En la antesala del periodo más complejo por contagios de enfermedades respiratorias, en marzo de este año, el Ministerio de Salud prorrogó hasta el 31 de agosto la alerta sanitaria que regía en el país por la epidemia de covid-19, pero incluyó el dicho decreto otras enfermedades, precisamente aquellas que en este periodo circulan con mayor intensidad. La alerta sanitaria permite que las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, seremis, servicios de salud, ISP, Cenabast y otros organismos competentes, tengan facultades extraordinarias para contratar personal sanitario, adquirir bienes o equipamiento para el manejo de la urgencia, disponer de trabajo fuera de horas para el personal y contratar estudiantes de sexto año en adelante de la carrera de Medicina o a funcionarios acogidos al incentivo al retiro.

Ante las dudas sobre las atribuciones operativas de esta normativa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo hace algunos días que no hay nada más fuerte en el ordenamiento que el respeto al Código Sanitario cuando funciona bajo régimen de emergencia. Es tan así, que la Ley 19.886, que impide al Estado a contratar servicios de la Clínica Las Condes por incumplimientos con sus trabajadores, tiene una excepción: "Cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos". Bastaba informar a Contraloría y la Cámara de Diputados.

La conclusión es simple y preocupante: las autoridades del Ministerio de Salud han tenido desde marzo de este año todas las herramientas jurídicas para armar adecuadamente el sistema de atención hospitalaria con todos aquellos elementos necesarios para enfrentar la actual crisis. La pregunta que permanece es por qué no se hizo, cuando había evidencia del colapso hospitalario que provocaron los virus respiratorios en varios países de Europa durante el último invierno del hemisferio norte -esos mismos luego llegan a nuestro continente-, y estaban las advertencias del Colegio Médico sobre la necesidad de reforzar con anticipación la red de atención para evitar las muertes de menores que se están produciendo actualmente.

Por alguna razón, la ministra Ximena Aguilera y su equipo no ha usado toda la capacidad del Estado, algo desconcertante dados los lineamientos teóricos del Gobierno.

En su segunda Cuenta Pública, como era de esperarse, el Presidente Boric destacó prioridades en torno a la protección social y la seguridad, probablemente las demandas más relevantes de la ciudadanía, las que -a pesar de la respuesta exhibida por parte del Ejecutivo a la fecha- precisamente requieren de una réplica más contundente.

Los últimos días, hechos de una brutalidad no conocida parecen contradecir las cifras entregadas por las autoridades respecto a la ocurrencia de delitos de mayor connotación. Asimismo, la relevante participación de niños y jóvenes en bandas de crimen organizado y narcotráfico dan cuenta de la falta de una oferta preventiva, basada en evidencia, disponible a nivel local con calidad y coberturas suficientes, inserta en los planes de seguridad. Hasta el momento, se ha privilegiado el control situacional que, aunque necesario, llega tarde, sin anticiparse a los factores de riesgo a la base del inicio de trayectorias que se profundizan en el tiempo.

Modelos antisociales en la familia, exclusión educativa, falta de apoyo en salud mental y consumo de alcohol y otras drogas están presentes en las trayectorias más prolíficas de niños que hoy se inician en el delito, incluso antes de los 12 años. El Presidente destacó en la Cuenta Pública el avance de la implementación de la ley de protección integral de la niñez, indicado que 90 oficinas están operativas desde el año 2022 y que se prevé para este año la implementación de 112. Sin embargo, pese a que en 2022 se aprobaron los recursos para la implementación de las 90 oficinas locales, sólo estuvieron disponibles 18, es decir, un 20%, y tan sólo en diciembre de ese año se transfirieron los recursos comprometidos a los municipios. Este fue uno de los puntos que sostuvo la acusación contra el ministro Jackson.

Ciertamente, con la llegada de la actual subsecretaria se ha dado un impulso muy relevante que busca recuperar el tiempo perdido, pero suponer plena implementación de la oferta en 90 comunas, con la debida protección administrativa y modelo de intervención, está muy lejos de lo disponible actualmente. Más aún, hay reglamentos fundamentales que no se han aprobado para su funcionamiento desde la Contraloría. Adicional a ello, urge hacerse cargo de la realidad de listas de espera que afectan a 28 mil niños en Mejor Niñez y los 14 mil que esperan un cupo en Salud Mental.

Recientemente, la llamada ley antinarco incorporó el llamado "Cultivo Medicinal de Cannabis", pese a la oposición del Colegio Médico y otras organizaciones, por su imposible control vía receta y su impacto en el consumo infantil.

El Presidente Boric debe presentar con urgencia un camino para resolver estas graves brechas y proponer al país un acuerdo que impulse una agenda temprana de prevención social, que realmente proteja a la niñez. Un país que demanda protección social y seguridad debe construirlas a partir de una niñez que crezca segura y logre el mayor potencial que sea posible.