Sebastián Mejías O.

Molestia hay entre las diferentes uniones comunales de Viña del Mar y entre algunos concejales, quienes de manera transversal criticaron los criterios arbitrarios y la excesiva presión utilizada por el municipio para, uno a uno, convencer a los dirigentes sociales de reducir, en alrededor de $2 millones, la subvención que solicitaron inicialmente. Incluso la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI) denunció, con medios de prueba en mano, que un funcionario municipal le ofreció a la Unco de Centros de Madres insumos médicos, que eran saldos de los donativos por el incendio de diciembre pasado, a cambio de bajar una parte de la subvención requerida.

Si bien critica la intervención del municipio para rebajar las subvenciones de las uniones comunales, lo más grave, a juicio de la concejala Antonia Scarella, "es que a la Unco de Centros de Madre se le ofrezcan insumos que fueron entregados y donados para el incendio, a cambio de esta rebaja". "No creo que sea algo ético y dudo también de la legalidad de este ofrecimiento", cuestionó.

De la solicitud de rebaja de las subvenciones, Scarella cree que "el municipio no tiene por qué estar reuniéndose con las organizaciones previo a la postulación". Agregó que "lo que solicite cada una de las organizaciones es un tema propio y se tiene que ver posterior a la postulación".

"Estar además negociando la subvención con las organizaciones, ofreciéndoles a cambio de una rebaja insumos que fueron donados al municipio con otros fines, por lo bajo me parece poco ético", sentenció.

Presión del municipio

La presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madre, Patricia Herrera, que vio cómo la organización que lidera vio afectado su presupuesto anual en alrededor de $5 millones -desde los $23.670.000 hasta los $18.582.410-, cuenta que "la presión que ejerció el municipio fue excesiva". Hasta dijo "sentirse desesperada por la imposibilidad de negarse al ofrecimiento de rebaja hecho por la municipalidad, por temor a perder todos los recursos".

Consultados los dirigentes de las uniones comunales de Forestal, Claudia Espinoza, y Paul Rojas, de Gómez Carreño, comentaron que también recibieron la oferta de los insumos de aseo y médicos, aunque sin tener certeza de que estos sean saldos de los donativos enmarcados en el megaincendio de diciembre pasado.

Por su parte, Jessica De Laire, presidenta de la Unco Viña del Mar, criticó que "son los concejales y no el municipio los que deciden si es que habrá rebajas en las subvenciones o no, no la mesa técnica la Dideco". Dijo que, en general, "las Unco sentimos molestia, sobre todo por la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos que tenemos pensados hacer".

Sobre el ofrecimiento de útiles de aseo, la dirigenta de la Unco Viña comentó que "si se comprueba, resultaría cuestionable que el municipio esté intercambiando donativos por un incendio para otros fines".

"situación grave"

Esta rebaja solicitada por el municipio a las organizaciones, a juicio del edil de la UDI Jorge Martínez, "no se condice con otros gastos excesivos realizados por esta administración, como la cuenta pública o gastos en personal". Además, considera que "las organizaciones son fundamentales para el desarrollo de la comunidad de Viña del Mar".

Martínez se comprometió también a "fiscalizar en los próximos días algunos casos denunciados, donde parte de la rebaja solicitada se dio con la promesa de que el municipio entregaría insumos, sacados de las ayudas a los damnificados por el incendio".

El edil de la UDI dice que "es grave que se quiera rebajar la subvención de las uniones comunales, pero es doblemente grave que se ofrezcan artículos donados por el incendio, a cambio de que las organizaciones permitan esta rebaja".

Respuesta municipal

Al concejal DC René Lues, esta situación le resulta "muy molesta, especialmente por el trato que se ha dado a las uniones comunales de juntas de vecinos, particularmente a las de Forestal, Recreo-Agua Santa, Viña del Mar, Gómez Carreño y Viña Oriente, pues se les solicitó rebajar a todas unos $2 millones del presupuesto inicial que presentaron a comienzos de este año".

Sobre los gestos del municipio, el concejal del PC Pablo González dejó claro que "es el Concejo, y no la Dideco ni el municipio, el que tiene facultades de aprobar, rechazar o proponer reducir los montos de las subvenciones". De la denuncia de donativos del incendio a la Unco de Centros de Madres, planteó la "necesidad de ver todas las pruebas y evaluar las acciones que corresponden (...), no es una denuncia para relativizar".

Respecto de las rebajas en los montos solicitados para los proyectos, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) aclararon que "se deben a la falta de justificación y adecuada valoración de ciertos ítems". Sobre el caso de la Unión Comunal de Centros de Madres, aseguraron que "debido a que el monto que solicitaban era muy alto y considerando el pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica que permite entregar algunas ayudas a grupos de especial protección, se les ofreció atender su solicitud de insumos de limpieza (…) y se les sugirió no incluir este ítem en la postulación de la subvención para no retrasar la ayuda que el municipio puede disponer de manera directa".

"Lo más grave es que a la Unco de Centros de Madres se le ofrezcan donativos para el incendio a cambio de esta rebaja".

Antonia Scarella, Concejala (Ind.-UDI)

"Es necesario ver todas las pruebas y evaluar las acciones que corresponden (...), no es una denuncia para relativizar".

Pablo González, Concejal (PC)

La Contraloría Regional de Valparaíso entregó respuestas a las denuncias realizadas por el diputado Andrés Celis Montt (RN) y el concejal Sandro Puebla (Ind.-pro PS) sobre irregularidades en la gestión del contrato para la provisión del servicio de 122 cámaras de televigilancia en Viña del Mar.

Si bien hubo algunos puntos que desestimó, hay otros hechos que fueron cuestionados por la Contraloría y por los cuales instruyó, incluso, la realización de un proceso sumarial, así como también pidió cursar multas a la empresa Ingesmart, a cargo de prestar el servicio de televigilancia municipal en Viña.

Uno de los elementos que destaca el diputado Celis es que se acoja "la denuncia relativa al incumplimiento de la oferta en cuanto al plazo de instalación de las cámaras previsto en las bases administrativas e incumplimiento del plazo de inicio del servicio".

Por ese motivo, la Contraloría ordenó cursar multas a la empresa Ingesmart SA en un plazo de 30 días hábiles y, de no cumplirse, se iniciará una fiscalización para examinar las cuentas y, eventualmente, formular el reparo correspondiente.

También se determinó que la municipalidad tiene 15 días para iniciar un proceso sumarial y, así, determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

Diversas falencias

Al respecto, el diputado Andrés Celis mencionó que "nos parece positivo que la Contraloría nos dé la razón en nuestras denuncias, pero más que eso, valoramos que se inste a cumplir de buena forma con su labor e incluso que se haya ordenado instruir un proceso sumarial con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades funcionarias".

Sobre el comunicado enviado por la municipalidad, donde aseguraba que "Contraloría desestimó denuncias a licitación de sistema de televigilancia que implementó el municipio de Viña del Mar", Celis advirtió se "falta a la verdad, ya que existen tres hechos sobre los que sí existe reproche".

Del informe de Contraloría, realizado a partir de su denuncia, el concejal Sandro Puebla señaló que se demostró que "esta empresa no acreditó como correspondía su real capacidad económica al momento de la licitación, lo cual puede haber influido en los muchos incumplimientos del servicio que presta".

El interés del edil es "que el servicio de televigilancia se preste adecuadamente y ojalá no haya incumplimientos".

"Valoramos (...) incluso que se haya ordenado instruir un proceso sumarial con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades funcionarias".

Andrés Celis, Diputado (RN)