Redacción

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha enfrentado una serie de dificultades en su cargo durante las últimas semanas debido a los cuestionamientos de la oposición en su contra por las actualizaciones del programa de Educación Sexual Integral (ESI), los malos resultados de la prueba Simce e incluso por problemas como las denuncias de abusos sexuales de alumnos durante un operativo de Salud en una escuela municipal de Talcahuano.

Otro tema que ha sido permanente en la discusión reciente es la posibilidad de adelantar o extender las vacaciones de invierno a causa de la grave situación de enfermedades respiratorias que afecta a gran parte del país, lo que tiene mucho más que ver con lo que determinen las autoridades de Salud, por lo que ayer el titular de Educación volvió a descartarlo.

"Las decisiones en educación están basadas en una evidencia del mundo epidemiológico, de la misma ministra (de Salud, Ximena Aguilera) y las sociedades médicas", sostuvo en conversación con Chilevisión.

El secretario de Estado enfatizó que él le consulta a su par de Salud si "hay alguna novedad y ella dice que nada, que la recomendación sigue siendo la misma, no va a impactar la suspensión de clases".

El ministro resaltó que la gran preocupación para ellos es "la asistencia". De hecho, señaló que se han buscado todas las fórmulas para que los niños no falten a clases.

"Hoy con la alta circulación viral y pensando en que venía un segundo peak, parecía prudente recomendar el uso de mascarillas", indicó.

Simce y acusación

Por otro lado, el titular de Educación se refirió a los resultados entregados esta semana de la prueba Simce, que arrojaron, entre otros datos, una baja generalizada en Matemáticas tanto en cuarto básico como en segundo medio y un aumento de brecha en desmedro de las mujeres.

"Sin duda alguna, si usted me pregunta si yo soy responsable de estos resultados, obvio, si soy el jefe de la cartera y me estoy haciendo cargo con una serie de acciones", admitió Ávila.

Ahora bien, apuntó a que "estos resultados, como lo he dicho, son el reflejo de cuatro años, especialmente de los últimos tres donde el sistema educativo tuvo un impacto fuerte, por lo que he querido concentrarme en las soluciones".

Desde antes de que se rindiera la Simce, el año 2022, se esperaba que los resultados no fueran muy positivos en comparación de la última de estas evaluaciones, rendida en 2018.

Por eso Ávila habla del impacto de los últimos tres años, en que la educación fue no presencial a causa de la pandemia.

Se espera que mañana sea presentada la acusación constitucional contra el ministro de Educación anunciada por parlamentarios de oposición, acción que se ha ido modificando a medida que pasan los días. Si bien el origen estuvo en modificaciones de la ESI, luego se sumó el tema en la escuela de Talcahuano pero después se retiró porque no le correspondía responsabilidad, luego se anunciaron imputaciones administrativas y de manejo irregular de recursos (lo que no se ha confirmado) y finalmente se sumaron los resultados del Simce.

Luego de que el diputado Miguel Mellado (RN) revelara que había sido él quien grabó y filtró el audio de una reunión con el Presidente Boric, los calificativos desde la oposición bajaron de considerarlo un "delito" a un "error", lo que llevó al Presidente Gabriel Boric a criticar en su cuenta de Twitter "el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado la filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad".

Tras ello ayer la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo esperar que el diputado Miguel Mellado "tuviera autocrítica y saliera a pedirle disculpas al Presidente y a Chile y añadió que "si tenemos que hacer protocolos para la decencia, para la responsabilidad política y para el sentido común, estamos en un muy mal momento como país".

Sin embargo, el presidente del partido del diputado Mellado, Francisco Chahuán, volvió a quitarle gravedad al tema y recalcó que en el partido "hemos sido súper claros respecto del diputado Mellado, hemos señalado que él ha asumido las responsabilidades, el partido ha dispuesto sus antecedentes ante el Tribunal Supremo. Mellado es un excelente diputado, pero él tiene que asumir la responsabilidad: lo ha señalado, lo va a asumir por supuesto ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados y también ante el propio Tribunal Supremo del partido".

El anteproyecto de la Comisión Experta ha dejado diversos aspectos para el debate, entre ellos, la no inclusión del precepto "La ley protege la vida del que está por nacer". Aunque hay argumentos a favor y en contra, no observo que dicha supresión per se es una medida negativa o de desprotección. Esto debido a tres razones: una práctica, otra sistemática y una de autonomía.

La primera se conecta con la esencia de la Constitución: limitar el poder y su perdurabilidad. Ningún Estado coherente aspira a crear una Constitución para que no dure o no trace límites. Con todo, esto no supone que las Constituciones deban ser extensas, y si lo fuesen sería un síntoma de escasez de acuerdo en lo fundamental. Luego, la exclusión del precepto no es necesariamente negativa, al punto que, con una extensión como la del anteproyecto, reducciones sensatas y razonables de palabras (no de los contenidos de los derechos) sería significativo, más sí estos son integrados en otros preceptos.

Justamente, por esa razón, las normas constitucionales no se comprenden de modo aislado, sino sistemático. Por tanto, la interpretación del derecho a la vida no puede omitir las 5 menciones a la dignidad. En efecto, la dignidad que se integra al 1° artículo del anteproyecto marca una interpretación clara: es para todos los seres humanos; a diferencia de lo que puede "desprenderse" por ejemplo de la literalidad del artículo 10 de la Constitución española, que habla de "dignidad de la persona". Asimismo, no deben perderse de vista las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Constitución es una norma de especial interés para todos los ciudadanos, porque sus regulaciones nos afectan a todos. Por eso su lenguaje y estructura debería hacerla comprensible para todos y no sólo para especialistas. Por tal motivo, a muchos especialistas jurídicos les parece que los términos constitucionales no son propios de sus áreas, pero entre menos vocablos técnicos -sin perder el equilibrio- la Constitución puede llegar más fácil a la totalidad de la comunidad política.

De ese modo, cuando el anteproyecto alude a la persona, inclusive respecto al derecho a la vida, su significado debe provenir del uso natural del término. Así lo destacaron autores clásicos como Savigny, y así quedó plasmado en el artículo 20 del Código Civil, o en el art. 31 del Convenio de Viena de 1969: las palabras contenidas en las normas deben entenderse "bajo su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas", a menos que el legislador, o en este caso el Constituyente, señalen expresamente lo contrario. Por ende, en el Derecho Constitucional chileno el sentido natural y obvio de la palabra persona es el que le atribuye siempre el Código Civil ("individuo de la especie humana"), pues no hay una cláusula constitucional que diga lo contrario o dé a entender algo distinto. Así, el sentido natural de persona está más acorde a la idea de individuo, de ser humano. Por eso, hablamos de derechos humanos y no de derechos de la persona o personales. En tal sentido, no debe perderse de vista que después de la II Guerra Mundial el reconocimiento de estos derechos se presenta como una respuesta a las atrocidades derivadas de no considerar personas a determinados seres humanos.

En definitiva, existen razones coherentes para no pensar que la exclusión efectuada deja sin protección al que está por nacer, sino que bien podría pensarse, razonablemente, que evita que sea tratado como un mero objeto de especial protección ante la no distinción. Sin embargo, lo cierto es que aún queda trabajo por hacer en el proceso constitucional, y la mesura constitucional deberá estar siempre no solo en la redacción, sino en las posteriores interpretaciones que se hagan, so pena que hasta la mejor Constitución sea simplemente un intento fallido para garantizar la dignidad y los derechos humanos.

*Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho y de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.