenidos desaparecidos no fueron más de 30 o que no existieron, no sólo están negando la historia, sino que abofetean en la cara una vez más a esas familias. Porque lo que para otros puede ser algo que ya pasó, para ellas el tiempo se detuvo hace cinco décadas y no pueden dar vuelta una página que aún duele. 2

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La educación fue otro de los ejes del mensaje de Alessandri: 'La tarea de educar al pueblo y a las generaciones venideras no puede ser el botín de luchas políticas (…) Hagamos para la enseñanza una unión sagrada", dijo.

Hace exactamente un siglo, el presidente Arturo Alessandri en el Congreso Nacional, que por ese entonces tenía su sede en la capital, inauguraba de forma oficial las sesiones de ambas cámaras en el salón de honor.

Claro, era un Chile muy distinto al de hoy. Con menos de 4 millones de habitantes, el país era bastante más pobre e intentaba salir adelante con un nuevo impulso a la industria salitrera. Por dar un par de ejemplos de nuestra miseria, el consumo de carne promedio alcanzaba los 30 kilos por persona, muy lejos de los 90 que se consumen ahora. Y, en términos de salud, un 45% de los fallecimientos correspondía a niños menores de diez años (hoy es un porcentaje marginal). Los crímenes y la delincuencia existían, obviamente, pero la justicia se podía mostrar implacable. Por citar un caso, la crónica policial del 2 de junio de 1923 destacaba la pena de 541 días de cárcel para el autor del robo de tres bolas de billar.

Volviendo al mensaje presidencial, éste se inició con las relaciones exteriores. A cuatro décadas de finalizada la guerra del Pacífico, la situación de Tacna y Arica seguía siendo un tema pendiente entre Chile y Perú (tendrían que pasar seis años antes de llegar a un acuerdo).

Otro tema, no tan lejano en el tiempo, era el de la colonización en el sur y la propiedad de las tierras. Decía el presidente: "Es de sumo interés el problema de la constitución legal de la propiedad indígena, de su goce y su disposición como un medio de dar término a las innumerables contiendas que surgen a diario entre los aborígenes de nuestra raza".

Sin embargo, el principal llamado de Alessandri tenía relación con el proyecto de un Código del Trabajo que había sido presentado en 1921 y que buscaba solucionar los problemas de los obreros: "He ofrecido reiteradamente y en diversas ocasiones mi concurso personal para la dictación de este conjunto de disposiciones de tanta trascendencia y, hasta hoy, no se ha obtenido ninguna ley social". Aparecían, entre las prioridades, leyes referidas al contrato de trabajo, higiene y seguridad, trabajo de mujeres y niños.

Sobre este último punto, abundaban en la prensa avisos de personas que necesitaban niños para diversas tareas: niña para el servicio de la casa; niña que sepa lavar; niño para mandados; niño grande para florería; niño de 12 a 14 para aseo; niño de 15 para mozo, etc. Las urgencias económicas de los padres los obligaban a mandar a sus hijos a laborar desde temprano.

Si en el discurso presidencial Gabriel Boric se refirió a los incendios del sur, en esa oportunidad el problema había sido (era que no) un terremoto que había afectado a la provincia de Atacama y que había dejado a muchos de sus habitantes en la indigencia y el desamparo.

El tema de la educación, en tanto, fue otro de los ejes del mensaje de Alessandri: "La tarea de educar al pueblo y a las generaciones venideras no puede ser el botín de luchas políticas (…) Hagamos para la enseñanza una unión sagrada", dijo. Además, agregaba: "Métodos, planes de estudio, sueldos y jubilaciones, exigen una revisión completa", en una mirada crítica que sigue vigente.

Otro ítem que preocupaba a Alessandri, vaya casualidad, era el constitucional: "las leyes y sobre todo las que sirven de base constitutiva a la organización de los pueblos, deben corresponde al estado social del momento histórico que rigen". El presidente quería reformular la carta fundamental que había sido dictada hacía 90 años y que había terminado derivando en un régimen de carácter parlamentario.

Lamentablemente para Alessandri, 460 días después de su mensaje, ninguno de los cambios propuestos se había llevado a cabo. Por esta razón, cuando los congresistas discutían instituir una dieta parlamentaria, un grupo de oficiales irrumpió en el Congreso haciendo sonar sus sables en agosto de 1924, dando un giro dramático a la historia. Hoy, en cambio, y pese a los múltiples problemas y críticas, el panorama resulta bastante más alentador. 2

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