Acaso una de las iniciativas más debatidas, criticadas, manoseadas y postergadas de nuestra Región sea la expansión portuaria del Terminal 2, la cual lleva ya más de una década de germinación e incluso tuvo un efecto político de proporciones cuando consiguió algo inédito en Valparaíso: que todas las incipientes organizaciones civiles de aquellos años se pusieran de acuerdo en algo, esta vez la oposición al T2, y todo confluyera en una fría oficina de la Iglesia de La Matriz, donde se formó el pacto que terminaría con Jorge Sharp como candidato a la alcaldía de Valparaíso.

Esta vez, tras un año sin que ocurriera absolutamente nada concreto, la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entregó a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental (Icsara). Este contiene las observaciones de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental como respuesta a los recursos de reclamación presentados a partir de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto tras la anulación parcial y suspensión de la aprobación al proyecto original de construcción y operación del citado terminal.

Así, la EPV deberá responder a través de una Adenda los 55 requerimientos (entre estos, impactos sociales como la suerte que corrieron los pescadores de la antigua Caleta Sudamericana, o de corte paisajístico o ambiental, entre otros) antes del 31 de julio.

El futuro de la ampliación portuaria, entonces, tendrá una nueva oportunidad de avanzar, esta vez de forma más amigable y menos agresiva que en anteriores administraciones, y contaría (hasta donde uno puede confiar) con el beneplácito de uno de los grandes incumbentes en esta historia, el alcalde Sharp y la Municipalidad de Valparaíso. Veremos qué pasa.

Durante la última semana de mayo, un grupo de diputados oficialistas, a través de una moción parlamentaria, presentaron un proyecto de ley que tipifica el delito de "negacionismo" y prevé sanciones de privación de libertad y fuertes multas pecuniarias para quienes incurran en este tipo de conductas. Si bien en la actualidad existen varios proyectos de ley en el Congreso relacionados con esta temática, las declaraciones del consejero constitucional Luis Silva dieron nuevos bríos a la idea de la proscripción del "negacionismo" en Chile. Silva, en una entrevista, sostuvo que Augusto Pinochet, a pesar de las violaciones a los derechos humanos verificadas en su régimen, fue un estadista y que a 50 años de 1973 es necesario llevar a cabo "una lectura un poco más ponderada de su gobierno".

En este contexto, nos ha parecido oportuno explicar sucintamente qué es el "negacionismo". El "negacionismo" es un fenómeno político social que tiene su origen y se desarrolla principalmente en Europa y se relaciona con la proliferación de una serie de opiniones, columnas e investigaciones que han puesto en duda el Holocausto nazi, o bien han minimizado sus atrocidades. Se puede decir que el "negacionismo" es un conjunto de comportamientos y discursos que tienen en común la negación, total o parcial, de la veracidad de hechos históricos percibidos por la mayor parte de una comunidad como conductas de injusticia máxima y, por tanto, deben ser prohibidas.

La reacción frente al "negacionismo" en el continente europeo ha sido drástica. Así, el Consejo de la Unión Europea (2018) ha señalado que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castiguen una serie de conductas intencionadas que favorezcan la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, etc.

En la actualidad es posible constatar una suerte de expansión del concepto de "negacionismo", ya que se comienza a extender más allá del solo cuestionamiento al Holocausto y de los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Así, se comienzan a escuchar voces que llaman a sancionar los discursos que niegan, por ejemplo, el cambio climático o la efectividad de la vacunas validadas científicamente.

Lo cierto es que el "negacionismo" es una figura que entra en tensión con la libertad de expresión, ya que supone un límite a su ejercicio. En este contexto, creo que la tipificación del delito de genocidio es un límite razonable y aceptable a la libertad de expresión con base en los valores que subyacen a esta decisión política, en especial el respeto a la dignidad humana como eje central del desarrollo de las sociedades democráticas.

En todo caso, considero que cualquier figura que sancione el negacionismo debe partir de la base de la determinación precisa de lo que se va a entender por tal, ya que si estas prohibiciones se dejan establecidas en forma demasiado abierta, la figura puede ser utilizada no sólo para salvaguardar los bienes jurídicos que busca proteger, sino que también para censurar y obstaculizar la libre circulación de las ideas, aspecto esencial en cualquier sociedad democrática.