Redacción

El gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas anunció una consulta ciudadana en la que espera que participen todos los ciudadanos de la zona.

La autoridad regional añadió, durante su segunda cuenta pública, que la iniciativa pretende hacer un llamado al presidente Gabriel Boric para que tome medidas urgentes y garantice el reconocimiento y apoyo necesario para presentar una ley de reparación a "quienes tanto han sufrido", en La Araucanía.

La instancia, denominada "Consulta Araucanía 2023" se planificó para los días siete, ocho y nueve de julio, y pretende convocar a todas las personas habilitadas para sufragar de acuerdo con los registros del Servel 2023.

"Las consultas que hemos realizado han sido muy exitosas, hemos convocado a muchas personas que han participado tanto para dar su opinión sobre temas relativos a seguridad como a la construcción de puentes. Es la democracia al servicio de las necesidades de la gente", dijo el gobernador en publicación de Emol.

Rivas instó al Presidente Boric a poner atención en las víctimas que ha dejado la violencia en la Macrozona Sur, y añadió que se necesita "que el Gobierno sea más fuerte y efectivo en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado".

La consulta se realizará vía online y se podrá votar desde cualquier computador o celular con conexión a internet, a través de la página web www.consultaaraucania.cl

Cabe señalar que en noviembre de 2021, Rivas impulsó una consulta digital sobre el estado de excepción en la zona en la que participaron 144 mil personas, y en cuyo resultado el 81,6% se pronunció a favor de extender la medida.

Dentro de los antecedentes que serán presentados por Rivas, consignó El Mercurio, se encuentra el homicidio de 50 personas y 650 usurpaciones entre 2018 y 2022. A ello se sumarían unos 820 hechos de violencia, entre ataques armados e incendiarios, homicidios y homicidios frustrados.

Macrozona sur

Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric, a través de la Segpres, invitó a los parlamentarios de La Araucanía y el Bío Bío a una reunión que a efectuarse mañana a las 20:00 horas en el palacio presidencial de Cerro Castillo, según informó Radio Bio Bio.

El diputado RN Miguel Mellado indicó al medio que "como dice el refrán, es martes trece, 'no te cases ni te embarques'. Nosotros vamos a ir a Cerro Castillo invitado por el Presidente no para casarnos ni embarcarnos, pero sí para conversar de frente sobre la situación angustiante que se vive en la Macrozona Sur".

El parlamentario agregó que "esto está está en un nivel muy alto, en el último mes ha recrudecido, por lo tanto, yo espero que lo que nosotros le digamos al presidente y a su gente, que efectivamente lo tomen en cuenta y se genere alguna acción en consecuencia para atacar, destruir y terminar con estos grupos terroristas".

Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, espera que "se traten temas de fondo y que realmente el gobierno presente una propuesta para terminar con el terrorismo en la Araucanía".

Agregó que "acá en la región, el gobierno no está gobernando, porque aquí hay grupos que se adueñaron de parte del territorio nacional".

El equipo de la Escuela Villa Centinela Sur, dependiente del departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano, en la región del Biobío, informó en la tarde de ayer que las clases estarán suspendidas hasta el miércoles 14 de junio.

A través de un comunicado, se informó que la decisión, se atribuye a "los últimos hechos ocurridos en el establecimiento que han sido de connotación pública".

"El miércoles 14 de junio se retorna a clases, dando las orientaciones respectivas a través de un comunicado que se emitirá el lunes 12 de junio", reza el texto.

Cabe recordar que el pasado miércoles la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío presentó una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas vulneraciones a niños, niñas y adolescentes en un operativo médico, así como por posibles abusos revelados a raíz de ese procedimiento.

"Con el paso de los días, nos enteramos que tres niños, al hacerse este procedimiento, recordaron hechos de abuso sexual", señaló la Seremi de Educación de la región.

Desde el municipio de Talcahuano instruyeron la intervención del colegio hasta que la justicia resuelva los hechos.

La crisis comunicacional de la Corte Suprema que motivó la renuncia de la vocera Angela Vivanco pone de relieve la inconveniencia de que un ministro titular del tribunal más alto del país desempeñe dicho cargo.

La Constitución encarga al Poder Judicial conocer, resolver y ejecutar lo juzgado en los conflictos donde esté en juego un interés jurídico. Existe respecto del ámbito judicial un antiguo principio: los jueces hablan a través de sus sentencias. En rigor, los jueces escriben sus decisiones y no las manifiestan oralmente, con el propósito de que haya certeza, claridad y seguridad. Lo anterior es además conveniente cuando se trata de decisiones de tribunales colegiados en las cuales puede haber disidencias. Si una decisión judicial no es autoexplicativa y posee puntos oscuros, la ley confiere a las partes recursos para que el mismo sentenciador aclare, enmiende o rectifique.

La crisis comunicacional por la que atraviesa la Corte Suprema se debe justamente a que el fallo de la Tercera Sala en torno a los excedentes de las Isapres es ambiguo, parece sobrepasar ciertos límites y ha quedado, por ello, abierto a interpretaciones.

Resulta oportuno, entonces, que el Poder Judicial busque acabar con la incerteza que ha provocado. Lo ha hecho, sin embargo, de manera cuestionable. Que la misma ministra portavoz de la Corte Suprema que conoció y resolvió la causa haya salido a explicarla generó más confusión aún.

Más allá de la imprudencia de la ministra Ángela Vivanco, el episodio demuestra que la vocería no debería quedar en manos de un miembro de la Corte, pues ello tiene el potencial -singularizado en este caso- de generar más problemas y conflictos.

La Corte Suprema cumplirá pronto dos siglos. Solo en 2002 creó una Dirección de Comunicaciones y en 2007 una vocería. Más tarde, en 2013, aprobó una Política y Estrategia de Comunicaciones que fijó los siguientes objetivos: informar sobre el proceso de la administración de justicia en cada una de sus etapas; persuadir sobre la importancia de una justicia eficiente, autónoma e independiente; cambiar las percepciones negativas frente a la justicia, generando confianza y respeto por su labor; educar sobre el proceso de administración de justicia y el rol que cumplen los jueces y tribunales; posicionarse como garante de la defensa de todos los derechos y de todas las personas.

Hoy no se discute que la Corte Suprema cuente con un canal de comunicación con la sociedad. Sin embargo, la vocería de un poder del Estado es un asunto complejo. Un buen juez destaca por su conocimiento jurídico, no por sus destrezas comunicacionales. Por ello, la vocería no debería quedar entregada a un miembro del tribunal, sino más bien a un profesional de las comunicaciones con cualidades específicas para dicha función.

*Centro de Estudios de la Comunicación (ECU) Universidad de los Andes.