El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, presentó esta semana a los diputados de la Comisión de Hacienda que discuten la Ley Regiones Más Fuertes, una propuesta para que algunos de los recursos pagados por las empresas portuarias (específicamente, recaudados por el artículo 2° del decreto ley N° 2.398, de 1978) sean asignados directamente a los gobiernos regionales donde se ubiquen los terminales, para ser usados en el financiamiento de obras de desarrollo. "El Servicio de Tesorerías pondrá a disposición del gobierno regional los recursos correspondientes, dentro del mes subsiguiente al de su recaudación", explica la presentación hecha por Mundaca, en representación de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi).

De acuerdo a la estimación de Agorechi, la Región de Valparaíso podría sumar $15.300 millones a sus recursos anuales, $8.588 millones de ellos aportados por la Empresa Portuaria de San Antonio y $6.721 entregados por la Empresa Puerto Valparaíso.

El impuesto portuario es un viejo anhelo de las zonas con puertos y para muchos serviría de incentivo para que exista una mejor relación entre los terminales y las autoridades locales, en la medida que la distribución y uso de dichos recursos tenga todos los controles posibles para evitar el surgimiento de redes de clientelismo o el debilitamiento de los mecanismos de fiscalización, que son indispensables para que los puertos funcionen de forma adecuada.

En términos generales, un mecanismo similar ya fue aprobado en la ley de royalty a la gran minería y, aunque aún resta un tiempo para su implementación, la experiencia jurídica y política acumulada en el Congreso y el Gobierno durante su tramitación bien pueden servir de base para lo que Agorechi quiere cumplir con los puertos. Sin embargo, resulta indispensable sumar a la discusión a los otros actores del mundo portuario, porque a diferencia del royalty, aquí se trata de redistribuir un aporte que ya existe a nivel país y no derivar directamente a la hacienda regional un impuesto nuevo.

Los recursos para implementar la campaña de invierno en la Atención Primaria de Salud (APS) aún no llegan. Ningún municipio ha recibido ese dinero, pese a que debió ser transferido hace un mes, cuando se inició ese trabajo.

El retraso nos preocupa por la actual situación sanitaria y el aumento de las enfermedades respiratorias. La Atención Primaria es la principal -y muchas veces única- puerta de acceso a la salud de las familias y la incerteza respecto a la disposición de esos recursos limita y retrasa el reforzamiento de la infraestructura de las salas IRA y ERA. Un antecedente: los recursos correspondientes al 2022 llegaron siete meses tarde y fueron transferidos en febrero de este año. Ya era verano.

Los alcaldes somos la primera respuesta para las necesidades de vecinos y vecinas y con recursos propios hemos tenido que implementar estrategias de atención oportuna. No es fácil, pero buscamos la manera ante la falta de recursos y en afán de ser propositivos y colaborativos. Por eso esta semana, y desde la Asociación de Municipios de la Región de Valparaíso, concretamos reuniones con la seremi de Salud, Lorena Cofré, y la directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Andrea Quiero, para solicitar que se fortalezca la coordinación (tal cual se hizo en pandemia) y se refuerce la comunicación de riesgo. A la segunda, además, solicitamos vía oficio que considere la posibilidad de que nuestro Centro de Salud Familiar (Cesfam) cuente con un SAPU, de manera de poder atender las urgencias de menor complejidad.

No hay tiempo que perder. En Limache iniciamos una campaña que denominamos "Volvamos a Cuidarnos ¡No bajes la Guardia!", para incentivar el autocuidado y la prevención en la comunidad. Convocamos a una comisión mixta entre directores y directoras de Educación y Salud Municipal que congregó también a la dirección del Hospital Santo Tomás de Limache y a representantes de jardines infantiles y salas cuna, con el objetivo de trabajar una estrategia comunal coordinada.

De manera colaborativa, hemos definido un programa para enfrentar la situación viral que estamos viviendo y hemos puesto a disposición nuestros equipos para evitar la saturación de los servicios. Reactivamos protocolos y nos estamos anticipando a situaciones de emergencia. Una crisis sanitaria implica considerar e involucrar distintos factores: sociales, familiares y educativos y ponerlos en sintonía para abordarlos de forma sistemática.

De lo anterior adolecen las autoridades a cargo de gestionar la crisis y sus soluciones. El covid-19 dejó lecciones que parecieran no haberse aprendido y la improvisación está siendo la única guía posible.