La muerte de la pequeña Mía Olivares García, de apenas dos meses, debido a la falta de una cama crítica que pudiera recibirla para atender la neumonía grave que padecía, es una tragedia profunda que enluta a una familia de El Quisco y llena de rabia, dolor y tristeza a toda la Región. Aquejada por las complicaciones del virus sincicial, Mía Olivares murió en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil del Hospital Claudio Vicuña. Para explicar el hecho, la dirección del recinto emitió un comunicado, en el cual precisó que "la red de salud se encontraba saturada, sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua, según nos informó la Unidad de Gestión de Camas centralizada del Ministerio de Salud". La única cama disponible se encontraba en el Hospital Regional de Arica, pero la pequeña Mía sufrió complicaciones que impidieron su traslado justo cuando el servicio hospitalario organizaba un rescate aéreo para trasladarla hasta dicha región.

La sensación de fragilidad es inevitable, porque las advertencias previas sobre la necesidad de aumentar las camas disponibles o, en su defecto, suspender las clases en escuelas y colegios para cortar la circulación de los virus respiratorios y darle un margen mayor a la red sanitaria, llenaron los titulares de las últimas semanas.

Ayer, con un día de atraso, el Ministerio de Salud extremó sus recursos y suspendió las cirugías electivas para convertir dichos cupos en nuevas camas críticas, UCIs pediátricas, para la atención de los niños con casos graves de virus respiratorio. La estrechez del sistema es estructural y, por tanto, las únicas medidas disponibles implican perjudicar a una porción de la población que esperaba con ansias el término de la pandemia para recuperar la posibilidad de ser intervenida. ¿Cómo se puede romper ese círculo en el que siempre se elige el menor de dos males? El camino que conduce a esa respuesta es largo y las autoridades deberían transitarlo en forma simultánea al que, en paralelo, exige urgencia para enfrentar con medidas efectivas la actual situación de salud. Dejar uno para concentrarse en el otro significa plantar las dificultades de una próxima emergencia. Esto ya no aguanta otro invierno.

Para Chile, el océano es un componente central de nuestra proyección internacional. Su protección se ha transformado en una política de Estado, manteniéndose como prioridad a través de gobiernos de diverso signo político. Esto demuestra nuestra responsabilidad en temas oceánicos y da a nuestra política exterior coherencia y credibilidad.

Este trabajo de protección está basado en múltiples intereses, entre los cuales figuran la sostenibilidad de la actividad pesquera, el combate al cambio climático y los equilibrios naturales que ayudan a mantener la salud del océano. Al mismo tiempo, la política exterior oceánica se plantea desde una necesidad mayor, determinada por las enormes presiones a que está sometido el océano, simbolizadas en la triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

Chile ha avanzado de manera muy significativa en la conservación del océano bajo su jurisdicción, con un 43% bajo algún nivel de protección, lo que es un logro que nos pone a la vanguardia a nivel global.

Recientemente se ha generado un nuevo espacio donde la política exterior de Chile tiene un interés especial. Se trata de la adopción de un nuevo tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en altamar, conocido por su sigla en inglés BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction). Este acuerdo llena un vacío muy importante en el derecho internacional. En efecto, si bien la Convemar ya tiene normas generales y ha adoptado acuerdos específicos sobre el fondo marino y la pesca en altamar, la protección de la diversidad biológica y su uso sostenible están hasta ahora desregulados y entregados a las libertades del mar, incluyendo la libertad de navegación, sobrevuelo y pesca.

El acuerdo de BBNJ regula la creación de áreas marinas protegidas en altamar, establece un sistema de evaluaciones de impacto ambiental de actividades que ocurran en esa zona y abre oportunidades para la creación de capacidades y transferencia de tecnología para los países en desarrollo. Finalmente, el acuerdo propone un sistema de uso sostenible de material genético, que incluye mecanismos para el reparto justo de beneficios de su uso.

En línea con este interés, Chile ha propuesto a la comunidad internacional que la secretaría de este acuerdo tenga su sede en nuestro país y específicamente en la ciudad de Valparaíso. Es una contribución significativa a la gobernanza global del océano, que beneficiará a nuestras instituciones, a las universidades y a la comunidad nacional. Estas ideas, incluyendo nuestra oferta de sede, estarán en el centro de la participación de Chile en la reunión que tendrá lugar en Nueva York el próximo 19 de junio, para adoptar el texto final del acuerdo.

La altamar es un espacio vasto e inexplorado, donde habitan cientos de miles de especies. Sin embargo, se estima que esto representa sólo una fracción menor de toda su biodiversidad y de su aporte a los equilibrios climáticos y a la vida en el planeta. Su protección es nuestra responsabilidad y también nuestro interés, para que las bondades y riquezas que nos entrega estén disponibles para las futuras generaciones.