La Fiscalía Nacional Económica emitió hace algunos años un informe sobre el negocio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Chile. Se habló de alta concentración de proveedores y supuestas colusiones, generándose la sensación de que se producían abusos, lo que, por supuesto, derivó en una campaña de corte político que llevó al actual gobierno a idear un "Plan de Gas a Precio Justo". Este finalmente fue impuesto a la Enap, empresa del Estado cuyo giro es la importación, refinación y almacenamiento de hidrocarburos, mas no la distribución minorista de éstos.

El negocio del GLP es bastante complejo como para abordarlo livianamente. Hay componentes diversos, como son el abastecimiento, calidad, transporte, almacenamiento, envasado y distribución. Nuestro país tiene un mercado maduro que nació justamente con la refinación de petróleo en Concón, gracias a gestiones empresariales privadas que permitieron su masificación, siendo hoy un producto de primera necesidad para la cocción, agua caliente sanitaria y calefacción, entre otros usos.

El GLP es un producto amigable al medioambiente que fue reemplazando a la leña y al kerosene, y con un uso cómodo y simple del usuario, sobre el cual se construyó una tremenda industria, con desafíos importantes, como es la seguridad de uso, la distribución y accesibilidad oportuna entre otras.

Se habla de precio justo, pero ¿cómo entendemos este concepto en un mercado que se ha sofisticado y evolucionado hacia el servicio al cliente en formas impresionantes? En efecto, de los primeros cilindros que llegaban en triciclos, con un contenido de carácter industrial, con envases sucios, incertidumbre en la entrega o distribución, o tener problemas por la seguridad o contenidos mermados por robos, en años recientes se ha llegado a un producto regido por estrictas normas de calidad, seguridad, con cilindros limpios y con una logística que hace uso de las más modernas tecnologías para llegar al usuario.

A mayor abundamiento, de acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el ente regulador del Estado en esta materia, en nuestro país existen más de 20,5 millones de cilindros de gas, donde sobre el 99,7% de ellos es de propiedad y responsabilidad de las 3 empresas de gas (Gasco-Abastible-Lipigas). Se envasan decenas de miles de cilindros al día en plantas como las de Concón, Belloto, Maipú, Antofagasta, Coquimbo, Talca y Temuco entre muchas otras. Son millonarias inversiones privadas en infraestructura y logística.

Todos los cilindros son revisados en cada recarga y deben someterse a una inspección estricta cada 10 años para verificar su seguridad y operatividad. Además, tienen válvulas universales que permiten su libre intercambio fruto de una política impuesta en los años 70 para promover la competencia. Las empresas se intercambian los cilindros vacíos que reemplazan, pero están imposibilitados de llenar los de la competencia, por normas que apuntan a la seguridad y responsabilidad del producto distribuido. El GLP en su formato de cilindros comercializó cerca de 900 mil toneladas el año pasado, unos 50 Kg per cápita.

El GLP, en realidad, es una mezcla de dos gases: propano y butano, que se obtienen de la destilación del gas proveniente de pozos de los que se extrae gas natural o metano y denominado gas de pozo; también se obtiene como subproducto, a veces indeseado o cuya producción tiene alternativas más rentables, de la refinación del petróleo y denominado gas de refinería. La mayor proporción del mercado la constituye el primero, que es importado por los privados, por tratarse de un producto de mejor calidad, más limpio y de mejor precio internacional. En cambio, el gas de refinería contiene múltiples impurezas y variabilidad, y las refinerías tienen alternativas de mayor valor que producirlo.

Al ser Chile un país que prácticamente carece de petróleo y gas, el GLP se importa vía terrestre desde Argentina por medio de camiones tanque o, en su defecto, llega a terminales marítimos en Quintero y Talcahuano, donde se almacena.

La gestión de abastecimiento provee al mercado un producto de calidad, sujeto a las variaciones de precios internacionales y cuya comercialización se rige por la referencia de valor que Enap entrega y que se actualiza periódicamente.

El negocio del GLP en manos de privados es un ejemplo a nivel internacional y ha demostrado ser eficiente aprovechando economías de escala de abastecimiento, almacenamiento y envasado, seguridad y un servicio al usuario de primer nivel. Años de experiencia y conocimiento aseguran un precio real que puede estar sujeto a vaivenes internacionales. Hay espacios para perfeccionamiento, mejoramiento y más transparencia, como mejorar la trazabilidad de los cilindros que pueden beneficiar al usuario, pero no estamos ni cerca de un concepto tan aberrante como mercado de precio injusto.

Y así quedó demostrado con el experimento de generar un negocio al "precio justo" por parte de una empresa del Estado ajena a la gestión y distribución masiva de gas licuado. Su capacidad de refinación sería insuficiente para proveer lo que el país requiere, carece de plantas de envasado que permitan economías de escala y de un sistema logístico para competir. Y sin una definición siquiera de lo que se entiende por "precio justo", porque vender a un precio bajo el costo se llama competencia desleal.

Al parecer, faltó visión, experiencia, conocimiento, evaluaciones sobrias y no pasionales, análisis económico de la inversión, los beneficios, costos alternativos y, por supuesto, gestión al momento de plantear este proyecto. El daño reputacional es inconmensurable. Los porfiados hechos ponen de manifiesto un engañoso eslogan para justificar una aventura inconducente en la que algunos aún parecen querer insistir.

Si el Estado quiere beneficiar a familias de escasos recursos, existen alternativas más razonables y costo efectivas, como es el subsidio a la demanda a través de una evaluación como la ficha Casen: por ejemplo, un vale canjeable al distribuidor al momento de comprar el gas.

El fallido y fracasado proyecto ha abierto frentes de discusión, como la responsabilidad del directorio de Enap, la injerencia gubernamental directa en las empresas del Estado para incursionar en negocios que le son ajenos y su capacidad de gestión. Esto nos lleva a meditar en las posibilidades de éxito en políticas como la del litio o la administración de pensiones, donde la solución del Estado empresario está lejos de la eficiencia y del mejor beneficio para los chilenos.

¡Pastelero a tus pasteles!